La jueza de la crisis migratoria de Ceuta exige al Gobierno desclasificar informes del CNI en 15 días
El Ejecutivo asegura que cumplirá el requerimiento en un plazo de 15 días, mientras tres consejeros ceutíes cuestionan la actuación de Marruecos y la respuesta del Gobierno central.
María Tardón reclama documentación sobre la actuación de Marruecos y las alertas previas a la entrada masiva de julio de 2026. Mientras Moncloa asegura que cumplirá el requerimiento, tres consejeros de Ceuta han señalado ante la magistrada la falta de respuesta de las autoridades marroquíes y del Ejecutivo central.
La investigación judicial sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta desde Marruecos, ocurrida a finales de julio de 2026, avanza con un nuevo requerimiento al Gobierno. La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado al Consejo de Ministros que desclasifique documentación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionada con aquellos acontecimientos y ha fijado un plazo máximo de 15 días naturales.
Fuentes de Moncloa han manifestado que el Ejecutivo atenderá la petición y han defendido que no existe intención de ocultar información. "No tenemos nada que ocultar ni que esconder", aseguraron, según la información publicada por RTVE.
La jueza considera que los documentos reclamados pueden resultar determinantes para reconstruir cómo se preparó la entrada masiva, qué información recibieron las autoridades españolas antes de los hechos y qué actuaciones se llevaron a cabo tras conocer las alertas.
La investigación busca aclarar qué sabían las autoridades
En su resolución, Tardón solicita las notas y los informes del CNI distribuidos a las autoridades a partir del 30 de julio de 2026 y relacionados con los acontecimientos de los días 30 y 31 de ese mes. La petición incluye, de manera específica, la documentación clasificada sobre la actuación de las autoridades marroquíes.
La magistrada también reclama identificar a los responsables públicos que recibieron los informes desclasificados correspondientes al 27 y al 30 de julio, así como cualquier otra comunicación remitida posteriormente. El Gobierno deberá aportar las fechas y horas de envío y acreditar que los destinatarios recibieron efectivamente los documentos.
Tardón sostiene que esta información permitirá establecer cuándo tuvieron conocimiento las distintas autoridades de la convocatoria de entrada masiva prevista para el 30 de julio y qué decisiones adoptaron —o dejaron de adoptar— a partir de esas advertencias.
La resolución considera que la documentación guarda una relación directa con los hechos investigados y que no existen otras fuentes que permitan obtener las mismas pruebas. La jueza argumenta, además, que la información solicitada resulta necesaria para esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades.
Quince días para retirar la clasificación de los documentos
La magistrada ha establecido que la desclasificación debe realizarse con urgencia y, en cualquier caso, dentro de los 15 días naturales siguientes. La documentación que finalmente se libere de su clasificación se incorporará a una pieza separada de la causa que permanece bajo secreto.
En su razonamiento, Tardón señala que la clasificación de determinados documentos como secretos o reservados no impide automáticamente que un órgano judicial promueva su desclasificación cuando sea necesaria para investigar posibles delitos.
La jueza considera que el acceso a estos informes es relevante para el ejercicio de la función judicial y para reconstruir los acontecimientos, incluida la actuación de las autoridades del Reino de Marruecos.
Por su parte, fuentes del Ejecutivo han indicado que atenderán el requerimiento. La respuesta del Gobierno será clave para conocer el alcance de la información disponible sobre las horas previas a la entrada masiva y las comunicaciones mantenidas entre los organismos implicados.
Tres consejeros de Ceuta apuntan a la pasividad de Marruecos
La petición de documentación coincide con las declaraciones como testigos de tres miembros del Gobierno de Ceuta: el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Ramón Gaitán; la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina, y el vicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, Alejandro Ramírez.
Según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, los tres coincidieron en describir como pasiva la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes durante la entrada masiva. Entre los comportamientos que relataron, señalaron que algunos agentes estaban mirando sus teléfonos móviles o rezando.
Los consejeros también cuestionaron la respuesta del Gobierno central. Según sus declaraciones, desde Ceuta se había solicitado la creación urgente de un mando único y el refuerzo de la frontera, medidas que, de acuerdo con sus testimonios, no se adoptaron antes de la entrada masiva.
Benzina explicó que acudió en varias ocasiones a la frontera el 30 de julio. Según su relato, a última hora de la noche se encontró con el entonces delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, quien le trasladó que las autoridades marroquíes estaban colaborando.
La consejera también afirmó que Marruecos rechazó los cadáveres recuperados, incluso cuando ya habían sido identificados. Estas declaraciones forman parte de los testimonios incorporados a la investigación y deberán valorarse junto con el resto de las pruebas.
Las advertencias previas, bajo el foco judicial
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ya había comparecido como primer testigo en la causa el pasado 30 de septiembre. Entonces aseguró que había contactado con el Gobierno central durante los días previos para advertir de la gravedad de la situación, pero sostuvo que Moncloa había minimizado la crisis migratoria.
La investigación trata de esclarecer tanto la información que manejaban las autoridades antes de los acontecimientos como las decisiones adoptadas durante su desarrollo. La documentación del CNI solicitada por la magistrada podría aportar nuevos elementos sobre esas comunicaciones.
Tardón ha citado también a tres personas que entraron en Ceuta durante aquellos días y a agentes de la Policía Nacional que estaban de servicio en la frontera cuando se produjo la entrada masiva.
Con estas nuevas diligencias, la causa busca reconstruir la secuencia de los hechos y determinar qué organismos conocían las alertas, cómo respondieron y cuál fue la actuación de las autoridades españolas y marroquíes.