El Tribunal de Cuentas aplica la amnistía a Puigdemont y a otros 34 excargos del procés
La resolución extingue las responsabilidades contables y ordena levantar las medidas cautelares de casi 8,5 millones de euros, aunque Sociedad Civil Catalana anuncia un recurso.
El órgano absuelve a los 35 encausados por los gastos del referéndum del 1-O y la acción exterior de la Generalitat, y ordena levantar las medidas cautelares de casi 8,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana recurrirá la decisión, mientras ERC reclama que la amnistía se extienda al resto de causas pendientes.
El Tribunal de Cuentas ha aplicado la ley de amnistía al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a otros 34 ex altos cargos del Govern investigados por los gastos vinculados al procés independentista catalán. La decisión llega tres meses después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara la aplicación de la medida de gracia al delito de malversación.
En una sentencia de 69 páginas, a la que ha tenido acceso RTVE, el órgano fiscalizador absuelve a los 35 demandados por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana por el presunto desvío de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017 y las actividades de acción exterior de la Generalitat relacionadas con el proceso independentista.
El fallo, firmado por la consejera Elena Hernáez, concluye que no se ha acreditado que los gastos reclamados se financiaran con fondos procedentes del presupuesto de la Unión Europea. Por ello, considera aplicable la amnistía, declara extinguidas las responsabilidades contables y ordena levantar las medidas cautelares acordadas durante las actuaciones previas, que ascendían a casi 8,5 millones de euros.
La causa había sido impulsada por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana, que situaban los gastos presuntamente injustificados entre los tres y los cinco millones de euros. Tras aprobarse la ley de amnistía, el Ministerio Público defendió su aplicación al procedimiento.
El Tribunal descarta que se utilizaran fondos europeos
Uno de los puntos centrales de la resolución es el origen del dinero empleado para sufragar los gastos investigados. Según la consejera, los certificados aportados por los demandados, emitidos por la Intervención General de la Generalitat de Catalunya, indican que los desembolsos se financiaron con recursos propios de la Administración autonómica.
Los documentos señalan que los gastos no tenían asignado un código de financiación finalista que permitiera identificarlos como procedentes del presupuesto comunitario.
La sentencia sostiene que Sociedad Civil Catalana no cuestionó la autenticidad de esos certificados ni aportó indicios objetivos que permitieran rebatir su contenido. Por ese motivo, Hernáez rechaza las diligencias adicionales solicitadas por la asociación para examinar la documentación original.
La resolución también recuerda que los presupuestos de la Generalitat incluyen anualmente ingresos procedentes de transferencias de la Unión Europea, que alcanzaron los 415,64 millones de euros en 2017. Sin embargo, considera que, antes de la entrada en vigor de la amnistía, el origen concreto de la financiación no tenía relevancia para determinar las responsabilidades contables investigadas. La nueva ley convirtió esa cuestión en un elemento determinante para resolver el caso.
El Tribunal de Cuentas no impone las costas a Sociedad Civil Catalana al apreciar "serias dudas de hecho o de derecho". La sentencia precisa, además, que la cuestión prejudicial ante la justicia europea fue planteada de oficio por la propia consejera y no a petición de la asociación.
Puigdemont, Junqueras y Mas, entre los beneficiados
Además de Puigdemont, la resolución afecta a otros dirigentes destacados del independentismo catalán, entre ellos el expresidente de la Generalitat Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín y Lluís Puig.
La decisión del Tribunal de Cuentas no cierra todos los procedimientos judiciales relacionados con el procés. El Tribunal Supremo todavía debe pronunciarse sobre la aplicación de la amnistía en la causa que afecta a Puigdemont y a otros dirigentes por el delito de malversación, después de que el Tribunal Constitucional avalara la posibilidad de amnistiarlo.
Sociedad Civil Catalana ha anunciado que recurrirá la resolución del órgano fiscalizador, por lo que la decisión seguirá sometida a revisión judicial.
ERC celebra el fallo y reclama que la amnistía se aplique a todos
Esquerra Republicana de Catalunya ha celebrado la sentencia, que considera una noticia esperada después de años de procedimiento. En un comunicado, la formación ha destacado que la causa mantuvo durante largo tiempo una amenaza sobre el patrimonio de los encausados y sus familias.
Para ERC, esa situación supuso "una condena anticipada" por el sufrimiento y la incertidumbre que, a su juicio, soportaron los afectados. El partido sostiene que, después del pronunciamiento del TJUE, no había motivos para seguir demorando la aplicación de la amnistía.
Los republicanos han aprovechado la resolución para reclamar que la medida se extienda a las demás causas pendientes. Entre ellas mencionan el procedimiento que sigue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra Josep Maria Jové, presidente de ERC en el Parlament, y Lluís Salvadó, exsecretario de Hacienda, por su presunta participación en la organización del referéndum del 1-O.
"No puede quedar nadie fuera de la amnistía. Hay que acabar con la represión, restituir todos los derechos políticos de las personas represaliadas y permitir el retorno de los exiliados", sostiene la formación.
ERC considera que la aplicación de la ley constituye también una prueba para la calidad democrática de España y reclama que los tribunales resuelvan las causas pendientes sin más demoras. La decisión del Tribunal de Cuentas supone un nuevo avance para los 35 encausados en este procedimiento, aunque la aplicación de la amnistía en otros procesos continúa pendiente de resolución judicial.