El PNV apoyará el decreto general de vivienda, pero rechazará el de alquiler

La Diputación vota los decretos de vivienda: el paquete general suma apoyos y el de alquiler no

La Diputación Permanente del Congreso decidirá este 12 de noviembre si convalida dos normas que incluyen la prohibición de desahucios, límites a las compras de los fondos de inversión y bonificaciones fiscales. El PNV respaldará el decreto más amplio, pero rechazará el texto que establece una prórroga obligatoria de cinco años en determinados contratos de alquiler.

Los dos decretos leyes de vivienda aprobados por el Gobierno afrontan este jueves 12 de noviembre su votación definitiva en la Diputación Permanente del Congreso. La decisión llega un día después de la huelga general y en vísperas del inicio de la campaña electoral, previsto para la medianoche del viernes 13.

Los textos siguen procedimientos distintos en cuanto a su entrada en vigor. El Real Decreto-ley 29/2026 comenzó a aplicarse el 8 de octubre, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, la Constitución establece que estas normas deben someterse a convalidación parlamentaria en un plazo máximo de 30 días.

El otro texto, el Real Decreto-ley 28/2026, establece expresamente que su entrada en vigor tendrá lugar el 15 de noviembre de 2026. Por tanto, todavía no se encuentra en aplicación.

Con las Cortes disueltas debido al adelanto electoral, corresponde a la Diputación Permanente —el único órgano parlamentario que continúa activo durante este periodo— decidir si ambos decretos se convalidan o quedan derogados.

En la misma sesión comparecerá la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, para explicar la planificación de la red eléctrica hasta 2030.

La Diputación Permanente tendrá que reunirse nuevamente para votar otros decretos pendientes, entre ellos uno sobre medidas de protección social y laboral, otro que contempla ayudas a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) y un tercero, aprobado esta semana, destinado a familias monoparentales.

El PNV tiene la llave de la votación

Los dos decretos de vivienda regulan cuestiones diferentes. El primero reúne un conjunto amplio de medidas de intervención en el mercado residencial, especialmente en el alquiler. El segundo introduce cambios relacionados con la prórroga obligatoria de determinados contratos y establece una indemnización para los inquilinos cuando el propietario decida poner fin al arrendamiento en las condiciones previstas por la norma.

El Gobierno ya intentó convalidar ambos textos a principios de octubre, pero entonces se encontró con el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN, que sumaban 178 diputados. El PNV y Coalición Canaria también votaron en contra del decreto centrado en la indemnización a los inquilinos.

El fracaso parlamentario de aquellas normas estuvo vinculado al adelanto electoral del 29 de noviembre. Tras la disolución de las Cortes, el Ejecutivo aprobó de nuevo los decretos con algunas modificaciones, con la intención de someterlos a votación en la Diputación Permanente.

Este órgano está integrado por 69 diputados. El bloque de izquierdas suma 34 representantes, distribuidos entre PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos, que representa al conjunto del Grupo Mixto. En el otro lado, PP, Vox y Junts reúnen también 34 escaños.

El voto decisivo corresponde, por tanto, al PNV, que cuenta con un representante en la Diputación Permanente. La formación vasca ya ha anunciado que apoyará el decreto general de medidas de vivienda, pero rechazará el segundo texto, como hizo antes del adelanto electoral.

Con este reparto, el decreto que incluye la prohibición de desahucios, las restricciones a determinadas compras de vivienda por parte de los llamados fondos buitre y las bonificaciones fiscales podría obtener 35 votos favorables frente a 34 en contra. El texto que regula las prórrogas obligatorias y las indemnizaciones a los inquilinos, en cambio, no cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante.

Las principales medidas del decreto con más apoyos

El primero de los textos incorpora distintas iniciativas relacionadas con el acceso a la vivienda y la protección de los inquilinos. Entre ellas figura el mecanismo denominado 'Tu Casa', gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que contempla préstamos de hasta 50.000 euros para la adquisición de una primera vivienda. La línea contará con una dotación de 10.000 millones de euros.

También incluye un fondo de impacto social de 400 millones de euros destinado a impulsar la promoción residencial por parte de proveedores sociales.

En materia de inversión inmobiliaria, el decreto endurece las condiciones para la compra especulativa de viviendas por parte de los denominados fondos buitre. Para ello, amplía la definición de estas entidades y modifica los requisitos aplicables a las excepciones contempladas en el texto anterior.

Otra de las medidas centrales es la prohibición de los desahucios de personas vulnerables que carezcan de una alternativa habitacional, una protección que se extiende hasta 2030. A ello se suma la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028.

El decreto de prórrogas e indemnizaciones, sin mayoría

El segundo decreto se centra en la duración de los arrendamientos y en las condiciones para que los propietarios puedan ponerles fin.

La norma establece que, una vez transcurridos los cinco años de contrato —o siete cuando el arrendador sea una persona jurídica—, el alquiler se prorrogue automáticamente durante otros cinco años.

Además, contempla que, si el propietario decide romper el contrato en los supuestos regulados, deberá abonar al inquilino una indemnización equivalente a un año de alquiler.

Pese a que el Gobierno volvió a aprobar este texto junto con el paquete general de medidas, la falta de respaldo parlamentario anticipa que no será convalidado en la votación de la Diputación Permanente.