El primer debate económico enfrenta a los partidos entre reproches y pocas ideas nuevas

Los representantes del PSOE, PP, Vox y Frente Amplio expusieron sus propuestas sobre vivienda, pensiones, salarios, impuestos e infraestructuras. Aunque coincidieron en algunos objetivos, mantuvieron posiciones enfrentadas sobre el papel del Estado, la presión fiscal y las medidas necesarias para impulsar la economía.

El primer debate electoral televisado entre los responsables económicos de los principales partidos dejó un escenario de fuertes discrepancias y escasas novedades programáticas. Carlos Cuerpo, por el PSOE; Juan Bravo, por el PP; José María Figaredo, por Vox; y Pablo Bustinduy, por Frente Amplio, defendieron modelos económicos muy distintos, aunque coincidieron en señalar objetivos como garantizar las pensiones, aumentar la construcción de viviendas, mejorar las infraestructuras y controlar la inflación.

Las diferencias se concentraron principalmente en el papel que debe desempeñar el Estado, la política tributaria y la regulación del mercado inmobiliario. Mientras Cuerpo defendió la continuidad de la política económica del Gobierno, PP y Vox apostaron por reducir impuestos y favorecer la iniciativa privada. Bustinduy, por su parte, reclamó una mayor intervención pública y una redistribución fiscal más intensa.

Cuatro modelos económicos con prioridades distintas

El ministro Carlos Cuerpo defendió mantener la orientación económica de la legislatura anterior, basada, según explicó, en el crecimiento del empleo, el aumento del salario mínimo, la reforma laboral y el refuerzo del Estado del bienestar. También atribuyó a estas políticas el crecimiento de España por encima de otras grandes economías de la Unión Europea.

Juan Bravo planteó reducir la presión fiscal, especialmente sobre las rentas medias y bajas, mediante rebajas del IRPF. El representante popular sostuvo que es necesario aliviar la carga que soportan los ciudadanos y mejorar la capacidad adquisitiva de los hogares.

Desde Vox, José María Figaredo defendió recortar el gasto público, reducir la burocracia, impulsar la industria nacional, recuperar la energía nuclear y revisar las políticas climáticas europeas.

Pablo Bustinduy presentó una propuesta basada en ampliar la intervención pública, reforzar los servicios públicos y regular con mayor intensidad el mercado inmobiliario. Entre sus prioridades mencionó limitar la especulación, aumentar la vivienda pública y gravar la acumulación de inmuebles.

Infraestructuras: inversiones, seguridad y reproches por la gestión

El primer bloque estuvo dedicado a las infraestructuras. Cuerpo comenzó defendiendo que el Gobierno había asumido responsabilidades tras los dos accidentes ferroviarios, incluida la dimisión del ministro Óscar Puente. También recordó el plan de inversión de 19.000 millones de euros previsto para los próximos cuatro años y defendió la necesidad de proteger esos recursos.

El ministro propuso al PP alcanzar un pacto de Estado sobre infraestructuras, con la elaboración de un libro blanco como punto de partida.

Bravo respondió que, antes de plantear nuevos acuerdos, el Ejecutivo debería cumplir las obligaciones de inversión recogidas en las leyes aprobadas. El responsable económico del PP señaló que sus prioridades inmediatas serían recuperar la seguridad de los pasajeros, impulsar la inversión y devolver a los ciudadanos la confianza en el transporte ferroviario.

Figaredo acusó al Gobierno de haber reducido la inversión hasta niveles que calificó de dramáticos. También criticó la gestión de Renfe y sostuvo que las infraestructuras están infrafinanciadas. En su opinión, sería necesaria una auditoría para determinar qué actuaciones deben realizarse y dónde deben concentrarse los recursos.

Bustinduy, por su parte, responsabilizó al PP del deterioro de las infraestructuras y afirmó que la inversión se desplomó durante sus años de Gobierno.

Vivienda: regulación, construcción y fiscalidad enfrentan a los candidatos

La vivienda fue uno de los bloques con mayores diferencias entre los participantes. Cuerpo defendió el modelo del Ejecutivo y las medidas incluidas en el decreto de vivienda aprobado recientemente.

Según explicó, las disposiciones protegen a 5,9 millones de personas que viven de alquiler, al proporcionar mayor estabilidad a sus contratos. También destacó los incentivos destinados a pequeños propietarios que reduzcan las rentas, con beneficios fiscales de hasta 400 euros, así como la posibilidad de acceder a créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de hasta 50.000 euros a tipo de interés cero.

El ministro añadió que uno de los obstáculos para aumentar la construcción es la falta de mano de obra disponible.

Bravo cuestionó la capacidad de estas medidas para resolver el problema habitacional. Recordó que actualmente se construyen alrededor de 100.000 viviendas, frente a una necesidad que cifró en un millón de inmuebles. El representante popular defendió que el país debe aumentar considerablemente la oferta y criticó las dificultades que encuentran los jóvenes para emanciparse y comprar su primera vivienda.

Figaredo situó el origen del problema en el exceso de demanda, que vinculó a la entrada de inmigración, y sostuvo que las medidas aprobadas por el Gobierno agravan la situación. Para Vox, la respuesta debe combinar actuaciones sobre la demanda con un incremento de la construcción.

Bustinduy defendió un enfoque centrado en los inquilinos y la clase trabajadora. Acusó al PP y a Vox de proteger los intereses de los grandes propietarios y los fondos de inversión, y propuso gravar a los fondos y a los grandes tenedores para recuperar 1,3 millones de viviendas.

Pensiones: acuerdo sobre su garantía, diferencias sobre la sostenibilidad

En el bloque dedicado a las pensiones, los cuatro representantes coincidieron en que deben estar garantizadas, pero discreparon sobre cómo asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

Cuerpo defendió que el Gobierno está cumpliendo con sus obligaciones y aseguró que las pensiones tienen garantizadas tanto su actualización como su sostenibilidad.

Bravo matizó que, aunque actualmente están aseguradas, el propio ministro habría reconocido que no existe certeza sobre su situación dentro de tres años si empeoran las condiciones económicas. En este apartado, tanto el PP como Vox reprocharon al PSOE los recortes de pensiones realizados durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Figaredo también defendió la necesidad de garantizar las prestaciones, pero pidió prestar atención a cómo se financiarán en el futuro.

Bustinduy aprovechó su intervención para acusar al PP y a Vox de defender los intereses empresariales por encima de los trabajadores. También criticó sus planteamientos sobre los servicios públicos y denunció lo que considera una tendencia a trasladar su gestión al ámbito privado.

Salarios: productividad y poder adquisitivo en el centro de la discusión

Las diferencias continuaron en el debate sobre los salarios. Cuerpo aseguró que España se encuentra en una situación mejor que hace siete años y destacó que hay 3,7 millones de personas más trabajando. También defendió que han mejorado las condiciones de vida de los trabajadores.

Bravo puso el foco en la productividad y la competitividad. El representante popular afirmó que su partido se compromete a impulsar el crecimiento del salario medio, más allá de las subidas del salario mínimo interprofesional, y evitar que los trabajadores sigan perdiendo poder adquisitivo. En su intervención mencionó una pérdida de hasta 7.000 euros.

Figaredo acusó al Gobierno de utilizar a los sindicatos en su beneficio político y cuestionó la evolución de los salarios durante las últimas tres décadas, periodo en el que, según afirmó, habrían caído un 3%. También sostuvo que las políticas del Ejecutivo están perjudicando a sectores productivos como la agricultura.

Bustinduy atribuyó a Yolanda Díaz el avance del salario mínimo y aseguró que, sin su intervención, las subidas habrían sido mucho menores. Además, reprochó a Figaredo que Vox vote, a su juicio, contra los intereses de los trabajadores españoles, citando como ejemplo su posición sobre los aranceles impulsados por Donald Trump.

Fiscalidad: choque por la recaudación y la presión tributaria

El último bloque económico estuvo centrado en los impuestos. Cuerpo defendió que España registra una recaudación récord, que atribuyó al aumento del empleo y a la buena evolución de la economía. También destacó que cuatro de cada diez euros recaudados se destinan a las comunidades autónomas para financiar sus servicios públicos.

Bravo cuestionó ese diagnóstico y afirmó que los salarios reales han caído un 3,8%. Según sus datos, más del 20% de los hogares se considera pobre, frente a poco más del 3% que lo reconocía en 2020. También acusó al Gobierno de haber subido los impuestos en más de cien ocasiones y sostuvo que cada ciudadano paga ahora unos 4.000 euros más.

Figaredo defendió una reducción de la carga tributaria sobre las rentas y aseguró que España es el país de la OCDE donde más ha aumentado la presión fiscal.

Bustinduy rechazó las propuestas de rebajas impositivas de PP y Vox y les acusó de favorecer a las rentas más altas. A su juicio, sus planteamientos fiscales benefician principalmente a los ciudadanos con mayor patrimonio.

Los candidatos cierran el debate con sus mensajes finales

En el minuto de oro, los cuatro representantes aprovecharon sus intervenciones para resumir sus argumentos y pedir el voto.

Bravo defendió la necesidad de un cambio político y afirmó que el Gobierno ha recurrido al mensaje del miedo para advertir sobre sus consecuencias.

Figaredo apeló a la idea de que España necesita un cambio de rumbo y reivindicó una política que, según sus palabras, sitúe a los españoles en primer lugar.

Bustinduy centró su mensaje en la defensa de los trabajadores y los inquilinos, con una crítica a quienes, en su opinión, se benefician de la especulación inmobiliaria.

Cuerpo, por último, defendió el balance de los últimos ocho años y advirtió de que los avances alcanzados podrían estar en riesgo.

El debate concluyó sin un consenso sobre las principales cuestiones económicas. Los cuatro partidos compartieron algunos objetivos generales, pero mantuvieron profundas diferencias sobre las herramientas para alcanzarlos, especialmente en vivienda, fiscalidad, inversión pública y sostenibilidad de las pensiones.