Fiscalía Europea Investiga Posible Fraude En La Alta Velocidad Española
La UCO acudió a Adif, la AESF y el Tribunal de Cuentas para recabar expedientes sobre obras financiadas con fondos NextGeneration EU y Feder.

La Fiscalía Europea abrió una investigación por un posible fraude en la utilización de fondos de la Unión Europea destinados a las obras de renovación y mejora de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Como parte de las diligencias, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron el viernes 6 de noviembre a las sedes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y el Tribunal de Cuentas para solicitar documentación relacionada con los proyectos financiados.
La investigación busca determinar si los recursos comunitarios se utilizaron efectivamente para las actuaciones que justificaron su concesión y si las obras se ejecutaron conforme a las condiciones establecidas. Entre los fondos examinados figuran los del programa NextGeneration EU y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
Contratos ferroviarios bajo investigación
De acuerdo con la información publicada sobre las diligencias, los investigadores solicitaron expedientes de tres licitaciones cuyo importe conjunto asciende a 136,4 millones de euros.
Uno de los contratos más relevantes corresponde a la renovación del sistema de seguridad LZB por el sistema ERTMS, además de mejoras en señalización y telecomunicaciones fijas de la línea. Adif adjudicó este proyecto en 2021 a Thales España por aproximadamente 94 millones de euros. Posteriormente, en julio de 2024, el contrato fue transferido a Hitachi Rail.
También se examina la renovación de 63 desvíos ferroviarios de los 319 existentes en el recorrido Madrid-Sevilla. La primera fase de este proyecto fue adjudicada por 21 millones de euros a una unión temporal de empresas integrada por Ferrovial Construcción, Grupo Azvi, Convensa y Agrupación Guinovart.
El tercer expediente corresponde a la renovación de los circuitos de vía, sistemas que permiten detectar la presencia de trenes en determinados tramos. El contrato, valorado en 21,5 millones de euros, fue adjudicado igualmente a Thales España y abarca la línea Madrid-Sevilla y el ramal La Sagra-Toledo.
Dos accidentes y una investigación financiera
La apertura de estas diligencias se produce después de dos accidentes mortales registrados durante 2026. El primero ocurrió el 18 de enero en Adamuz, Córdoba, y dejó 46 fallecidos. El segundo tuvo lugar el 28 de octubre en Urda, Toledo, con 69 víctimas mortales.
La Fiscalía Europea confirmó que la investigación relacionada con Urda se inició por iniciativa propia. En marzo ya había abierto otra investigación sobre el posible uso irregular de fondos europeos vinculados a las infraestructuras ferroviarias tras el accidente de Adamuz.
Es importante distinguir que estas actuaciones examinan posibles irregularidades financieras y no determinan las causas técnicas de los accidentes.
Por ahora, la investigación continúa sin que se hayan hecho públicos los resultados definitivos ni se hayan establecido responsabilidades penales. La documentación recopilada permitirá examinar el destino de los recursos europeos y el cumplimiento de los contratos de modernización ferroviaria.

