El CGCAFE pide evitar que el aplazamiento del gas genere deudas e intereses durante años
Los administradores de fincas plantean pagar sin aplazamiento o devolver las cantidades acumuladas entre mayo y octubre para evitar intereses y deudas prolongadas.
El CGCAFE reclama que las comunidades de propietarios acogidas a la tarifa TUR puedan elegir cómo afrontar las cantidades pendientes por la calefacción central. La organización propone dos modalidades de pago para evitar que los intereses y la acumulación de deuda conviertan el alivio energético en una carga prolongada para los vecinos.
El encarecimiento del gas natural preocupa a numerosas comunidades de propietarios con sistemas de calefacción centralizada, algunas de las cuales temen que sus facturas aumenten hasta un 70% durante este invierno.
Ante esta situación, el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE) solicita que las comunidades acogidas a la tarifa de último recurso (TUR) puedan decidir cómo afrontar el coste que se está aplazando mediante la regulación actual.
La entidad considera que las medidas destinadas a contener las subidas energéticas no deberían generar una deuda prolongada que termine acumulando intereses y trasladando una carga económica adicional a los propietarios.
El CGCAFE valora positivamente la existencia de una tarifa regulada específica para comunidades con calefacción central, especialmente cuando se acompaña de revisiones obligatorias de las instalaciones y sistemas de individualización del consumo. A su juicio, este modelo favorece un uso más responsable de la energía, mejora la eficiencia de los sistemas colectivos y protege a los usuarios frente a la volatilidad de los mercados.
El mecanismo de contención aplaza parte del coste del gas
La principal preocupación de los administradores de fincas es que la regulación actual no elimina todo el incremento del precio del gas, sino que difiere una parte de su coste.
La diferencia entre el importe que resultaría de aplicar la fórmula ordinaria y el precio finalmente facturado queda pendiente de recuperación. Esa cantidad deberá abonarse posteriormente junto con los costes financieros contemplados en la normativa.
Pablo Abascal, presidente en funciones del CGCAFE, advierte de que el aplazamiento puede terminar generando una obligación económica difícil de asumir si no existe un plazo de devolución claramente definido.
La organización defiende que las comunidades deben conocer desde el principio cuánto están dejando pendiente, qué intereses pueden acumularse y cuándo tendrán que afrontar el pago.
Dos modalidades para que las comunidades elijan cómo pagar
La propuesta del Consejo contempla dos alternativas, de manera que cada comunidad pueda escoger la que mejor se adapte a su situación financiera, sus previsiones de consumo y sus necesidades.
La primera opción consistiría en pagar el precio aplicado a la tarifa TUR sin aplazar cantidades ni generar deuda adicional. Esta modalidad supondría asumir un desembolso mayor durante los meses de invierno, cuando el consumo de calefacción aumenta, pero evitaría acumular importes pendientes y sus correspondientes costes financieros.
La segunda alternativa permitiría mantener el precio reducido durante los meses de mayor demanda y devolver las cantidades acumuladas entre mayo y octubre, cuando el consumo de calefacción suele ser menor.
Para el CGCAFE, esta fórmula facilitaría distribuir el esfuerzo económico a lo largo del año y evitaría que las deudas de una temporada de calefacción se trasladen a la siguiente.
"No todas las comunidades tienen la misma situación económica ni la misma capacidad para afrontar los recibos del invierno. Por eso defendemos que puedan elegir entre pagar el coste correspondiente en cada momento o acogerse a un sistema de regularización durante los meses de menor consumo, pero evitando que la deuda se perpetúe", explica Abascal.
El 80% del consumo se concentra entre octubre y marzo
Para mostrar el impacto que puede tener el sistema de aplazamiento, el Consejo ha elaborado una simulación basada en una comunidad de aproximadamente 80 viviendas, con calificación energética E, situada en una zona climática D1 y con un consumo anual de gas cercano a los 683.000 kWh.
Según el escenario planteado, alrededor del 80% del consumo se concentra entre octubre y marzo. En esas condiciones, el coste aplazado acumulado hasta marzo podría alcanzar los 12.149,34 euros, incluido un IVA estimado del 21% y sin incorporar los gastos de financiación.
Si la comunidad optara por devolver esa cantidad entre mayo y octubre, tendría que realizar pagos aproximados de 2.024,90 euros mensuales durante seis meses.
Distribuido entre las 80 viviendas, el importe equivaldría a unos 25,31 euros adicionales al mes por vivienda durante ese periodo.
El CGCAFE precisa que se trata de un ejemplo estimativo, cuyo resultado depende de las hipótesis utilizadas sobre consumo, precios y evolución de la tarifa. El IVA efectivo también estará condicionado por la normativa aplicable.
Los vecinos necesitan conocer el alcance de la deuda
La organización considera que esta simulación demuestra la importancia de que las comunidades dispongan de información clara antes de elegir una modalidad de pago. La acumulación de cantidades pendientes puede representar una carga significativa para los propietarios, especialmente si los precios del gas no descienden lo suficiente en los años posteriores.
"Las comunidades necesitan previsibilidad. No basta con conocer cuánto van a pagar en la factura de cada mes: también deben saber si están generando una deuda, cuánto puede ascender y cuándo tendrán que devolverla", sostiene Abascal.
El Consejo insiste en que su propuesta no pretende cuestionar la utilidad de la tarifa TUR ni el objetivo de amortiguar las subidas energéticas. Su reivindicación se centra en complementar esa protección con un mecanismo que permita a cada comunidad elegir cómo gestionar los pagos, conocer las obligaciones futuras y evitar que el aplazamiento termine convirtiéndose en una deuda prolongada.