Dos antiguos agentes del CNI se sentarán en el banquillo por presunta traición y filtración de secretos.
La Audiencia Provincial de Madrid debe juzgar a un antiguo jefe de la sección de Rusia y a un subordinado, que niegan los delitos y denuncian irregularidades en la investigación.
Los antiguos miembros de los servicios de inteligencia se enfrentan a cargos por revelar información clasificada sobre Defensa y Seguridad Nacional. La investigación apunta a la extracción de documentos sensibles, mientras ambos niegan las acusaciones y denuncian irregularidades en las actuaciones del CNI.
La Audiencia Provincial de Madrid celebrará el juicio contra dos antiguos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) investigados por presuntamente entregar información clasificada a personas no autorizadas, entre ellas miembros de servicios de inteligencia extranjeros. La causa, que se encuentra en fase intermedia después de tres años de instrucción bajo secreto, contempla posibles delitos de traición y revelación de secretos e informaciones relativas a la Seguridad y Defensa Nacional.
Los acusados son quien fuera jefe de la Sección de Rusia y uno de sus subordinados, un agente que habría tenido acceso a documentación reservada fuera del ámbito de sus responsabilidades profesionales. El procedimiento ha recaído en la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial, con el magistrado Francisco Javier Teijeiro como ponente.
El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid considera que existen indicios suficientes para que ambos sean juzgados por la presunta extracción y revelación de información secreta. Ahora está pendiente que la Fiscalía Provincial de Madrid y la Abogacía General del Estado, que representa al CNI, presenten sus escritos de acusación.
La Fiscalía sostiene que la salida de documentos clasificados pudo comprometer la seguridad de los medios y procedimientos del servicio de inteligencia, sus actividades y el desarrollo de sus operaciones. De confirmarse la celebración del juicio, será el segundo procedimiento por traición contra un antiguo miembro de los servicios secretos españoles en democracia.
Documentos sensibles ocultos entre billetes
La investigación comenzó en septiembre de 2023, después de que la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, presentara una denuncia ante la Fiscalía y ampliara posteriormente los hechos comunicados.
Según la denuncia, uno de los agentes habría extraído información clasificada del centro que no guardaba relación con sus funciones y se la habría facilitado, entre otras personas, a su superior. Este último era un capitán de fragata de la Armada que había asumido en 2022 la jefatura de la Dirección de Inteligencia y trabajaba en el área de contrainteligencia rusa.
La investigación atribuye a los dos agentes un procedimiento para copiar información de las bases de datos del CNI mediante anotaciones en cuartillas y sacarla del organismo presuntamente camuflada entre billetes.
Entre los documentos que habrían sido extraídos figurarían nombres de fuentes humanas, claves de operaciones, información sobre despliegues en el extranjero y gráficos de conexiones entre individuos rusos. También se habrían incluido anotaciones sobre Turquía y Arabia Saudí.
La Fiscalía considera que se trataba de material especialmente sensible, protegido por la Ley de Secretos Oficiales. Además, sostiene que uno de los investigados reconoció en conversaciones intervenidas la existencia de tres encuentros que calificó de "casuales" con integrantes de servicios de inteligencia extranjeros.
El CNI también atribuyó a uno de los agentes la realización de fotografías relacionadas con los servicios de inteligencia estadounidenses y la entrega de documentación a personas ajenas al organismo, así como a un familiar cercano. Sin embargo, la denuncia inicial reconocía que no existía certeza absoluta de que los documentos hubieran sido vendidos a terceros países.
Tras conocerse los hechos, se abrieron diligencias por un posible delito de traición y se ordenó la detención de ambos agentes, que fueron apartados de sus funciones. En los registros de sus domicilios, la Brigada Operativa de Apoyo de la Policía Nacional localizó documentación relacionada con el CNI, incluida la fotografía de una persona que era objetivo de los servicios secretos.
Seguimientos, comunicaciones intervenidas y balizas
Las sospechas sobre una posible extracción irregular de información llevaron al CNI a vigilar durante meses las actividades de los dos investigados. Según la documentación incorporada al procedimiento, los servicios secretos controlaron sus movimientos, sus operaciones bancarias y sus comunicaciones, además de instalar dispositivos de seguimiento en sus vehículos.
Los seguimientos habrían comenzado en marzo de 2023. Los investigadores detectaron que el responsable de mayor rango abandonaba habitualmente su domicilio sin los dos teléfonos móviles que solía llevar consigo. La conducta se habría repetido en abril, junio y agosto, lo que despertó sospechas sobre un posible intento de evitar el rastreo de sus desplazamientos.
También se comprobaron viajes al extranjero, entre ellos uno a Portugal durante el verano de 2023. La defensa de uno de los agentes cuestionó estas actuaciones porque, según sostiene, se realizaron antes de la apertura formal de las diligencias judiciales y vulneraron sus derechos fundamentales.
El abogado denunció que se practicaron registros domiciliarios, se intervinieron comunicaciones personales, se supervisaron movimientos bancarios y se instalaron dispositivos de seguimiento sin contar con las autorizaciones judiciales que, a su juicio, eran necesarias.
La Fiscalía defendió la actuación del CNI por la gravedad de los hechos investigados. Según su argumentación, los agentes habrían dispuesto de equipos informáticos y sistemas de comunicación seguros en sus domicilios para extraer documentación. También se habría detectado el envío de material reservado entre las cuentas de correo del segundo investigado.
El servicio de inteligencia advirtió entonces de que, si los documentos llegaban a manos de agentes externos considerados hostiles, podían ocasionar un perjuicio importante para la seguridad nacional.
Los dos agentes niegan las acusaciones
La jueza instructora decretó prisión provisional para ambos investigados al considerar, principalmente, el riesgo de fuga. La Fiscalía fundamentó su petición en la gravedad de los delitos atribuidos, las penas previstas —de entre seis y doce años de prisión para el delito de traición— y el hecho de que los dos agentes habían adquirido una vivienda en Brasil.
Tanto el Ministerio Público como la Abogacía del Estado defendieron que los investigados llevaban alrededor de dos décadas trabajando en el CNI y contaban con conocimientos y capacidades que podían facilitar una eventual salida del país sin ser detectados.
El primero quedó en libertad en noviembre de 2023, mientras que el agente de mayor rango salió de prisión en diciembre de 2024. Ambos permanecen sujetos a medidas cautelares: tienen prohibido abandonar España, se les han retirado los pasaportes y deben comparecer cada quince días ante el juzgado.
Los acusados niegan haber cometido los delitos que se les atribuyen y sostienen que fueron sometidos a una investigación ilegal dentro del propio CNI. Sus defensas alegan que las actuaciones de vigilancia, los registros y las intervenciones de comunicaciones se realizaron sin las autorizaciones correspondientes del magistrado de enlace del Tribunal Supremo.
Por ello, solicitan que se declare la "nulidad radical" de las diligencias que consideran irregulares. También rechazan que exista riesgo de fuga y aseguran que quieren esclarecer los hechos y demostrar su inocencia.
En sus escritos judiciales, califican las actuaciones de los servicios de inteligencia como una práctica "absolutamente espuria e ilegal" y sostienen que las irregularidades habrían quedado reflejadas en la declaración de la propia directora del CNI durante el procedimiento.
El caso provocó un conflicto diplomático con Estados Unidos
La detención de los dos agentes en septiembre de 2023 tuvo consecuencias en las relaciones entre España y Estados Unidos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó que el Gobierno había trasladado una protesta a la entonces embajadora estadounidense en Madrid, Julissa Reynoso, y había solicitado explicaciones ante las sospechas de que Washington hubiera sobornado a los investigados para obtener información clasificada.
En ese contexto, España expulsó a dos integrantes de los servicios de inteligencia estadounidenses destinados en su Embajada en Madrid, por su presunta implicación en la captación de los agentes españoles.
La denuncia del CNI había apuntado a la posible entrega de información a personas vinculadas con servicios extranjeros, aunque no estableció de manera concluyente que los documentos hubieran sido vendidos a otro país.
El precedente de Roberto Flórez
El procedimiento tiene un único antecedente en la democracia española: el juicio contra Roberto Flórez, antiguo integrante del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), condenado en 2010 por un delito de traición.
La Audiencia Provincial de Madrid le impuso inicialmente doce años de prisión, aunque el Tribunal Supremo rebajó posteriormente la condena. El tribunal consideró probado que había vendido a Rusia información clasificada a la que no debía tener acceso, a cambio de 200.000 dólares que habría recibido en efectivo.
En aquella sentencia, los magistrados entendieron que se cumplían los requisitos del delito recogido en el artículo 584 del Código Penal: la intención de favorecer a una potencia extranjera y la posibilidad de que la información revelada perjudicara la seguridad o la defensa nacional.
El juicio contra los dos antiguos agentes del CNI será el segundo proceso por traición contra miembros de los servicios de inteligencia españoles desde el restablecimiento de la democracia.