El PSOE limita su plan anticorrupción a tres compromisos y prioriza su agenda social y económica
La formación propone una Agencia Independiente de Integridad Pública, más controles sobre la contratación y nuevas medidas sociales y fiscales para las elecciones del 29 de noviembre.

El programa socialista reúne 500 medidas, con especial protagonismo de la vivienda, los salarios y los servicios públicos. En materia de corrupción plantea una ley de integridad, una estrategia nacional y una agencia independiente, además de reforzar los controles y regular los grupos de interés.
El PSOE ha presentado un programa electoral de 500 medidas para las elecciones generales del 29 de noviembre, centrado principalmente en propuestas sociales y económicas. La vivienda, las infraestructuras, los salarios y la protección de los servicios públicos ocupan buena parte del documento, mientras que la lucha contra la corrupción aparece desarrollada en un apartado con compromisos generales y sin demasiados detalles sobre su aplicación.
La propuesta llega después de una legislatura marcada por avances sociales reivindicados por el Gobierno, como la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones y la reforma del sistema de dependencia, pero también por distintas investigaciones judiciales relacionadas con presuntos casos de corrupción que han afectado a dirigentes y antiguos responsables socialistas.
En este contexto, el partido que lidera Pedro Sánchez sostiene en su programa que ha contribuido a construir "una democracia más fuerte y más limpia". Entre los argumentos que presenta menciona la renovación del Consejo General del Poder Judicial y las medidas de protección a quienes denuncian irregularidades.
Integridad pública, estrategia nacional y una agencia independiente
El apartado dedicado a la corrupción recoge cinco líneas de actuación, aunque tres concentran los principales compromisos institucionales del PSOE.
La primera consiste en impulsar una Ley Orgánica de Integridad Pública. La segunda plantea aprobar una Estrategia Nacional Anticorrupción, acompañada de mapas de riesgos en las distintas administraciones. La tercera propone crear una Agencia Independiente de Integridad Pública que coordine los organismos de supervisión y refuerce la protección de las personas que denuncien posibles irregularidades.
Sin embargo, parte de estas iniciativas ya había sido impulsada por el propio Ejecutivo. El Gobierno remitió a las Cortes durante el verano un proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que se encontraba en tramitación parlamentaria cuando se disolvió el Congreso por el adelanto electoral.
El programa también incluye la aprobación de una ley de grupos de interés, con un registro obligatorio, publicidad de las reuniones y una huella normativa que permita conocer la influencia de estos actores en la elaboración de las decisiones públicas. Esta iniciativa también había sido promovida por el Ejecutivo, pero no llegó a culminar su recorrido parlamentario.
La quinta línea plantea reforzar los controles sobre la contratación pública, las subvenciones y la financiación de los partidos políticos mediante el análisis de datos y la trazabilidad del gasto. Asimismo, propone ampliar el acceso a información sobre agendas, gastos institucionales y evaluaciones independientes de las políticas públicas.
El PSOE recuerda que en 2025, después de conocer las actividades fraudulentas atribuidas a Santos Cerdán, aprobó el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, que todavía se encuentra en fase de desarrollo e implementación legislativa.
La vivienda concentra buena parte de las propuestas
Frente al espacio dedicado a la corrupción, el programa contiene un amplio paquete de iniciativas sobre vivienda, uno de los principales ejes de la oferta electoral socialista.
Entre las medidas destaca el compromiso de destinar anualmente un 1% del PIB a garantizar el acceso a vivienda asequible. También propone establecer un impuesto progresivo sobre las viviendas de grandes propietarios y fondos de inversión inmobiliaria que no se destinen al alquiler residencial habitual.
El documento plantea, además, mantener un marco estable de protección frente a los desahucios de personas vulnerables que no dispongan de una alternativa habitacional. El PSOE defiende que el coste de estas medidas no debe recaer sobre los pequeños propietarios, sino ser asumido directamente por las administraciones públicas.
En el ámbito laboral, la formación propone blindar por ley el salario mínimo interprofesional por encima del 60% del salario medio y completar la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales. También plantea incentivar los avances en la negociación colectiva para alcanzar progresivamente las 35 horas.
Nuevas medidas fiscales y responsabilidades para las grandes tecnológicas
El programa incorpora propuestas dirigidas a las grandes plataformas digitales y a los directivos de empresas tecnológicas, a quienes el PSOE se refiere como "tecnooligarcas".
Entre las iniciativas figura exigir responsabilidad penal a los responsables de plataformas que no retiren contenidos ilegales o de odio. También plantea tipificar como delito la manipulación algorítmica y la amplificación deliberada de contenidos ilegales.
En materia tributaria, el partido propone complementar la actual tasa Google con nuevos gravámenes a las grandes compañías tecnológicas y adaptar el sistema fiscal a las actividades relacionadas con el desarrollo y la explotación de la inteligencia artificial.
Estas propuestas se suman a otras iniciativas de carácter social que forman parte del programa y que buscan reforzar la intervención pública en distintos ámbitos de la economía.
Guiños al electorado moderado: ocupación y seguridad ferroviaria
El documento también incorpora medidas que el PSOE dirige a los votantes moderados y de centro. Entre ellas figura el compromiso de combatir la ocupación ilegal de viviendas mediante el refuerzo de los mecanismos judiciales.
La formación plantea continuar desarrollando los juicios rápidos para los delitos de allanamiento de morada y usurpación, implantados en 2025, además de proporcionar más recursos a los juzgados de guardia para agilizar la tramitación de estos casos y actuar contra las mafias de la ocupación.
Otro de los asuntos destacados es la seguridad ferroviaria. Tras los accidentes de Adamuz y Urda, en los que fallecieron 115 personas en total, el PSOE propone que Adif y Renfe cuenten con una gestión profesional y de perfil técnico.
El programa también recoge la propuesta de impulsar un pacto de Estado por la seguridad ferroviaria, con el objetivo de reforzar la protección de la red y recuperar la confianza de los pasajeros y de los trabajadores del sector.
El compromiso de prohibir el proxenetismo
Por último, los socialistas mantienen su propuesta de prohibir el proxenetismo "en todas sus formas" y reconocer a las mujeres que ejercen la prostitución como víctimas con plenos derechos.
La iniciativa se incorpora al conjunto de medidas sociales del programa, pese a las posibles discrepancias internas y las diferencias que puede generar entre algunos de sus socios políticos.
En conjunto, el PSOE presenta una oferta electoral que combina propuestas de ampliación de derechos sociales, mayor intervención pública y nuevas medidas fiscales con iniciativas dirigidas a cuestiones como la ocupación y la seguridad ferroviaria. La lucha contra la corrupción también figura entre sus compromisos, aunque buena parte de las medidas planteadas retoman proyectos que el Gobierno ya había presentado durante la legislatura.

