La Policía no logra encontrar movimientos financieros detrás de la entrada masiva en Ceuta
La Audiencia Nacional investiga posibles transferencias informales y espera documentación reservada del CNI y las Fuerzas Armadas para esclarecer la movilización de julio.
La UDEF no ha detectado, por ahora, transacciones ilegales que permitan identificar a los posibles responsables de la llegada de más de 85.000 personas a finales de julio. La Audiencia Nacional investiga si se utilizaron sistemas informales de transferencia de dinero y espera documentación reservada del CNI y las Fuerzas Armadas.
La investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio sigue sin arrojar resultados concluyentes en el ámbito financiero. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional no ha localizado, hasta el momento, operaciones ilegales que permitan determinar quién pudo financiar u organizar la movilización, según fuentes conocedoras de las pesquisas.
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón encargó a esta unidad rastrear los posibles movimientos de dinero relacionados con los acontecimientos y comprobar si se habían utilizado mecanismos informales de transferencia, especialmente el sistema conocido como hawala. Sin embargo, los investigadores todavía no han encontrado indicios que apunten al uso de este procedimiento.
A mediados de septiembre, la magistrada solicitó tanto a la UDEF como a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que examinaran los movimientos económicos relevantes en Ceuta antes de la entrada masiva. La petición incluía investigar posibles transferencias mediante sistemas alternativos al bancario, la contratación colectiva de transportes y cualquier otra operación que pudiera estar vinculada con la logística de la movilización.
La investigación sobre el sistema hawala
El sistema hawala permite transferir dinero entre lugares alejados sin recurrir a las entidades bancarias tradicionales. Su funcionamiento se basa en una red de intermediarios, conocidos como hawaladers, que coordinan la entrega de una cantidad en un punto y su pago equivalente en otro.
Para validar las operaciones pueden utilizarse elementos de identificación únicos, denominados tokens, como el número de serie de un billete. El intercambio se realiza con rapidez y no genera necesariamente un registro bancario convencional, lo que dificulta seguir el recorrido del dinero.
Por este motivo, las investigaciones sobre este tipo de transferencias suelen ser complejas y requieren, entre otras actuaciones, interceptar y analizar comunicaciones telefónicas. Aunque la mayoría de los inmigrantes que participaron en la entrada llevaban teléfonos móviles, los investigadores no han encontrado hasta ahora pagos que permitan confirmar el uso de este mecanismo.
Las pesquisas también afrontan dificultades para acceder a toda la documentación de la causa. Según fuentes conocedoras de la investigación, parte de los documentos permanece bajo secreto de sumario y otras unidades no comparten directamente sus avances. La jueza habría pedido que las comunicaciones sobre el caso se dirigieran a ella para evitar interferencias jerárquicas o posibles presiones políticas desde el Ministerio del Interior.
Más de 85.000 personas entraron en menos de 48 horas
Según los cálculos policiales recogidos en la causa, más de 85.000 personas entraron en la Ciudad Autónoma en un periodo inferior a 48 horas. La magistrada considera que una movilización de esa magnitud difícilmente podría haberse producido sin recursos materiales y financieros, por lo que el análisis económico constituye una de las líneas centrales de la investigación.
Mientras continúa el rastreo de posibles operaciones, Tardón mantiene las diligencias testimoniales. La jueza tiene previsto escuchar a cuatro testigos protegidos propuestos por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía Nacional. Posteriormente, el 11 de noviembre, declararán el jefe regional de Operaciones de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Ceuta y un inspector del cuerpo.
La jueza espera documentos reservados del CNI y las Fuerzas Armadas
Otra de las líneas de la investigación se centra en determinar qué información tenían las autoridades españolas antes de los acontecimientos y cómo respondieron a las alertas recibidas.
El 27 de octubre, la instructora solicitó al Gobierno la desclasificación urgente, en un plazo máximo de 15 días, de documentación reservada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de las Fuerzas Armadas relacionada con la entrada irregular. También pidió las notas e informes elaborados por el CNI y comunicados a las autoridades desde el mismo día de los hechos, incluidos los documentos relativos a la actuación de Marruecos.
La magistrada busca establecer qué responsables públicos conocían los movimientos migratorios que se estaban preparando, con cuánta antelación recibieron información y qué decisiones adoptaron ante las advertencias.
Por su parte, el Ministerio del Interior ha comunicado por escrito a la jueza que el análisis de las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo que frenó las devoluciones en caliente de inmigrantes que llegaban a nado a Ceuta, junto con la evolución de las entradas registradas durante julio, permitía anticipar un aumento progresivo de la presión migratoria antes del 30 de julio.
La investigación continúa abierta mientras la Audiencia Nacional espera la documentación solicitada y los resultados de las diligencias financieras y testimoniales.