El COAPI de Madrid rechaza los decretos de vivienda y alerta del deterioro del mercado del alquiler
El colegio de agentes inmobiliarios reclama impulsar la construcción y coordinar a las administraciones frente a la incertidumbre normativa.
El colectivo inmobiliario considera que los cambios normativos aprobados por el Gobierno aumentan la inseguridad jurídica, desincentivan a los propietarios y reducen la oferta de viviendas disponibles. También reclama menos intervención y más impulso a la construcción.
El Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid (COAPIMADRID-AIM) ha expresado su rechazo a los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno el pasado 6 de octubre, cuya convalidación se debatirá este jueves, 12 de noviembre, en la Diputación Permanente del Congreso.
Uno de los textos, que incluye medidas fiscales y mecanismos de protección frente a los desahucios, cuenta con el respaldo del PNV y tiene asegurada su convalidación. En cambio, el decreto que contempla la renovación automática de determinados contratos de alquiler no parece reunir los apoyos parlamentarios necesarios para salir adelante.
La organización considera que ambas iniciativas se han aprobado sin un consenso político amplio y mediante una tramitación acelerada. Recuerda, además, que los dos decretos ya fueron rechazados por el Pleno del Congreso el pasado 2 de octubre y que el Ejecutivo volvió a aprobarlos cuatro días después con modificaciones que califica de mínimas.
A juicio del COAPI, esta sucesión de decisiones está incrementando la incertidumbre jurídica en el mercado inmobiliario y prolonga la inestabilidad normativa que, según sostiene, caracteriza al sector durante las dos últimas legislaturas.
Los propietarios retiran viviendas del mercado
El colegio advierte de que los cambios regulatorios están influyendo en las decisiones de los propietarios, algunos de los cuales habrían optado por retirar sus inmuebles del mercado o aplazar su incorporación a la oferta de alquiler.
Esta situación, según la organización, reduce todavía más la disponibilidad de viviendas y alimenta las dificultades de acceso al arrendamiento. También asegura que los anuncios de nuevas medidas han provocado un aumento de las consultas jurídicas sobre la validez de los contratos y los derechos de propietarios e inquilinos.
El colectivo considera que la intervención normativa está teniendo un efecto negativo sobre la oferta y advierte de que, si se mantiene esta tendencia, podrían seguir disminuyendo los inmuebles disponibles.
Las medidas que generan más preocupación
Entre los aspectos que suscitan mayor inquietud en el sector, el COAPI señala varias disposiciones incluidas en los decretos:
- La prórroga de dos años para determinados contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
- Los cambios en la regulación de los arrendamientos de temporada y por habitaciones.
- El límite del 2% a la actualización de las rentas.
- La renovación automática de los contratos de alquiler, prevista inicialmente para entrar en vigor el 15 de noviembre, pero cuya aprobación parlamentaria se encuentra en duda por la falta de apoyos.
Para la organización, estas medidas añaden nuevas restricciones a un mercado que ya arrastra problemas de oferta y una elevada incertidumbre regulatoria.
El sector teme nuevas subidas de los alquileres
El COAPI sostiene que la retirada de viviendas del mercado del alquiler se ha convertido en una tendencia durante los últimos cinco años, coincidiendo con la aprobación de distintas medidas de intervención.
La entidad considera que los nuevos decretos representan un endurecimiento adicional de ese marco regulatorio y advierte de que sus consecuencias podrían reflejarse en una mayor reducción de la oferta y en nuevos incrementos de los precios.
En este contexto, el colectivo reclama un cambio de orientación en las políticas de vivienda, con menos intervención normativa y medidas dirigidas a ampliar el parque inmobiliario disponible.
Entre sus propuestas destaca impulsar la construcción de vivienda nueva y mejorar la coordinación entre las administraciones estatal, autonómica y municipal. El objetivo, defiende la organización, debe ser aumentar la oferta para responder a la demanda y reducir las tensiones del mercado del alquiler.