La Junta Electoral abre un expediente sancionador a Sánchez por anunciar medidas de vivienda en La Moncloa
El órgano electoral plantea una sanción de entre 300 y 3.000 euros por su comparecencia sobre vivienda y mantiene la incertidumbre sobre los comicios del 29 de noviembre.
La JEC estudia imponer al presidente una multa de entre 300 y 3.000 euros por una comparecencia del 6 de octubre denunciada por el PP. Además, traslada al Supremo la incertidumbre sobre el voto de 163.020 nacionalizados por la ley de nietos ante las elecciones del 29 de noviembre.
La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado abrir un expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la rueda de prensa que ofreció en La Moncloa el pasado 6 de octubre para anunciar dos decretos relacionados con la vivienda. La sanción podría oscilar entre 300 y 3.000 euros, aunque el órgano electoral todavía no ha determinado su cuantía.
La decisión responde a una denuncia presentada por el Partido Popular, que considera que Sánchez utilizó la sede de la Presidencia del Gobierno para difundir mensajes de carácter electoral, destacar los logros de su Ejecutivo y criticar a la oposición. Según los populares, estas actuaciones podrían vulnerar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
La JEC, sin embargo, ha archivado otra de las denuncias del PP, relativa a la declaración institucional del 5 de octubre en la que Sánchez anunció la convocatoria anticipada de elecciones generales para el 29 de noviembre. En ese caso, el órgano electoral ha considerado que la comparecencia se produjo fuera del periodo electoral.
El expediente abierto por la rueda de prensa del día siguiente se refiere a la presentación de dos decretos sobre vivienda que todavía deben ser convalidados por la Diputación Permanente del Congreso.
El PP celebra la decisión y acusa a Sánchez de reincidir
El Partido Popular ha celebrado la apertura del expediente y ha acusado al presidente del Gobierno de vulnerar la normativa electoral apenas un día después de convocar las elecciones.
"Dijimos que no le dejaríamos pasar ni una: primera victoria conseguida", ha afirmado la formación, que sostiene que Sánchez acumula antecedentes por actuaciones similares.
Según el PP, el presidente ha vulnerado la legislación electoral en seis procesos y ha recibido cuatro multas por un importe total de 6.600 euros, además de otras dos sanciones confirmadas por el Tribunal Supremo. La formación considera que el nuevo expediente podría elevar a siete las ocasiones en las que el jefe del Ejecutivo ha sido objeto de este tipo de actuaciones.
Por el momento, la JEC no ha fijado la cuantía de la posible multa derivada de la comparecencia del 6 de octubre.
La JEC descarta añadir nuevas medidas sobre el voto por correo
Durante su reunión, el órgano electoral también abordó las preocupaciones planteadas por el PP sobre las garantías del voto por correo de cara a los comicios del 29 de noviembre.
Tras analizar un informe de Correos sobre los controles y las medidas de seguridad del sistema, la JEC ha concluido que no es necesario incorporar nuevas precauciones. En su resolución, señala que "no se añaden causas o motivos para nuevas preocupaciones".
Durante el debate, uno de los vocales propuestos por el PP planteó incluir el informe de Correos en la resolución, pero la propuesta no salió adelante y no llegó a solicitarse una votación sobre ella.
Según la información sobre la reunión, varios miembros de la Junta expresaron su rechazo a las afirmaciones que ponen en duda la seguridad del voto por correo sin aportar fundamentos suficientes.
La incertidumbre sobre el voto de los nacionalizados por la ley de nietos
Otro de los asuntos centrales de la reunión fue la situación de los españoles nacionalizados al amparo de la denominada ley de nietos, cuya participación en las elecciones está pendiente de una decisión del Tribunal Supremo.
La controversia afecta a 163.020 personas que podrían haber obtenido la nacionalidad mediante la instrucción de noviembre de 2022 vinculada a la Ley de Memoria Democrática. Estas personas forman parte de los 2,7 millones de inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), según las cifras recogidas en la información.
La JEC considera que no dispone del tiempo ni de los medios necesarios para determinar qué expedientes cumplen los requisitos relacionados con el exilio político establecidos en la normativa. Por ello, ha vuelto a trasladar al Tribunal Supremo la responsabilidad de aclarar cómo debe resolverse la situación.
El órgano electoral ha dispuesto que la Oficina del Censo Electoral envíe la documentación necesaria para votar a todos los inscritos en el CERA, acompañada de una advertencia sobre la validez de los sufragios. Su contabilización podría quedar pendiente de lo que determine finalmente el Supremo durante el escrutinio.
Aunque la comunicación se remitirá a los 2,7 millones de electores registrados en el extranjero, la incertidumbre afecta específicamente a los nacionalizados por la ley de nietos cuyos derechos electorales estén pendientes de resolución judicial.
La JEC remite el problema al Tribunal Supremo
La Junta Electoral comunicará su decisión al alto tribunal para que este determine las indicaciones que considere oportunas. La mayoría de sus miembros entiende que corresponde al Supremo aclarar el alcance de sus resoluciones y establecer cómo debe comprobarse qué nacionalizados cumplen los requisitos legales.
Los cuatro vocales propuestos por el PP defendieron que podría pedirse a las oficinas consulares que agilizaran la revisión de los expedientes, diferenciando entre quienes cumplen las condiciones y quienes no. Sin embargo, la mayoría de la JEC consideró que esa cuestión también debe resolverse en el ámbito judicial.
La decisión deja pendiente una cuestión relevante de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre: cómo garantizar el ejercicio del derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero mientras se aclara la situación jurídica de parte de los nacionalizados por la ley de nietos.