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Spain's Prime Minister and Spanish Socialist Party (PSOE) leader Pedro Sanchez (2L), flanked by journalists, arrives for a face to face televised electoral debate with the opposition People's Party (PP) leader Alberto Nunez Feijoo at the Television Academy in Tres Cantos, outside Madrid on November 19, 2026. . Oscar DEL POZO / AFP via Getty Images

La Comisión Europea ha iniciado nuevos procedimientos de infracción contra el Gobierno de Pedro Sánchez por deficiencias en la aplicación de la normativa contra la malversación, barreras fiscales a inversores extranjeros, retrasos en la regulación de los criptoactivos y excesos en los días de pesca concedidos a la flota de arrastre del Mediterráneo. España dispone de dos meses para responder a varios de los requerimientos.

La Comisión Europea ha vuelto a reclamar explicaciones a España por no incorporar correctamente distintas disposiciones comunitarias a su legislación nacional dentro de los plazos establecidos. Los nuevos expedientes afectan a ámbitos como la protección de los intereses financieros de la UE, la libre circulación de capitales, los mercados de criptoactivos y la actividad pesquera.

Uno de los procedimientos se refiere a la aplicación de la directiva destinada a combatir el fraude que perjudique los intereses financieros de la Unión. Bruselas considera que España no ha tipificado adecuadamente el delito de malversación de fondos europeos y que la pena máxima de prisión prevista es inferior a la exigida por la normativa comunitaria.

La Comisión también cuestiona el tratamiento fiscal aplicado a los fondos de pensiones y las compañías extranjeras de seguros de vida. A su juicio, la legislación española mantiene barreras discriminatorias para las inversiones transfronterizas, lo que supone un incumplimiento de las reglas sobre libre circulación de capitales.

A estos expedientes se suman los retrasos en la incorporación de normas sobre criptoactivos y las irregularidades detectadas en la asignación de días adicionales de pesca a los arrastreros que faenan en el Mediterráneo.

España acumula alrededor de un centenar de procedimientos

Según los datos recogidos en el balance de incumplimientos, España acumula alrededor de un centenar de procedimientos relacionados con la aplicación de la legislación comunitaria, sus plazos y la transposición de directivas. El país figura entre los Estados miembros con mayor número de expedientes abiertos y sanciones económicas.

Los incumplimientos afectan a diferentes áreas, entre ellas los derechos laborales, el medio ambiente, la fiscalidad y el mercado único. La acumulación de procedimientos también ha derivado en multas y pagos diarios asociados a sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El retraso en la incorporación de las normas comunitarias puede tener consecuencias económicas e institucionales: además de las sanciones, los incumplimientos pueden afectar a la relación de España con las instituciones europeas y a la gestión de los fondos comunitarios.

En contraste, Italia aparece entre los países que menos retrasos acumulan actualmente en la incorporación de las normas europeas, después de haber atravesado años de inestabilidad política.

Bruselas reclama cambios en la legislación sobre malversación

En el expediente relacionado con la protección de los intereses financieros de la UE, la Comisión ha concedido a España dos meses para responder y corregir las deficiencias detectadas.

La directiva debía haberse incorporado al ordenamiento español antes del 6 de julio de 2019. Bruselas ya había iniciado un procedimiento en diciembre de 2021 para exigir su transposición en lo relativo a la definición del delito de corrupción.

Sin embargo, la Comisión considera que siguen existiendo deficiencias, especialmente en la regulación de la malversación de fondos europeos y en las penas previstas para este delito. El nuevo requerimiento advierte de que la legislación española no cumple plenamente los niveles exigidos por la normativa comunitaria.

El procedimiento podría avanzar hacia una segunda fase si España no responde dentro del plazo o si sus explicaciones no resultan satisfactorias. En ese caso, Bruselas podría emitir un dictamen motivado y, posteriormente, decidir si lleva el asunto ante el TJUE.

Barreras fiscales a fondos de pensiones y aseguradoras extranjeras

Otro de los expedientes se centra en las condiciones fiscales que afectan a los fondos de pensiones y las compañías de seguros de vida de otros países de la UE.

La Comisión considera que las normas españolas generan obstáculos discriminatorios para las inversiones transfronterizas y no respetan adecuadamente el principio de libre circulación de capitales.

El Ejecutivo dispone también de dos meses para abordar las deficiencias señaladas. Si la respuesta no convence a Bruselas, el procedimiento podría continuar hasta llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Retrasos en la regulación de los criptoactivos

La normativa sobre los mercados de criptoactivos constituye otro de los motivos de preocupación de la Comisión. España no habría incorporado a su legislación nacional varias disposiciones del Reglamento sobre mercados de criptoactivos (MiCA), pese a que el plazo para hacerlo terminó el 30 de junio de 2025.

Bruselas también señala que no se han aplicado las modificaciones introducidas por esta regulación en las normas sobre requisitos de capital.

Los cambios amplían las actividades sujetas al reconocimiento mutuo entre Estados miembros e incluyen la emisión de dinero electrónico, los tokens referenciados a activos y los servicios relacionados con criptoactivos.

La Comisión ha dado dos meses a las autoridades españolas para responder y solucionar los problemas identificados. Si no considera suficiente la contestación, podrá continuar el procedimiento y plantear el caso ante el TJUE.

Bruselas cuestiona los días adicionales de pesca en el Mediterráneo

El sector pesquero también aparece entre los ámbitos afectados por los nuevos procedimientos. La Comisión Europea ha abierto un expediente contra España por conceder a los arrastreros del Mediterráneo más días adicionales de pesca de los permitidos por la normativa comunitaria.

La asignación para 2026 habría superado los límites establecidos para los barcos que aplican medidas de conservación, como el uso de artes de pesca más selectivas.

Además de estos procedimientos, Bruselas ha reclamado a España que adopte el punto de acceso único europeo (ESAP), una herramienta destinada a facilitar a los inversores el acceso a información pública de las empresas.

La Comisión también ha concedido dos meses a España, Francia y Rumanía para transponer íntegramente la directiva que establece sanciones por infracciones relacionadas con los registros de información consolidada en los mercados de instrumentos financieros.