La sentencia del Constitucional abre la vía para la amnistía de Puigdemont y cambia su situación judicial
La decisión del Supremo llega tras el aval del Constitucional a aplicar la Ley de Amnistía a la malversación del procés en el caso de Dolors Bassa.
Llarena deja sin efecto las órdenes nacionales contra el expresidente catalán y los exconsellers Comín y Lluís Puig tras el fallo sobre Dolors Bassa
La situación judicial de Carles Puigdemont ha cambiado de forma inmediata después de que el Tribunal Constitucional avalara la aplicación de la Ley de Amnistía al delito de malversación relacionado con el procés. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dejado sin efecto las órdenes nacionales de detención que pesaban sobre el expresidente catalán y los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig.
La decisión del magistrado se produce después de que el Constitucional aprobara por siete votos frente a cinco la ponencia de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, sobre el recurso de amparo presentado por Dolors Bassa. La resolución considera que la interpretación realizada por el Supremo para excluir la malversación de la amnistía vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva.
Aunque el fallo se refiere al caso de Bassa, sus efectos pueden alcanzar a otros dirigentes del procés que se encuentran en una situación jurídica similar. Entre ellos están Puigdemont, Comín y Lluís Puig, cuya causa por malversación se encuentra vinculada a la misma controversia jurídica.
Llarena deja las órdenes en suspenso
El auto de Llarena deja sin efecto de manera inmediata las órdenes nacionales de busca, captura y detención contra Puigdemont, Comín y Lluís Puig. La decisión ha sido comunicada a la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra para que no ejecuten una privación de libertad basada en esas órdenes.
El magistrado adopta esta medida aunque todavía no disponía del texto íntegro de la sentencia del Constitucional. En su resolución explica que, ante la nueva situación jurídica, mantener las órdenes podría provocar una privación de libertad que posteriormente resultara improcedente si el contenido del fallo constitucional terminara afectando a la situación de los tres dirigentes independentistas.
La decisión tiene carácter provisional. Llarena señala que, una vez reciba la sentencia completa, volverá a pronunciarse sobre la continuidad o modificación de lo acordado.
Por tanto, el levantamiento de las órdenes no equivale todavía a una declaración definitiva de amnistía para Puigdemont, Comín y Lluís Puig. Su situación deberá ser concretada mediante las resoluciones judiciales que correspondan tras aplicar la doctrina fijada por el Constitucional.
El Constitucional corrige la interpretación sobre la malversación
El origen del nuevo escenario está en la interpretación que el Tribunal Supremo había realizado de la Ley de Amnistía.
La Sala Penal había considerado que la malversación atribuida a los dirigentes del procés quedaba fuera del ámbito de la norma porque concurría la excepción relativa al enriquecimiento personal. En el caso de Puigdemont, Comín y Lluís Puig, esa interpretación llevó a mantener las órdenes nacionales de detención.
El Constitucional ha rechazado ahora ese criterio en el caso de Dolors Bassa. La mayoría del tribunal considera que la interpretación aplicada por el Supremo vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva y concluye que la malversación cometida en el contexto del procés puede quedar cubierta por la Ley de Amnistía.
La decisión no se limita a resolver la situación individual de Bassa. Al establecer el criterio constitucional sobre la interpretación de la norma, marca la pauta que deberán seguir los tribunales al analizar otros casos en los que se plantee la misma cuestión.
El propio Constitucional ya había avanzado esta línea en su pronunciamiento sobre Jordi Turull, después de que la mayoría rechazara una ponencia que defendía mantener la interpretación del Supremo.
Puigdemont queda más cerca de recuperar su situación anterior
El primer efecto de la nueva doctrina ya se ha producido con la decisión de Llarena. Puigdemont puede regresar a España sin que, por el momento, pueda ejecutarse contra él la orden nacional de detención que estaba vinculada al delito de malversación.
Eso no significa que todos los procedimientos pendientes hayan quedado resueltos de manera automática. El juez instructor tendrá que recibir formalmente la sentencia y determinar cómo afecta a la causa de Puigdemont, Comín y Lluís Puig.
La decisión del Supremo supone, sin embargo, un cambio sustancial respecto al escenario que se mantenía desde julio de 2024, cuando Llarena declaró que la amnistía no era aplicable a la malversación atribuida a los tres dirigentes y mantuvo las órdenes nacionales de detención.
Ahora, la doctrina fijada por el Constitucional obliga a revisar aquella interpretación. La siguiente fase será determinar formalmente el alcance de la amnistía en cada caso y las consecuencias que tendrá sobre las responsabilidades penales que todavía permanecen abiertas.
El pronunciamiento constitucional y la respuesta inmediata de Llarena dejan así encarrilado el principal obstáculo jurídico que impedía a Puigdemont beneficiarse de la amnistía por malversación. La decisión definitiva sobre su situación tendrá que concretarse en las próximas resoluciones judiciales.