Las claves de las pensiones en España ante el debate sobre su sostenibilidad y la subida de 2027
El debate político enfrenta distintas propuestas sobre la sostenibilidad del modelo público mientras el Gobierno prepara la revalorización de las prestaciones según la inflación.
Las pensiones se han convertido en uno de los principales temas de la precampaña electoral, con el debate centrado en la sostenibilidad del sistema público y la revalorización de las prestaciones. España destina alrededor de 190.000 millones de euros anuales a las pensiones y prepara la actualización correspondiente a 2027.
El sistema público de pensiones vuelve a ocupar un lugar central en el debate político español. Vox ha propuesto reformar el modelo para introducir una estructura mixta, pública y privada, mientras que el Partido Popular ha defendido la necesidad de garantizar su sostenibilidad y mantener la actualización de las prestaciones conforme al índice de precios de consumo (IPC). El PSOE, por su parte, reivindica las reformas impulsadas por el Gobierno y defiende la continuidad del modelo actual.
El debate afecta directamente a unos 9,5 millones de pensionistas. Además, el Ejecutivo debe determinar antes de finalizar el año cuánto aumentarán las prestaciones en 2027, una decisión vinculada a la evolución de la inflación.
Aunque el anuncio de la subida podría coincidir con el cierre de la campaña electoral, el dato definitivo del IPC no se conocerá hasta diciembre. Más allá de la disputa política, entender cómo funciona el sistema permite conocer de dónde sale el dinero para pagar las jubilaciones, cómo se calcula cada prestación y qué requisitos deben cumplirse para acceder a ella.
¿Qué es la pensión de jubilación?
La pensión de jubilación es una prestación económica que reciben las personas cuando se retiran de la vida laboral y cumplen los requisitos establecidos. Su cuantía depende, principalmente, de las bases de cotización acumuladas durante la vida laboral y del número de años cotizados.
La Seguridad Social es la encargada de gestionar el sistema público, que supone un gasto anual aproximado de 190.000 millones de euros, equivalente al 13% del producto interior bruto (PIB), según los datos recogidos en la información original.
El sistema español tiene sus antecedentes en el Retiro Obrero, creado en 1919 como seguro obligatorio de jubilación. Posteriormente se implantó el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), en 1947. La estructura del sistema público actual se consolidó con la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963, que entró en vigor el 1 de enero de 1967.
¿Cuáles son los principios del sistema de pensiones?
El modelo español funciona fundamentalmente mediante un sistema de reparto: las cotizaciones de los trabajadores y las empresas financian las prestaciones que reciben los pensionistas en cada momento.
La cuantía de la pensión contributiva guarda relación con las aportaciones realizadas durante la vida laboral. El sistema también contempla prestaciones no contributivas para personas que no han cotizado lo suficiente o que carecen de los requisitos necesarios para acceder a una pensión contributiva, siempre que cumplan las condiciones establecidas.
En los últimos años se han aprobado dos reformas relevantes. La de 2021 estableció la revalorización anual de las pensiones conforme al IPC, mientras que la de 2023 introdujo cambios destinados, según el Gobierno, a reforzar la sostenibilidad financiera del modelo.
Esta última reforma estuvo vinculada a los compromisos asumidos por España para recibir los fondos europeos Next Generation y fue impulsada por José Luis Escrivá durante su etapa al frente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
¿Cómo se calcula la pensión de jubilación?
La cuantía de una pensión contributiva se determina a partir de la base reguladora y del porcentaje que corresponde según los años cotizados. En determinados casos, se aplican coeficientes reductores, por ejemplo, cuando la jubilación se produce anticipadamente.
Hasta 2026, el cálculo se basaba en las cotizaciones de los últimos 25 años. Sin embargo, la reforma de 2023 introdujo un modelo dual que permite optar progresivamente entre dos fórmulas: considerar los últimos 25 años cotizados o ampliar el periodo a 29 años, excluyendo los dos peores, para computar 27 años.
La Seguridad Social aplicará la fórmula más favorable para el trabajador, de acuerdo con el calendario de implantación de la reforma.
En 2026, la pensión máxima se sitúa en 3.359,60 euros mensuales en 14 pagas, mientras que la prestación media alcanza los 1.373,40 euros al mes, según las cifras recogidas en el texto original.
En cuanto a las pensiones mínimas, la información sitúa la prestación para pensionistas de 65 años o más en 12.441,80 euros anuales y en 17.592,40 euros cuando tienen un cónyuge a cargo.
Las pensiones no contributivas alcanzan una media de 8.803,20 euros anuales en 14 pagas, equivalentes a 628,80 euros mensuales.
¿Cómo se revalorizan las pensiones?
La reforma de 2021 estableció que las pensiones deben actualizarse anualmente conforme a la inflación. El objetivo es preservar el poder adquisitivo de los pensionistas ante el incremento del coste de la vida.
La subida correspondiente a 2027 se calculará a partir de la inflación media de los doce meses anteriores a diciembre de 2026. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará un dato adelantado del IPC de noviembre el 27 de noviembre, mientras que la cifra definitiva se conocerá en diciembre.
El calendario permitirá que el Gobierno anuncie una estimación de la revalorización durante la campaña electoral, aunque el porcentaje definitivo dependerá del dato oficial.
Los expertos citados en la información original calculan que el incremento podría rondar el 3,5%. Como referencia, la revalorización general aplicada el año anterior fue del 2,7%.
¿A qué edad se puede jubilar una persona en España?
La edad legal de jubilación en 2026 es de 66 años y seis meses para quienes no alcanzan el periodo de cotización exigido para retirarse a los 65 años. Las personas que acreditan al menos 38 años cotizados pueden jubilarse a los 65.
Para acceder a una pensión contributiva de jubilación se exige un mínimo de 15 años de cotización. Además, al menos dos de esos años deben encontrarse dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la solicitud, conforme a los requisitos generales descritos en el texto.
¿Cómo se financia el sistema público?
La financiación de las pensiones se apoya en las cotizaciones sociales de trabajadores y empresas, los recursos presupuestarios y las transferencias del Estado destinadas a cubrir determinadas prestaciones y obligaciones.
Cuando los ingresos ordinarios no son suficientes para atender los gastos, el sistema puede recibir recursos adicionales del Estado y de los fondos de la Seguridad Social.
La reforma de 2023 incorporó mecanismos para aumentar los ingresos y reforzar la financiación futura. Entre ellos figura la cuota de solidaridad, que grava progresivamente la parte de los salarios que supera la base máxima de cotización. Según el calendario previsto, su tipo alcanzará el 6% en 2045.
Otro instrumento es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), destinado a nutrir el Fondo de Reserva de las pensiones. Se implantó en 2023 con un tipo inicial del 0,6%: un 0,5% a cargo de la empresa y un 0,1% del trabajador.
El porcentaje está previsto que aumente progresivamente hasta alcanzar el 1,2% en 2029, repartido entre un 1% para la empresa y un 0,2% para el trabajador.
Estos mecanismos forman parte de la estrategia del Ejecutivo para afrontar las presiones financieras que supondrá el envejecimiento de la población y el aumento del número de jubilados en las próximas décadas.
El futuro de las pensiones, en el centro del debate político
La sostenibilidad del sistema público y la garantía del poder adquisitivo de los pensionistas se han convertido en dos de las cuestiones centrales de la precampaña. Mientras Vox plantea un modelo mixto, el PP defiende reformar el sistema para garantizar su viabilidad sin renunciar a la actualización de las prestaciones conforme al IPC. El Gobierno reivindica las reformas aprobadas y mantiene su compromiso con la revalorización anual.
La próxima subida, prevista para enero de 2027, volverá a poner a prueba tanto el calendario administrativo como las posiciones de los partidos. En el fondo del debate está el desafío de mantener las pensiones de millones de personas y asegurar que el sistema disponga de recursos suficientes para las generaciones futuras.