CCOO y UGT exigen subir el salario mínimo un 7% en 2027, hasta los 1.306,5 euros
Los sindicatos vinculan la mejora de los salarios con la pérdida de poder adquisitivo y la crisis de la vivienda, en vísperas de la actualización del SMI.
Unai Sordo y Pepe Álvarez reclaman elevar el SMI desde los 1.221 euros mensuales actuales y proponen aumentos de entre el 4% y el 7% para los salarios de convenio. Los sindicatos vinculan sus demandas salariales con la huelga general del 11 de noviembre contra la crisis de la vivienda.
CCOO y UGT han reclamado al Gobierno una subida del 7% del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027, que situaría la cuantía mensual en 1.306,5 euros, frente a los 1.221 euros actuales. La propuesta fue presentada por los secretarios generales de ambas organizaciones, Unai Sordo y Pepe Álvarez, que consideran necesario compensar la pérdida de poder adquisitivo provocada por el encarecimiento del coste de la vida.
La exigencia sindical llega mientras la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acelera los trámites para abordar la próxima actualización del salario mínimo. El objetivo del Ejecutivo es aprobar la subida en el Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Con este anuncio, los sindicatos se adelantan a las recomendaciones del Comité Asesor, el grupo de expertos encargado de proponer el incremento para 2027 antes del 2 de noviembre.
Los sindicatos alertan de la pérdida de poder adquisitivo
CCOO y UGT justifican su petición en la evolución de los precios durante 2026. Según sus cálculos, la inflación ha generado un desfase cercano al 2% respecto al incremento del SMI aprobado para este año, del 3,1%.
Para compensar esa diferencia y evitar un nuevo deterioro de la capacidad de compra, las organizaciones consideran que el salario mínimo debería aumentar al menos un 7%.
La propuesta se sitúa por encima de las previsiones de inflación para este ejercicio, que apuntan a una variación media del índice de precios de consumo (IPC) de entre el 3,6% y el 3,9%. El mantenimiento del poder adquisitivo es uno de los criterios que debe tener en cuenta el comité de expertos en su recomendación.
La reclamación salarial forma parte de la estrategia con la que ambas centrales sindicales defienden la convocatoria de huelga general prevista para el próximo 11 de noviembre. CCOO y UGT pretenden vincular la protesta contra la crisis de la vivienda con las condiciones laborales y salariales, después de que se haya cuestionado la legalidad de la convocatoria.
Una huelga que también busca desbloquear la negociación salarial
Los sindicatos no limitan sus demandas al salario mínimo. También reclaman incrementos de entre el 4% y el 7% para los sueldos fijados en convenio colectivo, en función de cada sector.
La petición se produce en un contexto de bloqueo del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), cuya negociación lleva un año paralizada, según las organizaciones sindicales, por la negativa de la patronal CEOE a negociar nuevas subidas salariales.
"No hay convenio que resista el impacto que tiene sobre el coste de la vida el precio de la vivienda", advirtió Álvarez. El secretario general de UGT defendió que esta situación justifica la movilización sindical.
Sordo reconoció que la convocatoria constituye una fórmula "heterodoxa", pero sostuvo que tiene "una vertiente salarial clarísima". Ambos dirigentes aseguraron que la preocupación por la vivienda ya formaba parte de sus reivindicaciones antes de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto electoral y negaron que la decisión de convocar la huelga respondiera a la presión del Sindicato de Inquilinas.
Álvarez recordó que la vivienda ha sido una de las cuestiones planteadas por los sindicatos tanto en las movilizaciones del Primero de Mayo como en las negociaciones del AENC.
Presión a las administraciones por la crisis de la vivienda
CCOO y UGT consideran responsables de la situación tanto al Gobierno central como a las comunidades autónomas y a los grupos políticos que han rechazado determinadas medidas legislativas en materia de vivienda.
"En la política de vivienda en España no se puede eximir de responsabilidad a ninguna administración pública", afirmó Sordo.
Los sindicatos sostienen que la crisis responde a décadas de gestión insuficiente y plantean varias medidas para facilitar el acceso a una vivienda asequible. Entre ellas figuran aumentar la inversión en vivienda pública, endurecer la regulación de los pisos turísticos y prohibir que los fondos de inversión acumulen viviendas con fines especulativos.
El secretario general de CCOO reclamó una actuación contundente contra estos fondos y afirmó: "Hay que echarlos a gorrazos".
Con la propuesta de elevar el SMI un 7% y la convocatoria de huelga general como principales instrumentos de presión, las centrales sindicales buscan situar los salarios y el acceso a la vivienda en el centro de la agenda política antes de las elecciones del 29 de noviembre.