La juez ordena que la Guardia Civil supervise a Adif durante la inspección del tren de Adamuz
La magistrada limita la actuación de Adif a una inspección visual, rechaza ampliar su equipo técnico y reclama documentación sobre las obras realizadas en la vía.
La magistrada autoriza una revisión visual de los ocho primeros vagones del Iryo, pero prohíbe cualquier modificación de los elementos del convoy. La decisión busca garantizar la conservación de las pruebas después de que técnicos de Adif retiraran material sin autorización judicial al inicio de la investigación.
La juez de Montoro que instruye la investigación del accidente ferroviario de Adamuz ha ordenado a la Guardia Civil de Córdoba que supervise los trabajos que realizará Adif en el tren Iryo siniestrado. La magistrada ha autorizado a los técnicos de la empresa pública a inspeccionar los ocho primeros coches del convoy, aunque ha establecido restricciones para proteger las pruebas y evitar cualquier alteración de los elementos relevantes para la causa.
La diligencia estará limitada a una inspección ocular, fotografías y grabaciones audiovisuales. La resolución judicial establece expresamente que queda "prohibido llevar a cabo alteración alguna" de los vagones o de cualquier otro elemento de interés para la investigación.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Córdoba deberá estar presente durante toda la actuación y ejercer su supervisión. Además, la juez ha descartado que puedan participar especialistas o personal técnico distintos de los designados inicialmente por Adif.
La juez rechaza ampliar el equipo de especialistas
La magistrada también ha limitado los cambios que Adif pretendía introducir en el equipo encargado de la inspección. En un primer escrito, remitido el 20 de octubre, la compañía designó a cinco personas para realizar las fotografías y grabaciones de los vagones: dos trabajadores de la Dirección de Mantenimiento y otros tres de la Dirección de Circulación.
Nueve días después, la entidad ferroviaria presentó un segundo escrito en el que comunicó su intención de incorporar a más profesionales. Entre ellos figuraba un equipo multidisciplinar de TÜV, entidad alemana de inspección técnica, además de otros trabajadores de Adif que participarían como observadores para ofrecer asesoramiento técnico.
Sin embargo, la juez considera que los especialistas inicialmente designados son suficientes para realizar una actuación limitada a la inspección visual. También advierte de que la incorporación de asistentes ajenos podría interferir en el desarrollo adecuado de la diligencia.
Los técnicos deberán recoger sus conclusiones en un informe pericial que se incorporará al procedimiento y al que tendrán acceso las partes personadas en la causa.
El antecedente de la retirada de material sin permiso
La decisión judicial está relacionada con un episodio ocurrido al comienzo de la investigación. La Guardia Civil informó entonces de que técnicos de Adif habían retirado cupones de carril durante la madrugada del 22 al 23 de enero y los habían trasladado a la base de mantenimiento de la compañía en Hornachuelos, Córdoba.
La Policía Judicial conoció los hechos tras tomar declaración al responsable de esas instalaciones, quien aseguró haber recibido una "orden verbal" del jefe de área de Adif para retirar el material sin autorización judicial.
Ante esta situación, la magistrada ordenó la devolución de los elementos retirados y advirtió de posibles responsabilidades penales si no se cumplía la resolución. Ahora, con la nueva inspección del tren, busca garantizar que cualquier intervención sobre los vagones se realice bajo control judicial.
Los peritos alertan de deformaciones en la vía
Mientras avanzan las diligencias sobre el convoy, los peritos designados por el juzgado han trasladado nuevas observaciones sobre la infraestructura ferroviaria. Los especialistas aseguran que no disponen de documentación sobre las obras de emergencia realizadas por Adif después del accidente, pese a que estas actuaciones supusieron la reconstrucción de la vía.
Además, han detectado deformaciones en al menos tres puntos de la infraestructura y han expresado dudas sobre las intervenciones realizadas en los aparatos de vía 631 y 632. Según los expertos, estos elementos recibieron actuaciones similares a las efectuadas en el aparato A645, relacionado con el siniestro.
Los peritos también consideran relevante que las obras de renovación del tramo fueran recibidas el 19 de diciembre, apenas 30 días antes del accidente ocurrido el 18 de enero. En ese momento, la infraestructura todavía se encontraba dentro del periodo de garantía de dos años.
Por este motivo, han solicitado los informes de auscultación del tramo de Adamuz, tanto los elaborados durante la ejecución de los trabajos como los realizados antes de su recepción y después del accidente.
También reclaman el expediente de compra del balasto destinado a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y toda la documentación relativa a las obras de emergencia ejecutadas tras el siniestro.
La investigación continúa así centrada en esclarecer las causas del descarrilamiento del Iryo y su posterior colisión con un tren Alvia que circulaba en sentido contrario, mientras la magistrada refuerza las medidas para preservar las pruebas y controlar las actuaciones técnicas.