El Constitucional inadmite el recurso contra la suspensión del voto por la ’ley de nietos’
La decisión se limita a cuestiones de admisión y no resuelve el fondo del conflicto, que continúa pendiente ante el Tribunal Supremo.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido no admitir a trámite el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho al voto de los ciudadanos nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida como la 'ley de nietos'.
La decisión no entra a valorar el fondo del conflicto, sino que se limita a la admisión del recurso. Gabilondo había solicitado medidas cautelarísimas para frenar la resolución del Supremo y garantizar que los afectados pudieran participar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
La suspensión afecta a 163.020 personas, que no podrán votar en los comicios salvo que las oficinas consulares acrediten que son descendientes de exiliados. La semana pasada, el Supremo decidió mantener la medida cautelar en dos autos, mientras continúa abierto el procedimiento para que los afectados puedan personarse y presentar alegaciones.
Vox pidió que no se admitiera el recurso
Antes de la decisión del Constitucional, Vox presentó un escrito en el que solicitaba que el recurso del Defensor del Pueblo no fuera admitido. La formación consideraba que era "prematuro", ya que el Tribunal Supremo había establecido el 22 de octubre como fecha límite para que los afectados se personaran y formularan alegaciones.
Además, Vox sostenía que no se había acreditado una vulneración constitucional efectiva ni se había justificado suficientemente la especial trascendencia constitucional del recurso.
El Supremo también había rechazado una petición del Gobierno para levantar la suspensión y había concedido hasta este jueves a los afectados para presentar reclamaciones como parte codemandada.
El Gobierno respeta la decisión, pero mantiene sus críticas a la suspensión
El Ejecutivo ha expresado su "respeto" por la decisión del Tribunal Constitucional y ha recordado que la vía judicial ante el Supremo todavía no está agotada.
Fuentes de Moncloa han subrayado que la inadmisión responde a motivos procedimentales y que el Constitucional no ha resuelto el fondo de la cuestión. Según el Gobierno, tampoco el Supremo ha abordado definitivamente el conflicto.
El Ejecutivo mantiene que todos los ciudadanos españoles tienen derecho al voto, al que considera uno de los derechos fundamentales de la democracia.
"Confiamos en que la decisión definitiva deje claro que no se puede suspender masivamente el derecho de voto con una medida cautelar, sin sentencia firme y sin audiencia a cada afectado", han señalado fuentes gubernamentales, que también han rechazado que puedan existir ciudadanos con diferentes niveles de derechos.