El vencimiento de casi 1.000 kilómetros de autovías amenaza su conservación tras el 29-N
El fin de las concesiones de peaje en sombra coincide con la suspensión de la nueva licitación y obliga a Transportes a estudiar contratos de emergencia.

El fin de las concesiones de peaje en sombra está previsto para diciembre, pero la nueva contratación de los servicios de mantenimiento permanece bloqueada. Transportes plantea recurrir a contratos de emergencia, una solución provisional que el sector considera insuficiente para garantizar los estándares de seguridad y conservación de las carreteras.
El Estado afronta un problema inminente en la gestión de sus infraestructuras viarias: cerca de 1.000 kilómetros de autovías podrían quedarse sin un contrato ordinario de conservación cuando finalicen, en diciembre, las concesiones de peaje en sombra. El adelanto electoral ha complicado la transición hacia el nuevo modelo de mantenimiento y ha dejado en suspenso una licitación que ya había sido recurrida por las empresas del sector.
La alternativa que, según fuentes empresariales, ha planteado el Ministerio de Transportes es recurrir a contratos de emergencia para garantizar la continuidad de los servicios. Sin embargo, las compañías advierten de que este mecanismo está concebido para actuaciones puntuales y no para sustituir durante un periodo prolongado los contratos integrales de conservación.
El problema afecta especialmente a las denominadas autovías de primera generación: la A-1, A-2, A-3, A-31 y A-4. Estas carreteras fueron construidas durante los años ochenta y posteriormente sometidas a un proceso de modernización mediante concesiones administrativas.
El origen del problema: concesiones que terminan en diciembre
El modelo de peaje en sombra permite que la Administración pague a las empresas concesionarias en función del tráfico registrado, en lugar de cobrar directamente a los conductores. En 2007, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recurrió a esta fórmula para renovar 993 kilómetros de las autovías de primera generación.
Las obras y la conservación quedaron en manos de grandes compañías como Sacyr, ACS, OHL, FCC, Ferrovial y Azvi, mediante concesiones de 19 años.
En 2024, el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió no prorrogar esos contratos una vez alcanzaran su vencimiento y sustituirlos por contratos de conservación integral. No obstante, el Ministerio de Transportes, entonces dirigido por Óscar Puente, no publicó la licitación hasta julio de este año, cuando quedaban aproximadamente seis meses para la finalización de las concesiones.
Los pliegos generaron un fuerte rechazo entre las empresas del sector. La patronal de conservación de carreteras, ACEX, presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), al considerar que el sistema de adjudicación daba excesiva prioridad al precio más bajo frente a la calidad técnica de las ofertas.
El tribunal acordó suspender el procedimiento de contratación. La controversia también provocó el rechazo de los sindicatos, preocupados por el impacto que la reducción de precios podía tener sobre las condiciones de subrogación de los trabajadores.
La licitación suspendida no se limitaba a las autovías de primera generación. También incluía contratos de conservación de otras vías que han revertido al Estado, como la AP-68, la AP-7 y la AP-2 catalanas. En conjunto, el plan contemplaba una inversión de 1.006 millones de euros, distribuida en seis expedientes y 29 lotes, para conservar 3.670 kilómetros de carreteras en diez comunidades autónomas.
Los contratos de emergencia, una solución provisional
La dimisión de Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Urda y la reorganización del Ministerio han complicado todavía más la búsqueda de una solución antes del vencimiento de las concesiones.
Según fuentes del sector, la propuesta trasladada desde el Ejecutivo consiste en utilizar procedimientos de emergencia para asegurar la prestación de los servicios, especialmente ante la proximidad de la campaña de vialidad invernal.
El Ministerio de Transportes no ha aclarado si recurrirá a estos contratos o si optará por prorrogar las concesiones actuales. Consultado sobre la situación, el departamento no realizó comentarios.
Las empresas consideran que los contratos de emergencia únicamente permiten cubrir las necesidades imprescindibles para mantener la circulación en condiciones mínimas de seguridad. No ofrecen, en cambio, el alcance de un contrato integral de conservación, que incluye actuaciones periódicas y controles técnicos sobre el estado de las carreteras.
El calendario electoral añade incertidumbre. Tras los comicios del 29 de noviembre será necesario negociar la formación del nuevo Gobierno y definir sus prioridades en materia de infraestructuras. Si el PP llega al Ejecutivo, su programa contempla movilizar 300.000 millones de euros mediante la colaboración con el sector privado, una orientación que podría traducirse en nuevos pliegos y criterios de contratación.
Un directivo del sector advierte de que el proceso podría prolongarse hasta dos años. A su juicio, mantener las carreteras durante ese tiempo con contratos de emergencia dificultaría recuperar posteriormente los niveles de calidad y seguridad exigidos, además de encarecer las actuaciones necesarias.
Por ello, las empresas reclaman que el Gobierno prorrogue los contratos actuales mientras se resuelve la adjudicación definitiva. ACEX también defiende alcanzar acuerdos entre las administraciones y los concesionarios que ya prestan el servicio, dado que disponen de los medios y del conocimiento técnico necesarios para garantizar la continuidad.
La patronal cita como precedente el acuerdo alcanzado en el caso de Viario 31, que recibió la aprobación de la Demarcación de Carreteras de la Comunidad Valenciana, entonces dirigida por el actual director general de Carreteras, Guillermo Llopis.
La situación de la AP-7, la AP-2 y la AP-68
La transición presenta particularidades según la infraestructura. En el caso de la AP-7 y la AP-2, que ya han revertido al Estado y cuentan con contratos propios de conservación, Transportes puede recurrir a las prórrogas de nueve meses previstas en esos acuerdos.
La situación de la AP-68 es diferente. La autopista revirtió recientemente al Estado, pero el tramo que discurre por territorio foral será gestionado por la Diputación Foral de Álava y mantendrá el sistema de pago por uso.
Estas diferencias contractuales hacen que la solución no pueda aplicarse de manera uniforme a todas las carreteras incluidas en el plan de conservación.
El sector alerta del riesgo de deterioro de las carreteras
Las autovías de primera generación acumulan, según las estimaciones del sector, 2.504 millones de euros de inversión. Además, soportan un volumen de tráfico un 25% superior a la media de las autovías libres.
La patronal de las grandes constructoras, Seopan, destaca que estas vías han experimentado una reducción significativa de los índices de peligrosidad y mortalidad. Su buen estado de conservación se atribuye, en parte, al modelo concesional, que obliga a las empresas a cumplir parámetros técnicos medibles.
Entre ellos figuran la rugosidad del pavimento, el coeficiente de rozamiento, la señalización y el estado de las estructuras. Estos indicadores permiten controlar de forma periódica la calidad del servicio y exigir actuaciones para mantener las condiciones establecidas.
Los contratos de emergencia, por el contrario, están destinados principalmente a eliminar riesgos inmediatos y restablecer unas condiciones mínimas de circulación segura. No contemplan necesariamente el mismo volumen de mantenimiento rutinario, mejoras o intervenciones planificadas a largo plazo.
Un informe del Instituto Coordenadas advierte de que retrasar las actuaciones puede provocar que el deterioro avance desde la superficie hasta las capas estructurales de las carreteras, multiplicando el coste de recuperación.
El organismo reclama un plan extraordinario en dos fases. La primera debería centrarse en estabilizar las infraestructuras con mayor riesgo y resolver la transición de las autovías de primera generación. La segunda tendría que impulsar un nuevo modelo de conservación basado en una programación plurianual, contratos orientados a resultados y colaboración público-privada cuando permita anticipar inversiones y distribuir adecuadamente los riesgos.
Con el vencimiento de las concesiones cada vez más cerca, la falta de una solución contractual definitiva mantiene en incertidumbre la conservación de estas carreteras. El desafío inmediato será garantizar la continuidad del mantenimiento sin rebajar los estándares técnicos que han permitido mantenerlas entre las vías mejor conservadas del país.

