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España destinará 7.240 millones de euros a la financiación del sistema de dependencia en 2027 JOSEP LAGO/AFP via Getty Images

El sistema de atención a la dependencia en España contará con una financiación estatal de 7.240 millones de euros en 2027, una cifra histórica destinada a reforzar los servicios y prestaciones para las personas que necesitan apoyo en su vida diaria. La medida quedó establecida en el Real Decreto-ley 36/2026, publicado el 11 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que incorpora nuevos recursos económicos y modificaciones administrativas para desarrollar la reforma del sistema público de cuidados.

La normativa busca mejorar la capacidad de respuesta del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), reducir los tiempos de tramitación y garantizar los recursos necesarios para aplicar los nuevos derechos reconocidos a las personas con discapacidad y en situación de dependencia.

Más Recursos Para Las Comunidades Autónomas

Uno de los principales componentes del decreto es el refuerzo de la financiación estatal en los dos niveles de protección del sistema: el mínimo garantizado y el acordado con las comunidades autónomas.

Para 2027, la aportación correspondiente al nivel acordado ascenderá a 904,2 millones de euros, que se distribuirán entre las administraciones autonómicas mediante los criterios establecidos en el marco de cooperación interadministrativa. Esta financiación busca fortalecer la capacidad de gestión territorial y facilitar la prestación de servicios.

Asimismo, el decreto actualiza las cuantías mensuales del nivel mínimo de protección garantizado por el Estado. Los importes serán de 660 euros para las personas con gran dependencia (grado III), 260 euros para quienes tengan dependencia severa (grado II) y 90 euros para el grado I o dependencia moderada. Para el nuevo grado III+, correspondiente a dependencia extrema, se establece una cuantía de 4.930 euros mensuales.

Plazos De Resolución De Tres Meses

La reducción de la burocracia es otro de los objetivos centrales de la reforma. El decreto establece que el plazo máximo entre la presentación de una solicitud y la resolución del reconocimiento de la prestación será de tres meses, independientemente de que la administración tramite por separado la valoración de dependencia y la asignación de los servicios.

Además, introduce modificaciones en las prestaciones de teleasistencia y ayuda a domicilio. La primera deberá estar disponible las 24 horas del día durante todo el año, con especial atención a las zonas rurales y menos pobladas. También se refuerza la posibilidad de combinar diferentes servicios y prestaciones de acuerdo con las necesidades y preferencias de cada beneficiario.

Casi 1,75 Millones De Personas Reciben Prestaciones

Los datos recogidos en el decreto muestran la dimensión del sistema. En septiembre de 2026, un total de 1.748.901 personas recibían alguna prestación o servicio, mientras que otras 134.734 permanecían en lista de espera.

Aunque esta última cifra representa una reducción del 22,7 % respecto al mismo periodo del año anterior, el volumen de personas pendientes de atención continúa siendo un desafío para las administraciones.

Las nuevas disposiciones entrarán en vigor el 12 de noviembre de 2026, mientras que las cuantías y partidas de financiación previstas se aplicarán durante 2027. El objetivo es consolidar un modelo de cuidados con mayores recursos, procedimientos más ágiles y una atención adaptada a las necesidades de las personas dependientes.