El Gobierno amplía la pensión de viudedad y las ayudas a familias con hijos dependientes
El paquete extiende la cobertura a algunas parejas no casadas, prolonga las ayudas CUME hasta los 26 años y moviliza 225 millones para vivienda asequible.
El nuevo decreto extiende la cobertura a parejas no casadas que cumplan ciertos requisitos, prolonga hasta los 26 años las ayudas CUME en determinados casos y mejora las prestaciones para víctimas de violencia de género y terrorismo. También incluye cambios en las bajas médicas y nuevas inversiones en vivienda asequible.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley con nuevas medidas sociales destinadas a ampliar la protección económica de distintos colectivos. Entre las principales novedades figuran la extensión de la pensión de viudedad a determinadas parejas no casadas ni registradas como parejas de hecho, la ampliación de las ayudas para el cuidado de hijos con enfermedades graves y la mejora de varias prestaciones.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado que el paquete busca responder a necesidades que, según ha señalado, habían quedado desatendidas. La portavoz del Ejecutivo ha defendido que las medidas son fruto del diálogo social y del trabajo con las asociaciones implicadas.
El decreto puede entrar en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque deberá ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso en un plazo máximo de 30 días.
La pensión de viudedad llegará a más parejas
Una de las principales modificaciones afecta a las parejas que no estaban casadas ni inscritas como parejas de hecho. Podrán acceder a la pensión de viudedad si acreditan haber convivido durante al menos dos años y tienen hijos en común.
En los casos de fallecimientos anteriores, quienes solicitaron la prestación y recibieron una resolución denegatoria dispondrán de un año para reclamar. El reconocimiento económico tendrá efectos desde el mes siguiente a la presentación de la solicitud.
El decreto también amplía las ayudas CUME, destinadas a progenitores que necesitan reducir su jornada laboral para cuidar de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. La prestación podrá prolongarse hasta los 26 años cuando el hijo tenga una discapacidad superior al 65 % o un grado de dependencia 3. Además, ambos progenitores podrán utilizar la ayuda de forma simultánea o alterna.
Nuevas bajas médicas y más protección para las víctimas
El paquete incorpora bajas médicas especiales para mujeres con patologías incapacitantes asociadas a la menopausia y para víctimas de violencia de género que sufran lesiones que les impidan trabajar.
Estas bajas tendrán una prestación equivalente al 60 % de la base reguladora hasta el día 20 y al 75 % a partir de entonces. Según lo explicado por el Gobierno, la empresa abonará el salario correspondiente al primer día y la Seguridad Social asumirá después el pago de la prestación.
También se modificará la cobertura por incapacidad temporal de las personas afectadas por catástrofes, que se equiparará a la prevista para los accidentes laborales. La medida se aplicará tanto a trabajadores por cuenta ajena como a autónomos y convertirá en una regla general una protección que ya se había utilizado en tragedias como la dana de Valencia.
Suben las prestaciones para huérfanos y víctimas del terrorismo
La reforma eleva las pensiones contributivas y no contributivas de los huérfanos y huérfanas por violencia de género hasta una cuantía equivalente al doble del salario mínimo interprofesional (SMI).
Las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas también tendrán como mínimo esa cuantía. De acuerdo con la información facilitada por el Ejecutivo, el importe equivaldría actualmente a 2.442 euros.
Asimismo, se equipararán las indemnizaciones para las víctimas del terrorismo con independencia de que exista una sentencia penal, tanto en los casos de lesiones incapacitantes como en los fallecimientos.
Otra modificación afecta al Fondo de Garantía del Pago de Alimentos. La cuantía máxima de los anticipos por beneficiario aumentará de 100 a 300 euros para atender los incumplimientos en el pago de la manutención de menores tras separaciones o divorcios. Además, los anticipos podrán mantenerse mientras siga vigente la obligación de pago, en lugar de limitarse a un periodo de 18 meses.
El subsidio especial por nacimiento y cuidado de menor, de 19 semanas, se extenderá también a los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
El Gobierno destina 225 millones a vivienda asequible
Junto con las medidas sociales, el Consejo de Ministros ha aprobado dos partidas para ampliar la oferta de vivienda a precios asequibles.
La primera contempla una inversión de 180 millones de euros para impulsar la promoción de viviendas en 317 municipios con zonas de mercado residencial tensionado de Cataluña, Navarra, Euskadi, Galicia y Asturias.
La segunda asigna 45 millones de euros a la creación de alojamientos asequibles para estudiantes y miembros de la comunidad universitaria.
Con estas actuaciones, el Ejecutivo incorpora al mismo paquete medidas relacionadas con las pensiones, la conciliación, la protección frente a situaciones de vulnerabilidad y el acceso a la vivienda.