El Gobierno aprueba una reforma salarial y eleva hasta 7.500 euros las multas a las empresas
La reforma permite consultar diferencias retributivas, prohíbe preguntar por el sueldo anterior y protege frente a represalias por reclamar derechos laborales.

El decreto refuerza el derecho de los trabajadores a conocer los criterios retributivos, prohíbe preguntar por el sueldo anterior en los procesos de selección y establece nuevas garantías frente a represalias por reclamar derechos laborales.
El Consejo de Ministros ha aprobado una reforma laboral centrada en la transparencia salarial y la igualdad retributiva que multiplica por diez la sanción máxima que pueden afrontar las empresas por determinados incumplimientos. Las multas podrán alcanzar los 7.500 euros por trabajador, frente al límite actual de 750 euros.
La norma, aprobada mediante un real decreto, transpone las directivas europeas sobre condiciones laborales transparentes y previsibles y sobre transparencia retributiva. El Ejecutivo pretende reforzar el acceso de los empleados a la información sobre sus condiciones salariales, facilitar la detección de diferencias retributivas entre hombres y mujeres y mejorar los mecanismos para corregirlas.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió la reforma con el mensaje de que "se acabó el secreto salarial en las empresas". También destacó que el texto incorpora por primera vez una protección expresa frente a las represalias contra quienes reclamen sus derechos laborales.
Los trabajadores podrán consultar las diferencias salariales
Uno de los principales cambios reconoce el derecho de los empleados a conocer los criterios utilizados por las empresas para establecer las retribuciones y los niveles salariales correspondientes a cada puesto o categoría profesional.
En las compañías con más de 50 trabajadores, además, deberán comunicarse los criterios de progresividad retributiva.
La reforma establece que cualquier empleado podrá solicitar por escrito información sobre su salario individual y sobre las retribuciones medias, desglosadas por sexo, de las personas que desempeñen el mismo trabajo o uno de igual valor dentro de su grupo, categoría o nivel retributivo.
Las empresas tendrán un plazo máximo de dos meses para responder a estas solicitudes. Con esta medida, el Gobierno busca que los trabajadores puedan identificar posibles diferencias salariales y disponer de información para reclamar cuando consideren que existe una desigualdad injustificada.
Prohibido preguntar por el sueldo anterior en las entrevistas
La nueva regulación también extiende las obligaciones de transparencia a los procesos de selección y acceso al empleo. Entre las medidas incluidas figura la prohibición de preguntar a los candidatos cuánto cobraban en sus trabajos anteriores.
El objetivo es evitar que las condiciones salariales previas condicionen las ofertas de empleo y contribuir a prevenir situaciones de discriminación retributiva desde el inicio de la relación laboral.
La norma también incorpora nuevas garantías para quienes denuncien o reclamen el cumplimiento de sus derechos. En concreto, reconoce expresamente la protección frente a decisiones empresariales desfavorables que se adopten como reacción a una reclamación extrajudicial o judicial.
Las multas podrán alcanzar los 7.500 euros por trabajador
Uno de los aspectos más relevantes del decreto es el endurecimiento del régimen sancionador. La reforma modifica la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) para elevar las consecuencias económicas de determinados incumplimientos empresariales.
Las sanciones podrán llegar a los 7.500 euros por trabajador, diez veces más que el límite máximo actual de 750 euros mencionado para estas infracciones.
El texto incorpora como infracciones muy graves las decisiones empresariales que impliquen un trato desfavorable contra un trabajador por haber reclamado sus derechos, tanto por vía extrajudicial como judicial.
También contempla como infracciones muy graves la solicitud de datos prohibidos o personales durante los procedimientos de intermediación y colocación, así como las decisiones discriminatorias en el acceso al empleo.
El decreto deberá superar el trámite de convalidación
La reforma ha sido aprobada mediante real decreto-ley, por lo que deberá someterse a convalidación en la Diputación Permanente del Congreso, al encontrarse disueltas las Cortes.
De salir adelante, las nuevas obligaciones ampliarán la información salarial a disposición de los trabajadores, establecerán límites a las preguntas sobre remuneraciones anteriores durante la selección de personal y reforzarán la protección frente a posibles represalias por ejercer derechos laborales.

