El Supremo mantiene el voto de 189.678 hijos de nacionalizados por falta de tiempo antes del 29N
La Sala considera inviable revisar el censo antes de las elecciones del 29 de noviembre, aunque mantiene la suspensión cautelar aplicada a otro colectivo.
El alto tribunal rechaza extender a este colectivo la suspensión cautelar aplicada a otros nacionalizados por la ley de nietos, al considerar que no hay margen para revisar el censo antes de las elecciones del 29 de noviembre. La medida ya vigente para otro grupo de electores se mantiene.
El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el derecho al voto de los 189.678 hijos de personas que obtuvieron la nacionalidad española a través de la denominada ley de nietos. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha denegado las medidas cautelares solicitadas por Vox e Iustitia Europa al considerar que no existe tiempo material para tramitar y ejecutar una revisión de este colectivo antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
La resolución cuenta con un voto particular discrepante y otro concurrente. La Sala considera que iniciar ahora un procedimiento para modificar el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) podría comprometer la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso electoral, en línea con los argumentos planteados por la Fiscalía y la Junta Electoral Central (JEC).
Los magistrados subrayan que la petición se presentó a una semana del comienzo de la campaña y a apenas dos semanas de que los electores residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho al sufragio. A su juicio, conceder la medida podría provocar una "perturbación grave de los intereses generales".
El tribunal distingue este caso de la suspensión ya acordada
El Supremo aclara que la solicitud actual no puede equipararse a la suspensión cautelar que ya afecta a unas 163.000 personas nacionalizadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática de 2022.
Aquella decisión se adoptó en septiembre, antes de que se conociera el adelanto electoral, por lo que existía un margen temporal mayor para estudiar sus consecuencias. La medida establece que solo podrán votar los nacionalizados que acrediten que sus ascendientes fueron exiliados políticos durante el franquismo.
Ahora, sin embargo, la Sala descarta extender esa suspensión a los hijos de los nacionalizados, en consonancia con la posición defendida por la Abogacía General del Estado. De esta manera, quedan protegidos los derechos electorales de 189.678 personas, un colectivo incluso más numeroso que el afectado por la medida anterior.
Los magistrados también expresan "serias dudas" sobre la posibilidad de ejecutar las medidas solicitadas. Explican que sería necesario requerir información a distintas administraciones para identificar a los afectados, comunicar las decisiones al CERA y dar a los interesados la oportunidad de personarse en el procedimiento.
El tiempo disponible y la intervención de múltiples organismos y terceros hacen, según el auto, que no pueda garantizarse que todas esas actuaciones se completen antes de los comicios.
Un magistrado defiende extender la suspensión
La decisión incluye el voto particular del magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero, quien considera que la suspensión solicitada por Vox e Iustitia Europa sí está directamente relacionada con el objeto principal del procedimiento y que debería haberse concedido.
A su juicio, si la primera suspensión cautelar se adoptó para garantizar la eficacia de una futura sentencia, la misma lógica debería aplicarse a los hijos de los nacionalizados. El magistrado sostiene que ambas cuestiones guardan una relación directa y que mantener una línea de actuación coherente exige extender la medida.
Fonseca-Herrero también discrepa de la valoración sobre los plazos. Considera que la Administración habría podido realizar los trámites necesarios antes del 29 de noviembre y que la suspensión podía ejecutarse "en tiempo y en forma".
Por su parte, la magistrada María Alicia Millán formula un voto concurrente. Aunque comparte la decisión de denegar las nuevas medidas cautelares, considera necesario precisar que el objeto del procedimiento no puede ampliarse para incluir colectivos que no formaban parte de la controversia inicial.
En su opinión, extender ahora la petición a los hijos de los nacionalizados supondría modificar los términos del debate procesal y vulnerar los principios de contradicción, congruencia y seguridad jurídica.
Desde Iustitia Europa sostienen que el Supremo reconoce la conexión entre la petición y el objeto del recurso, así como la relación entre las inscripciones de los progenitores afectados por las medidas anteriores y las de sus hijos. La formación que preside Luis María Pardo considera que la cuestión deberá resolverse en la sentencia definitiva y destaca que la solicitud no se ha rechazado por falta de relación con el procedimiento, sino por la falta de tiempo para ejecutarla.
El Supremo mantiene la suspensión ya vigente
En dos autos separados, el alto tribunal también ha rechazado las alegaciones de asociaciones y particulares que solicitaban revocar la suspensión cautelar aplicada anteriormente a determinados nacionalizados.
La Sala sostiene que los motivos para mantenerla se han reforzado tras conocer la relación nominal de las personas afectadas, el elevado número de inscritos y las presuntas irregularidades que, según los magistrados, podrían haberse producido en su incorporación al CERA.
El Supremo recuerda que disponer de la nacionalidad española no habilita automáticamente para ejercer el derecho al voto, sino que deben cumplirse los requisitos establecidos por la legislación electoral.
En sus resoluciones, los jueces insisten en que la limpieza del censo constituye una garantía esencial del sistema democrático. Consideran que permitir votar a personas sobre las que existan sospechas fundadas de incumplimiento de los requisitos legales podría comprometer la igualdad entre los electores y la transparencia del proceso.
Así, mientras se mantiene la suspensión cautelar para el colectivo afectado por la resolución de septiembre, los 189.678 hijos de nacionalizados conservarán su derecho a voto en las elecciones del 29 de noviembre.