Una segunda militante del PP denuncia por presunta agresión sexual al alcalde de Algeciras
La denunciante sitúa los hechos en el despacho municipal el pasado 10 de julio; la Fiscalía del Tribunal Supremo analiza otra denuncia contra José Ignacio Landaluce.
La mujer asegura que el alcalde, José Ignacio Landaluce, la habría agredido en su despacho municipal en julio. El PP de Cádiz ha reclamado su dimisión tras conocer las denuncias de dos afiliadas, mientras la Fiscalía del Tribunal Supremo analiza un caso anterior.
Una segunda militante del Partido Popular ha presentado una denuncia por presunta agresión sexual contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. La mujer sostiene que los hechos ocurrieron el pasado 10 de julio en el despacho oficial del regidor, cuando acudió al Ayuntamiento para tratar un asunto relacionado con su trabajo.
La denuncia se suma a otra presentada semanas antes por una mujer que también pertenece al PP y que atribuye a Landaluce dos episodios de presunta agresión sexual, ocurridos en 2020 y 2021. Tras conocer los testimonios de ambas afiliadas, el PP de Cádiz ha reclamado la dimisión inmediata del alcalde, según informó la formación provincial, presidida por Bruno García.
Landaluce, de 67 años, gobierna Algeciras con el apoyo de 15 concejales populares y ocupa la Alcaldía desde 2011. Los hechos denunciados están pendientes de esclarecimiento judicial.
La denuncia sitúa los hechos en el despacho de la Alcaldía
Según el relato recogido en la segunda denuncia, la mujer acudió al Ayuntamiento después de las 14.00 horas del 10 de julio por una cuestión laboral. Al conocer su presencia, el alcalde la habría invitado a entrar en su despacho para hablar de un asunto relacionado con una tercera persona.
Durante la conversación, Landaluce, médico de profesión, habría preguntado a la joven por unos lunares que tenía en el pecho. De acuerdo con la denuncia, esa conversación habría derivado en un acercamiento físico y en tocamientos en ambos senos por debajo de la camiseta, sin su consentimiento.
La mujer relata que quedó paralizada y que inicialmente tuvo dificultades para comprender lo ocurrido. Según su testimonio, el estado de conmoción se prolongó durante las horas y los días posteriores, hasta que el domingo 12 de julio logró dimensionar la gravedad de lo sucedido.
La denunciante afirma que desde entonces ha sufrido un deterioro de su bienestar emocional. Tras recibir atención psicológica, habría terminado solicitando una baja laboral al comprobar que su malestar persistía y empeoraba con el paso de las semanas.
El escrito presentado ante la Justicia describe los hechos como "una intromisión corporal de naturaleza sexual, no solicitada ni consentida, producida en el despacho oficial del alcalde y acompañada de una apariencia de preocupación sanitaria".
La mujer afirma que informó a miembros del equipo de gobierno
La denunciante sostiene que puso lo ocurrido en conocimiento de varios concejales del equipo de gobierno municipal. Según su versión, algunos se comprometieron inicialmente a hablar con el alcalde para pedirle explicaciones, pero los días pasaron sin que, asegura, se adoptaran medidas.
La mujer afirma que posteriormente recibió disculpas por no haber sido advertida de la conveniencia de evitar quedarse a solas con Landaluce. Según interpreta, esos comentarios le hicieron pensar que podrían haberse producido otros comportamientos similares con mujeres de su entorno.
La decisión de acudir a la Justicia llegó después de que hablara del caso con el PP de Cádiz y conociera la existencia de la investigación relacionada con la primera denunciante, también afiliada al partido.
Las afirmaciones sobre posibles antecedentes de comportamiento abusivo forman parte del relato de la denunciante y no constituyen, por sí mismas, una acreditación judicial de otros hechos.
La Fiscalía del Supremo investiga una primera denuncia
La segunda denuncia se conoce después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo comenzara a analizar el caso de otra militante del PP. Según la denuncia presentada el 2 de septiembre, Landaluce habría protagonizado dos episodios de presunta agresión sexual contra esa mujer: uno en 2020, en el centro médico que dirige, y otro en 2021, en el Ayuntamiento.
El escrito también plantea un posible delito contra la Administración pública. Según la denunciante, el alcalde le habría ofrecido un puesto de trabajo para evitar que hablara de lo sucedido o presentara una denuncia.
El caso llegó a la Fiscalía del Supremo porque Landaluce mantenía entonces su condición de senador y, por tanto, estaba aforado. La denuncia más reciente, en cambio, se ha presentado ante la Justicia ordinaria después de la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral, que pusieron fin a esa protección parlamentaria.
El alcalde ya había sido objeto de una investigación anterior a raíz de una acusación presentada por el PSOE de Cádiz ante la Fiscalía del Supremo. Aquella actuación terminó archivada. Tras ese episodio, Landaluce solicitó la baja de militancia en el PP y abandonó el Grupo Popular en el Senado, aunque conservó su acta y pasó al Grupo Mixto.
El PP reclama su dimisión
El PP de Cádiz ha pedido la dimisión inmediata de Landaluce tras conocer las denuncias de las dos afiliadas. La posición de la dirección provincial se produce después de que el partido hubiera recibido anteriormente quejas sobre presuntos comportamientos machistas del alcalde durante su etapa en el Senado.
Según fuentes citadas en la información, la formación se planteaba buscar un relevo para las elecciones municipales de 2027. Sin embargo, los 15 concejales del PP en Algeciras han continuado respaldando al regidor. Hasta ahora, la dirección regional había señalado que todavía no se había decidido quién encabezaría la candidatura municipal.
Landaluce, que ha sido diputado y senador por Cádiz en distintas legislaturas, también preside la Asociación Española de Centros Médicos.
La presentación de esta segunda denuncia eleva la presión política sobre el alcalde, mientras las actuaciones judiciales deberán determinar las circunstancias de los hechos denunciados y las posibles responsabilidades penales.