Iustitia Europa recurre al Supremo para frenar el voto de 189.678 hijos de nacionalizados

La formación reclama revisar las inscripciones vinculadas a la ley de nietos antes de las elecciones del 29N y advierte de que, una vez contabilizados los sufragios, una rectificación del censo podría llegar demasiado tarde.

Iustitia Europa ha presentado un recurso de reposición contra la decisión del Tribunal Supremo de rechazar la suspensión cautelar del derecho al voto de 189.678 hijos de personas nacionalizadas al amparo de la denominada "ley de nietos". La organización considera que la proximidad de las elecciones del 29 de noviembre no debería justificar la negativa a adoptar medidas urgentes, sino que, precisamente, hace más necesaria una resolución inmediata.

En el escrito, la formación encabezada por el abogado Luis María Pardo cuestiona que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo haya descartado la medida por las dificultades que supondría ejecutarla en el tiempo disponible. A su juicio, el retraso acumulado durante la tramitación del incidente no puede perjudicar a quien solicitó la protección judicial con carácter urgente, sin que antes se valoren las actuaciones que todavía podrían llevarse a cabo.

La organización sostiene que había planteado mecanismos de identificación y custodia de los votos que permitirían mantener el desarrollo del proceso electoral mientras se comprobaban las inscripciones cuestionadas.

También reprocha al auto del Supremo que no detalle qué perturbación grave provocaría la aplicación de la medida cautelar. Según argumenta, la resolución se limita a señalar obstáculos operativos y dudas sobre la posibilidad de resolverlos antes de la votación.

El riesgo de que los votos influyan en el reparto de escaños

Iustitia Europa advierte de que los 189.678 electores afectados y la distribución territorial de sus votos podrían tener consecuencias en circunscripciones donde la asignación del último escaño dependa de diferencias muy ajustadas.

La asociación considera que, en esos casos, los sufragios podrían influir en la composición de las Cortes Generales y en la formación de mayorías parlamentarias. Por ello, sostiene que esperar a que se celebren las elecciones y se complete el escrutinio podría hacer inútil una eventual resolución favorable del recurso.

La formación invoca además el voto particular del magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero, que había advertido del riesgo de que una posterior rectificación censal llegara demasiado tarde. Para Iustitia Europa, el hecho de que el calendario electoral esté próximo aumenta la urgencia de resolver las comprobaciones pendientes.

En su recurso, reclama que el Supremo explique por qué las verificaciones propuestas serían inviables y por qué no podría aplicarse una solución parcial a partir de la documentación que ya está disponible.

La organización propone comprobaciones parciales

Entre las alternativas planteadas, Iustitia Europa defiende utilizar los datos ya recopilados sobre los progenitores, solicitar de inmediato la información que todavía falte y aplicar las medidas cautelares a los casos que puedan identificarse durante el proceso.

Como argumento, menciona las 901 certificaciones de nacionalizados que han acreditado documentalmente su condición de exiliados, dentro de un total de 163.355 casos analizados. Según la organización, esa documentación podría servir como punto de partida para determinar qué hijos deberían quedar afectados por la suspensión solicitada.

También sostiene que la continuidad del envío de documentación electoral y la conservación diferenciada de los sobres permitirían realizar las comprobaciones sin paralizar el proceso. A su entender, la necesidad de recabar información, dar audiencia a los afectados y comunicar los resultados forma parte de la ejecución de la medida, pero no demuestra por sí misma que exista una perturbación grave del calendario electoral.

La formación insiste en que incorporar al escrutinio los votos cuestionados antes de aclarar el vínculo de los electores con los progenitores afectados podría materializar precisamente el perjuicio que intenta evitar mediante el procedimiento judicial.

Seguridad jurídica y estabilidad electoral

El Supremo justificó su negativa a suspender el voto apelando a la necesidad de preservar tanto la limpieza del censo como la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso electoral.

La Sala reconoció la importancia de que el censo esté formado conforme a Derecho, al considerar que de ello depende la legitimidad democrática de los representantes elegidos. Sin embargo, subrayó que también debe garantizarse que el registro electoral quede cerrado con la antelación prevista legalmente y que se respeten los plazos establecidos para su revisión durante el periodo electoral.

En esa línea, los magistrados consideraron que iniciar en ese momento una revisión del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) planteaba dudas sobre su ejecución efectiva antes de la votación y el escrutinio del 29N. A su juicio, esa actuación podía entrar en conflicto con los principios de seguridad jurídica y estabilidad electoral.

Iustitia Europa rechaza esa ponderación y sostiene que el interés general exige que las elecciones se celebren con un censo ajustado a la legalidad. Por ello, considera que la proximidad de los comicios debía acelerar las comprobaciones, en lugar de servir como argumento para descartarlas.

"Después del escrutinio puede ser demasiado tarde"

Luis María Pardo insiste en que el problema viene siendo advertido desde junio y que los retrasos administrativos podrían convertir en irreparable una eventual irregularidad electoral.

"Después del escrutinio puede ser demasiado tarde", sostiene el dirigente, que alerta de que los votos objeto de controversia podrían haber influido ya en la asignación de escaños cuando llegara una resolución judicial definitiva.

El recurso busca, por tanto, que el Supremo reconsidere su decisión y valore medidas que permitan comprobar las inscripciones antes de que los resultados electorales queden consolidados. La controversia enfrenta así la petición de revisar el censo con los principios de seguridad jurídica y estabilidad que, según el alto tribunal, deben protegerse durante el desarrollo de las elecciones.