Pedraz da 48 horas al PSOE para entregar los contratos de abogados investigados.
El juez reclama expedientes, facturas y justificantes para determinar qué servicios prestaron los despachos y esclarecer los pagos investigados en el caso de las cloacas.
El juez reclama la relación de abogados y despachos contratados por el partido entre 2021 y 2025, junto con los expedientes y justificantes de los servicios prestados. La documentación podría ayudar a esclarecer los pagos vinculados a Leire Díez y a dos letrados investigados.
El juez Santiago Pedraz ha dado al PSOE un plazo máximo de 48 horas para entregar la documentación que solicitó el pasado 6 de octubre sobre los abogados y despachos contratados por la formación. El magistrado ha adoptado esta decisión después de constatar que los servicios jurídicos del partido no habían respondido al primer requerimiento.
En una providencia dictada este martes, el instructor del denominado caso de las cloacas reclama al PSOE que atienda el mandamiento judicial en un plazo de dos días. El documento señala que, pese al tiempo transcurrido desde la primera solicitud, no se había recibido "contestación alguna".
La petición incluye la relación completa de los abogados y despachos contratados entre 2021 y 2025, los expedientes correspondientes para comprobar qué servicios debían prestar y los documentos que acrediten los trabajos realizados.
Los pagos a Leire Díez, bajo la lupa judicial
El requerimiento se produce después de la declaración como investigada de Ana Fuentes Pacheco, gerente del PSOE. Durante su comparecencia, atribuyó a Santos Cerdán la responsabilidad sobre los pagos del partido a Leire Díez y a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, ambos investigados en la causa.
Los investigadores sospechan que los pagos a los dos letrados podrían ocultar desvíos de fondos del partido relacionados con la presunta trama que se investiga. Por ello, el juez busca ampliar la información sobre las contrataciones y comprobar la naturaleza de los servicios facturados.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha documentado pagos canalizados a través de Zaño Sociedad Consultora S. L., cuyo administrador único era Gaspar Zarrías, y de otras dos sociedades vinculadas a Ismael Oliver, antiguo abogado de Koldo García.
Facturas y transferencias centran las pesquisas
Según la información recogida en la investigación, Zaño Sociedad Consultora habría simulado la contratación de Leire Díez, a quien abonaba 4.000 euros mensuales.
Los fondos procederían del PSOE mediante un contrato entre Ferraz y la consultora que, según las pesquisas, se habría formalizado por orden de Santos Cerdán. Entre agosto y noviembre de 2024, la empresa emitió cuatro facturas al partido por un importe de 7.500 euros cada una. Durante ese mismo periodo, la consultora habría pagado cuatro mensualidades de 4.000 euros a Díez.
Además, en enero de 2025, Díez recibió una transferencia de 27.225 euros procedente de una sociedad de Ismael Oliver. La investigación apunta a que el PSOE habría reembolsado posteriormente esa cantidad mediante otra sociedad.
La documentación que ahora reclama Pedraz pretende contribuir a esclarecer el origen de los pagos, su justificación contractual y los servicios que supuestamente se prestaron.
El PP pide investigar al PSOE como persona jurídica
El Partido Popular, que ejerce la dirección letrada de las acusaciones, ha solicitado que el PSOE sea investigado como persona jurídica. La formación sostiene que los pagos podrían haber servido para financiar de forma encubierta a la presunta organización criminal y cuestiona los controles internos del partido.
En su escrito, el PP apuntó a una posible ausencia de mecanismos de supervisión sobre las decisiones de Santos Cerdán, al considerar que habría actuado sin controles que limitaran su capacidad de actuación.
Sin embargo, Pedraz rechazó por el momento imputar al PSOE. Su postura coincide con la de la Fiscalía Anticorrupción, que considera necesario interrogar primero a varios de los implicados, entre ellos Santos Cerdán, Leire Díez, Gaspar Zarrías y Juanma Serrano, expresidente de Correos y antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez.
La Fiscalía reconoce la existencia de "múltiples indicios" relacionados con la formación socialista, pero considera que deben practicarse nuevas diligencias antes de decidir sobre su eventual responsabilidad penal.
La entrega de los contratos y sus justificantes será, por tanto, uno de los próximos pasos relevantes para determinar cómo se realizaron los pagos y si las contrataciones respondían a servicios efectivamente prestados.