Dos accidentes mortales han debilitado la confianza en la alta velocidad española, reducido los pasajeros y afectado a la economía andaluza por la interrupción de la conexión con Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado inicialmente transformar Gran Vía 40 en un hotel. El proyecto contempla restaurar sus elementos arquitectónicos y aún debe superar la información pública.

El Gobierno de Canarias advierte de que los costes medioambientales y operativos de la aviación pueden reducir la conectividad y encarecer los viajes, mientras reclama una transición sostenible gradual.

La primera jornada de INTUR analizó cómo mejorar la rentabilidad, captar trabajadores, atraer turistas internacionales y aplicar tecnología en los destinos rurales españoles.

La Comisión Europea plantea una estrategia para impulsar un turismo más sostenible, digital y resiliente, respaldada por el WTTC, que reclama mejoras en visados, inversión y formación.

Santiago Abascal inauguró en la Plaza de Colón la campaña de Vox para las elecciones generales del 29 de noviembre, pidió una movilización masiva y defendió sus principales propuestas.

El I Foro Interregional Agroalimentario reunirá el 30 de noviembre de 2026 en Murcia a representantes empresariales e institucionales de tres comunidades para debatir sobre competitividad, innovación y sostenibilidad.

Los precios subieron un 4,7% interanual en Asturias en octubre de 2026. Transporte y vivienda registraron los mayores incrementos, del 10,1% y el 8,5%, respectivamente.

Valladolid acumula 437 litros por metro cuadrado en 2026, por encima de su promedio anual, tras registrar 81 litros en noviembre y nuevas lluvias previstas.

Los responsables económicos de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio confrontaron sus propuestas sobre vivienda, pensiones, salarios, impuestos e infraestructuras, con grandes diferencias sobre el papel del Estado y la fiscalidad.

Albert Rivera sostiene que las decisiones normativas de la próxima legislatura condicionarán el mercado inmobiliario durante décadas y reclama estabilidad jurídica, menos burocracia y posibles rebajas fiscales.

La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias estima que el nuevo decreto reducirá entre un 25% y un 30% las operaciones de alquiler residencial habitual y alerta de más retiradas de viviendas.