El Consejo de Estado da luz verde al decreto que regulará los centros de datos
El Gobierno deberá modificar el texto antes de llevarlo al Consejo de Ministros, con el objetivo de aprobarlo antes de las elecciones del 29 de noviembre.
El Consejo de Estado ha respaldado el proyecto de Real Decreto que establecerá nuevas condiciones para la instalación y funcionamiento de los centros de datos en España. El dictamen, aprobado por unanimidad el 6 de noviembre de 2026, permite al Gobierno continuar con la tramitación de la normativa y mantiene abierta la posibilidad de aprobarla antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
La regulación busca establecer requisitos relacionados con el consumo energético, la sostenibilidad ambiental y la soberanía digital de las grandes infraestructuras tecnológicas. Estas instalaciones son fundamentales para el almacenamiento de información, los servicios digitales y el desarrollo de la inteligencia artificial.
El pronunciamiento del órgano consultivo supone un avance para el Ejecutivo, que deberá incorporar varias modificaciones jurídicas antes de presentar la versión definitiva del texto al Consejo de Ministros.
El Consejo de Estado respalda la competencia del Gobierno
El dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado respalda los principales fundamentos jurídicos del proyecto normativo. Entre ellos se encuentran la competencia estatal para regular los centros de datos, la utilización de un Real Decreto como instrumento jurídico y la justificación de la tramitación urgente.
La decisión responde a las objeciones presentadas por empresas, asociaciones y administraciones autonómicas durante el procedimiento de elaboración de la norma.
Algunos de los argumentos cuestionaban que el Estado pudiera establecer determinadas condiciones sobre estas instalaciones, mientras que otros defendían que la regulación debía tramitarse mediante una ley y no a través de un Real Decreto.
El Consejo de Estado considera viable continuar con el procedimiento, aunque exige incorporar cuatro observaciones esenciales para reforzar la seguridad jurídica del documento.
Cuatro modificaciones antes de aprobar la normativa
Aunque el dictamen respalda la estructura general de la regulación, el Gobierno tendrá que introducir cambios concretos para atender las observaciones esenciales del órgano consultivo.
Entre los principales ajustes se encuentran:
- Justificación económica: ampliar la documentación sobre el impacto que las nuevas obligaciones tendrán para los promotores de centros de datos.
- Supervisión pública: precisar las responsabilidades de control y vigilancia, evitando atribuir funciones excesivas a operadores privados de la red eléctrica.
- Régimen sancionador: definir con mayor claridad las infracciones, las penalizaciones y las circunstancias que podrían provocar la pérdida de permisos de acceso y conexión.
- Criterios de cumplimiento: eliminar la capacidad de modificar discrecionalmente determinados porcentajes de exigencia de energía renovable mediante decisiones ministeriales.
Estas modificaciones pretenden reducir los riesgos de impugnaciones judiciales y fortalecer la aplicación de la normativa.
Los centros de datos deberán cumplir exigencias energéticas y ambientales
Uno de los aspectos centrales del proyecto es establecer condiciones más estrictas para las instalaciones con una potencia contratada superior a 10 megavatios.
La propuesta contempla que los centros de datos justifiquen una correlación horaria del 80% entre su consumo eléctrico y la disponibilidad de energía renovable adicional.
El objetivo es evitar que el crecimiento de estas infraestructuras genere una presión excesiva sobre la red eléctrica y aumente los costes energéticos para otros consumidores.
Sin embargo, el proyecto también contempla un periodo transitorio de adaptación de cinco años, hasta 2031, para determinadas instalaciones que opten por cumplir progresivamente las obligaciones.
Durante ese periodo se aplicarían porcentajes escalonados de consumo renovable, junto con condiciones específicas de flexibilidad en el suministro eléctrico.
La regulación también incorpora requisitos relacionados con la eficiencia energética, el consumo de agua y la protección de la soberanía digital.
Las empresas tecnológicas y energéticas habían presentado objeciones
La elaboración del decreto ha generado diferencias entre el Gobierno y una parte importante del sector tecnológico y energético.
Durante el trámite de audiencia se presentaron alegaciones de empresas y organizaciones relacionadas con la generación eléctrica, los centros de datos, la construcción y los servicios digitales.
Entre los participantes mencionados en el procedimiento figuran Microsoft, Iberdrola, Endesa, EDP, ACS, Merlin Properties y asociaciones como SpainDC, CEOE y AMETIC.
Las compañías han cuestionado diferentes aspectos de la propuesta, especialmente las obligaciones energéticas, las condiciones de acceso a la red y el posible impacto económico sobre las inversiones.
El sector también ha expresado preocupación por la aplicación de requisitos específicos a los centros de datos frente a otras actividades industriales con un elevado consumo eléctrico.
El Gobierno, por su parte, defiende que estas infraestructuras presentan características particulares debido a su demanda energética continua y al volumen de capacidad eléctrica que necesitan.
El Gobierno quiere aprobar el decreto antes del 29 de noviembre
Tras recibir el dictamen favorable, el Ministerio para la Transición Ecológica deberá revisar el articulado y completar los ajustes jurídicos y técnicos.
El calendario previsto contempla elevar el texto a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios antes de llevarlo al Consejo de Ministros.
El Ejecutivo estudia aprobar la normativa el 17 de noviembre o, como fecha límite dentro del calendario ordinario previsto, el 24 de noviembre, cinco días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La aprobación definitiva dependerá de que se incorporen las observaciones esenciales y se completen los trámites administrativos correspondientes.
España busca equilibrar la expansión digital con la sostenibilidad
El crecimiento de los centros de datos está directamente relacionado con la expansión de la inteligencia artificial, la computación en la nube y el almacenamiento de grandes cantidades de información.
Estas infraestructuras requieren importantes cantidades de electricidad y agua para mantener sus sistemas operativos y refrigerar los equipos.
Por esta razón, la regulación pretende establecer condiciones que permitan desarrollar nuevas instalaciones sin comprometer la estabilidad del sistema eléctrico ni los objetivos ambientales.
El desafío consiste en atraer inversiones tecnológicas y, al mismo tiempo, garantizar que el crecimiento de la infraestructura digital sea compatible con la disponibilidad de recursos naturales.
Con el respaldo del Consejo de Estado, el proyecto entra en una fase decisiva. Su aprobación definitiva podría establecer nuevas reglas para las compañías que desarrollan y operan centros de datos en territorio español.
¿Qué ha decidido el Consejo de Estado?
Ha aprobado por unanimidad un dictamen que respalda los principales fundamentos jurídicos del proyecto de Real Decreto y permite elevarlo al Consejo de Ministros una vez incorporadas las observaciones esenciales.
¿Cuándo podría aprobarse el decreto?
El Gobierno pretende aprobarlo el 17 de noviembre o, como máximo dentro del calendario ordinario previsto, el 24 de noviembre de 2026.
¿Qué empresas estarán afectadas por la regulación?
La propuesta contempla requisitos para centros de datos con una potencia contratada superior a 10 megavatios que cumplan las condiciones de aplicación establecidas en el texto.
¿Qué porcentaje de energía renovable deberán justificar?
El proyecto establece como criterio general una correlación horaria del 80% entre el consumo eléctrico y la energía renovable adicional, con alternativas de adaptación progresiva durante un periodo transitorio.
¿Por qué el Gobierno quiere regular los centros de datos?
Busca controlar el impacto energético y ambiental de estas instalaciones, proteger la estabilidad de la red eléctrica y garantizar la soberanía digital.
¿El decreto ya está aprobado definitivamente?
No. El Consejo de Estado ha emitido su dictamen favorable, pero todavía deben incorporarse las modificaciones solicitadas y completarse la aprobación por el Consejo de Ministros.