El Ingreso Mínimo Vital acumula un gasto de 23.472 millones desde su puesta en marcha en 2020
La AIReF alerta de la permanencia prolongada de muchos hogares y vincula la prestación con una menor probabilidad de empleo, mientras Feijóo propone sustituirla por una Renta de Activación.

La prestación alcanza a cerca de 2,8 millones de personas y su nómina mensual llegó a 748,2 millones de euros en octubre. Según los datos recogidos en las evaluaciones de la AIReF, seis de cada diez hogares la perciben durante más de tres años y el 46% continúa cobrándola cinco años después de incorporarse al programa.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV), creado en 2020 para garantizar unos ingresos básicos a las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica, ha supuesto un desembolso acumulado de 23.472 millones de euros desde su puesta en marcha. Seis años después de su implantación, la prestación llega a cerca de 2,8 millones de personas y vuelve a situarse en el centro del debate por su coste, la permanencia de los beneficiarios y su relación con el empleo.
La ayuda nació con el objetivo de reducir la pobreza y la exclusión social, en línea con los compromisos asumidos por España dentro del Pilar Europeo de Derechos Sociales. El país se ha fijado como meta reducir en 2.815.000 personas la población en riesgo de pobreza o exclusión social hasta 2030. Para la población infantil y adolescente, el objetivo adicional es disminuir esa cifra en 713.000 personas.
Sin embargo, la evolución reciente del IMV plantea interrogantes sobre su capacidad para facilitar la salida de la pobreza y favorecer la incorporación al mercado laboral. En los últimos doce meses, la prestación sumó más de 418.000 beneficiarios, un incremento del 17,7%.
En octubre, el número de personas protegidas rozó los 2,8 millones, distribuidas en 911.274 hogares. La nómina mensual alcanzó los 748,2 millones de euros, un 56% más que en el mismo mes del año anterior.
Una factura acumulada de más de 23.000 millones
Desde su creación, el IMV ha generado un gasto público de 23.472 millones de euros. El incremento de beneficiarios y de las cantidades destinadas a financiar la prestación ha reabierto la discusión sobre su eficacia y sobre los incentivos que ofrece para acceder al empleo.
Las evaluaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apuntan a que la percepción de esta ayuda puede influir en las decisiones laborales de sus beneficiarios. Según sus estimaciones, recibir el IMV se asocia con una reducción de tres puntos porcentuales en la probabilidad de estar empleado, lo que equivale a una caída relativa del 12% respecto a la situación anterior de los titulares.
Estos resultados alimentan el debate sobre cómo compatibilizar la protección económica de los hogares vulnerables con las medidas destinadas a facilitar su incorporación al mercado de trabajo.
Seis de cada diez hogares permanecen más de tres años
Otro de los aspectos analizados es el tiempo durante el que las familias mantienen la prestación. Los datos reflejan que seis de cada diez hogares reciben el IMV durante más de tres años y que casi nueve de cada diez permanecen en el programa durante más de doce meses.
Además, el 46% continúa percibiendo la ayuda cinco años después de haber accedido a ella. La AIReF también observa una relación entre la cuantía recibida y la permanencia en el sistema: cuanto mayor es el importe de la prestación, menor resulta la probabilidad de abandonarla.
La compatibilidad con otras ayudas públicas es otro elemento relevante. En 2024, el 51% de los hogares beneficiarios recibió al menos otra prestación a lo largo del año, mientras que el 16% percibió más de una.
Esta posibilidad permite complementar los ingresos de las familias en situación de vulnerabilidad, aunque también plantea preguntas sobre los incentivos económicos para aceptar un empleo cuando se comparan las prestaciones disponibles con los salarios que ofrece el mercado laboral.
Las cuantías varían según la composición familiar
El importe del IMV depende de las características y del número de integrantes de cada hogar. La renta garantizada puede alcanzar los 1.775,31 euros mensuales para una familia monoparental con cuatro hijos.
En el caso de una unidad familiar formada por dos adultos y dos menores, la cuantía asciende a 1.394,45 euros al mes, equivalentes a 16.733,40 euros anuales. Esta cantidad supera en un 7,43% los 15.575 euros correspondientes al salario más frecuente en España en 2025.
No obstante, estas cifras representan cuantías garantizadas para determinadas composiciones familiares y no el importe medio que reciben los beneficiarios. La prestación media por hogar se sitúa en 546,80 euros mensuales.
Feijóo propone sustituir el IMV por una Renta de Activación
Ante las dudas sobre el funcionamiento del sistema actual, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado sustituir el Ingreso Mínimo Vital por una nueva Renta de Activación.
La propuesta busca vincular la protección social con la incorporación al mercado laboral y garantizar que aceptar un empleo suponga siempre una mejora de los ingresos familiares, sin perder automáticamente la ayuda desde el primer día.
"Trabajar tiene que compensar más que no hacerlo", defendió Feijóo durante la presentación de la iniciativa.
El modelo planteado por el PP también incluiría obligaciones para los beneficiarios que estén en condiciones de trabajar. Estos tendrían que suscribir un acuerdo de formación y búsqueda activa de empleo, sometido a un seguimiento verificable.
Además, la formación propone reducir progresivamente las ayudas a quienes rechacen de manera reiterada ofertas de trabajo adecuadas sin una causa justificada.
Por el momento, el PP no ha detallado cómo se realizaría la transición desde el sistema actual ni ha concretado cuestiones esenciales como las cuantías de la nueva prestación, los límites de renta y patrimonio, su duración o el tratamiento de las personas que ya tienen reconocido el IMV.
La propuesta abre así un nuevo debate sobre el futuro de una de las principales herramientas de protección social en España: cómo mantener la cobertura de los hogares con menos recursos y, al mismo tiempo, reforzar los mecanismos que faciliten su acceso al empleo.

