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Members of the media gather outside the ruling Spanish Socialist Party (PSOE) headquarters after agents from the UCO, the Civil Guard unit specializing in complex and sensitive investigations, entered the premises to demand documents, in Madrid, on May 27, 2026 Oscar DEL POZO / AFP via Getty Images

Anticorrupción pide esperar a que se practiquen las diligencias pendientes, entre ellas la declaración de Santos Cerdán, antes de decidir si el partido debe ser investigado como persona jurídica

La Fiscalía Anticorrupción considera prematuro imputar por ahora al PSOE como persona jurídica, pese a que aprecia indicios que podrían justificar que el partido termine incorporándose a la causa como investigado. En un escrito presentado este jueves, el departamento dirigido por Alejandro Luzón se opone de momento a la petición del PP y señala que antes deben completarse varias diligencias pendientes, entre ellas la declaración de Santos Cerdán.

La posición de la Fiscalía no descarta que el PSOE pueda acabar siendo llamado al procedimiento. Lo que rechaza es que esa decisión se adopte ahora, cuando todavía quedan actuaciones por practicar y con las elecciones generales del 29 de noviembre ya convocadas.

El PP pidió que Pedraz investigue al partido

El PP presentó su petición apenas 24 horas después de que Pedro Sánchez anunciara la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral. La formación reclamó al juez Santiago Pedraz que cite al PSOE como persona jurídica investigada y que designe a un representante para declarar en la causa.

Los populares sostienen que las diligencias practicadas hasta ahora permiten apreciar indicios de que determinados gastos relacionados con la trama no respondían únicamente a decisiones personales de sus protagonistas, sino que habrían utilizado medios, dinero e instalaciones del propio partido.

El escrito pone el foco especialmente en la responsabilidad que atribuyen a Santos Cerdán durante su etapa como secretario de Organización y en los mecanismos internos de control del PSOE. También recoge las declaraciones de la gerente socialista, Ana María Fuentes Pacheco, y de otros responsables y trabajadores de Ferraz sobre la autorización y el pago de determinados gastos.

A partir de ese material, el PP considera que existen "indicios racionales" para investigar una posible responsabilidad penal del PSOE al amparo del artículo 31 bis del Código Penal. La formación pide que se examine su eventual responsabilidad por delitos como cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, financiación ilegal y malversación.

La declaración de la gerente elevó la presión sobre el PSOE

La petición del PP llega después de la declaración de la gerente socialista, que, según la información recogida en la causa, no habría despejado las dudas sobre el sistema de pagos que se está investigando.

Sus explicaciones han puesto el foco en cómo se controlaban, justificaban y abonaban determinados gastos, así como en la trazabilidad del dinero. Este escenario ha reforzado la posibilidad de que, una vez completadas las diligencias, la Fiscalía o el propio juez valoren investigar formalmente al PSOE como persona jurídica.

La cuestión que queda ahora pendiente es cuándo podría producirse ese paso. La Fiscalía considera que todavía no es el momento y reclama que se complete primero la instrucción.

La decisión queda en manos del juez

El rechazo de Anticorrupción a la petición del PP no supone, por tanto, cerrar la puerta a una futura investigación del PSOE. La decisión definitiva corresponderá al juez Santiago Pedraz, una vez avance la instrucción y se practiquen las diligencias pendientes.

El momento en que el PP ha planteado su solicitud también ha generado un componente político en torno a la causa. Los populares formularon la petición en plena precampaña y después de la convocatoria de las elecciones, mientras que la Fiscalía ha optado por no precipitar una decisión que tendría consecuencias procesales para el partido.

Por ahora, el procedimiento continúa abierto y la posible responsabilidad del PSOE como persona jurídica queda pendiente de las próximas actuaciones judiciales.