Los peritos cuestionan las obras de Adif en Adamuz y detectan deformaciones en varios puntos de la vía
Los peritos judiciales aseguran que no tienen información sobre las intervenciones y detectan deformaciones en al menos tres puntos de la vía.
La juez que investiga el accidente, en el que murieron 46 personas, ha reclamado a Adif toda la documentación sobre los trabajos realizados tras el siniestro. Los expertos judiciales aseguran que no disponen de información sobre esas intervenciones y advierten de anomalías en al menos tres puntos de la infraestructura.
La investigación judicial del accidente ferroviario de Adamuz ha puesto el foco en las obras de renovación realizadas por Adif después del siniestro, que dejó 46 víctimas mortales. La magistrada Cristina Pastor, titular del juzgado de Montoro que instruye la causa, ha requerido a la entidad ferroviaria toda la documentación relativa a los trabajos de emergencia ejecutados para reconstruir la infraestructura.
La decisión llega después de que los peritos designados por el juzgado comunicaran que no cuentan con "ninguna documentación" sobre esas intervenciones y señalaran que han detectado deformaciones en, al menos, tres puntos de la vía donde se produjo el accidente.
La juez reclama los informes y el expediente de las obras
Entre la documentación solicitada figuran los informes de auscultación del tramo de Adamuz, especialmente los elaborados durante la ejecución de los trabajos y antes de su recepción. La magistrada también ha pedido los registros correspondientes a las inspecciones efectuadas después del accidente, ocurrido el 18 de enero.
El requerimiento incluye, además, el expediente de adquisición del balasto —el material de piedras trituradas que se coloca bajo las vías— destinado a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, concretamente para la base de mantenimiento de Hornachuelos, en Córdoba.
La petición judicial responde a las dudas planteadas por los expertos sobre determinadas actuaciones de Adif. Aunque los peritos no han formulado objeciones a los trabajos de mantenimiento realizados en la cabecera norte de la estación de Adamuz, al considerar que no afectan a su análisis, sí han expresado reservas sobre la renovación de los desvíos.
Los trabajos en los desvíos, bajo análisis
En su informe, los especialistas consideran "cuanto menos curioso" que los aparatos de vía 631 y 632 del Puesto de Banalización de Adamuz recibieran una intervención similar a la realizada en el desvío relacionado con el punto donde ocurrió la colisión mortal.
Según explican, esos trabajos tenían como objetivo renivelar y ajustar la rasante del carril. Los peritos relacionan esta actuación con las referencias incluidas en las auscultaciones de octubre de 2025 sobre el hilo 2, donde se produjo la rotura de la soldadura.
Los expertos también llaman la atención sobre la fecha de recepción de las obras de renovación de los desvíos, que se formalizó el 19 de diciembre de 2025, apenas 30 días antes del accidente. Además, señalan que los trabajos todavía se encontraban dentro del periodo de garantía.
"Esta circunstancia nos lleva a preguntarnos por la actuación de renovación de desvíos realizada por Adif-AV", advierten en la documentación incorporada a la causa. Por ello, consideran imprescindible disponer de los expedientes y registros técnicos para avanzar en el análisis de las posibles causas del accidente.
La juez refuerza la custodia de las muestras
En otra de sus decisiones, la magistrada ha encargado a la Guardia Civil el traslado de los efectos y materiales objeto de análisis a los laboratorios correspondientes, así como su posterior devolución.
Para proteger la cadena de custodia y evitar cualquier alteración de las pruebas, ha ordenado que cada entrega y recepción quede documentada mediante un acta. En esos registros deberán constar el estado de los materiales y la identidad de las personas que participen en su manipulación.
La juez también ha advertido a los laboratorios de su obligación de garantizar la conservación de las muestras desde el momento en que las reciban. Deberán adoptar las medidas de seguridad necesarias para prevenir pérdidas o manipulaciones no autorizadas.
Los análisis tendrán que completarse en un plazo máximo de dos meses y se realizarán conjuntamente entre los peritos judiciales y los responsables técnicos de los laboratorios.
La resolución establece que tanto la Guardia Civil como los expertos designados por el juzgado deberán estar presentes durante todas las operaciones que puedan modificar las muestras originales: apertura de embalajes, toma de muestras, extracción e identificación de probetas, cortes de piezas o cualquier otra intervención que implique su división o destrucción parcial o total.
Finalmente, la magistrada ha establecido que toda la información relacionada con el traslado, la manipulación, el análisis y la custodia de los materiales tendrá carácter "reservado y confidencial".