El Gobierno pide al Supremo mantener el voto de todos los nacionalizados por la ley de nietos
La Abogacía del Estado considera imposible revisar a tiempo las 168.896 inscripciones del censo exterior y advierte del impacto de suspender el sufragio.
La Abogacía del Estado sostiene que no es posible distinguir antes de las elecciones qué inscritos en el CERA obtuvieron la nacionalidad por esta norma y cuáles por otras vías
El Gobierno ha pedido al Tribunal Supremo que permita votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre a todos los españoles nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos. La Abogacía del Estado sostiene que, con el tiempo disponible hasta los comicios, resulta imposible identificar de forma individualizada a quienes cumplen las condiciones fijadas por el tribunal para mantener su inscripción electoral.
En el escrito presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, los servicios jurídicos del Estado plantean que solo existen dos opciones: suspender el derecho de voto de todos los nacionalizados que figuran en el Censo de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA) o no suspender el de ninguno.
"Resulta materialmente imposible distinguir a unos de otros en el brevísimo plazo de tiempo del que se dispone", sostiene la Abogacía del Estado.
168.896 inscritos pendientes de revisión
El Gobierno recuerda que el propio Supremo había establecido que las comprobaciones necesarias para aplicar su medida cautelar podían completarse en enero de 2027. Sin embargo, la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre adelanta los plazos y obliga a resolver la situación antes de los comicios.
En total, deben revisarse 168.896 inscripciones. Con las elecciones ya convocadas, las certificaciones tendrían que estar preparadas para el 12 de octubre.
La Abogacía del Estado señala además que tampoco habría tiempo suficiente para distinguir entre los españoles incluidos en el CERA que obtuvieron la nacionalidad por motivos distintos de la Ley de Memoria Democrática y quienes lo hicieron al amparo de esta norma desde 2022.
El Gobierno advierte del impacto sobre el derecho al voto
En sus alegaciones, la Abogacía del Estado pide al Supremo que valore las consecuencias que tendría suspender cautelarmente el derecho de sufragio de estos ciudadanos.
El escrito señala que la Sala debe ponderar "el sacrificio del derecho fundamental al sufragio activo" que afectaría, según sus cálculos, a 163.020 españoles y que se produciría sin un trámite de audiencia individual previo.
Los servicios jurídicos del Estado también cuestionan la pretensión de los recurrentes —entre ellos Vox— de excluir del proceso electoral a este grupo de ciudadanos. Según la Abogacía, esa actuación supondría eliminar el derecho de voto de españoles procedentes del exilio exterior.
El Gobierno insiste además en que la participación de estos electores tendría una incidencia limitada en el resultado de las elecciones generales.
El Supremo decide contrarreloj
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo debe ahora decidir cómo actuar ante la suspensión cautelar relacionada con las inscripciones en el censo de ciudadanos que adquirieron la nacionalidad española mediante la llamada ley de nietos.
El tribunal dio a las partes un plazo improrrogable de 48 horas para presentar sus alegaciones sobre la situación del censo tras la convocatoria electoral. El plazo concluyó este jueves, por lo que la decisión del Supremo deberá llegar en los próximos días.
La cuestión afecta a miles de ciudadanos inscritos en el extranjero y obliga al tribunal a resolver antes del 29 de noviembre cómo se aplicará su medida cautelar en unas elecciones cuya convocatoria ha reducido considerablemente el margen para realizar las comprobaciones.