La juez Tardón amplía la investigación sobre Ceuta y cita a tres consejeros y tres policías
María Tardón cita a seis testigos y solicita actas, informes de inteligencia, imágenes satelitales y cifras oficiales sobre la crisis fronteriza de julio.
La magistrada reclama nuevos informes al Ejército y a Interior, exige cifras oficiales sobre la entrada de inmigrantes y pide identificar a un informante que alertó de movimientos inusuales en Marruecos.
La investigación judicial sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio avanza con nuevas declaraciones y requerimientos de documentación. La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha ordenado una nueva batería de diligencias para reconstruir lo ocurrido, esclarecer cómo se gestionó la crisis y reunir información que todavía no consta en la causa.
Entre las medidas acordadas figuran la citación de tres miembros del Gobierno de la Ciudad Autónoma y de tres agentes de la Policía Nacional que se encontraban de servicio durante los hechos. La magistrada también reclama información adicional a las autoridades militares, al Ministerio del Interior y a distintas instituciones locales.
Tres consejeros declararán el 27 de octubre
La primera ronda de comparecencias tendrá lugar el martes 27 de octubre. Ese día deberán declarar ante la jueza Alberto Ramón Gaitán Rodríguez, responsable de Presidencia; Nabila Benzina Pavón, consejera de Sanidad y Servicios Sociales; y Alejandro Ramírez Magaña, vicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda.
Los tres fueron señalados por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, por su presencia en las zonas afectadas o por su intervención en la gestión de la emergencia.
Al día siguiente será el turno de tres funcionarios de la Policía Nacional —un inspector y dos subinspectores— que presenciaron distintos momentos de los acontecimientos mientras estaban de servicio el 30 de julio. Sus nombres figuran en tres informes ampliatorios elaborados por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras.
Estas diligencias se incorporan a la investigación a propuesta de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
La jueza reclama las actas de las reuniones previas
Tardón ha solicitado a la Ciudad Autónoma y a la Delegación del Gobierno toda la documentación relativa a las reuniones celebradas los días 27, 28 y 30 de julio. La resolución recuerda que, según las declaraciones ya practicadas, durante esos encuentros se advirtió de la gravedad de la situación y se planteó la necesidad de adoptar medidas extraordinarias.
La magistrada también quiere esclarecer la identidad de un hombre llamado Ahmed, mencionado por el entonces jefe de Gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz. Según su testimonio, esta persona había alertado de movimientos inusuales en Castillejos y de concentraciones de personas en territorio marroquí.
Sanz lo describió como un interlocutor habitual y fiable de la Comandancia de la Guardia Civil. Por ello, la jueza ha pedido a la Guardia Civil y a la Policía que lo identifiquen, localicen a los agentes que mantuvieron contacto con él y faciliten su citación como testigos.
Nuevos requerimientos al Ejército y a Interior
Otra parte importante del auto se dirige al jefe del Estado Mayor de la Defensa. A partir de la documentación desclasificada por el Consejo de Ministros el 8 de septiembre, Tardón solicita varios materiales que considera relevantes para esclarecer los hechos.
Entre ellos figuran los informes de inteligencia y seguridad de la Comandancia del Ejército de Tierra en Ceuta, los documentos del grupo de seguimiento de Marruecos del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), más imágenes satelitales de la frontera y las interceptaciones del programa Santiago relacionadas con la zona durante esas fechas.
La instructora lamenta que, pese al tiempo transcurrido desde los acontecimientos, todavía no se hayan aportado cifras que considera relevantes para la investigación.
Por este motivo, reclama al Ministerio del Interior, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Ciudad Autónoma y el Centro de Coordinación de Salvamento de Tarifa datos oficiales sobre las entradas registradas, los retornos y las devoluciones, los rescates y fallecimientos, los menores atendidos, los efectivos desplegados y los recursos movilizados.
Evaluación de los daños y consecuencias de la crisis
La resolución también busca determinar el impacto de los acontecimientos sobre el funcionamiento de Ceuta. La jueza ha pedido a la Ciudad Autónoma informes sobre las consecuencias para servicios esenciales como la seguridad ciudadana, los servicios sociales, la educación, la sanidad, la actividad económica y las infraestructuras.
Además, reclama el informe de daños económicos al que Juan Jesús Vivas hizo referencia durante su declaración del 30 de septiembre o, si existe, una versión actualizada del documento.
La Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios de Ceuta deberán aportar sus propias evaluaciones de los perjuicios.
Con esta nueva tanda de diligencias, la Audiencia Nacional busca completar la documentación sobre la crisis fronteriza y contrastar los testimonios ya incorporados al procedimiento con los datos oficiales y los informes pendientes.