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People wait in a government employment office in Burgos on February 4, 2013. CESAR MANSO/AFP via Getty Images

El alto tribunal establece que superar el plazo de 135 días para resolver no anula el recargo por falta de medidas de seguridad: el silencio administrativo permite acudir a los tribunales, pero no perjudica el derecho del trabajador.

El Tribunal Supremo ha unificado doctrina sobre los expedientes de recargo de prestaciones por accidentes laborales y ha rechazado que estos procedimientos caduquen automáticamente cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) supera el plazo máximo de 135 días para resolver.

La decisión se refiere al caso de un trabajador que sufrió un accidente durante unas labores de mantenimiento en Bakio (Bizkaia), en mayo de 2019. El siniestro dio lugar a un recargo del 30% sobre las prestaciones de la Seguridad Social, cuyo pago correspondía a la empresa responsable. La compañía solicitó que se dejara sin efecto el incremento al considerar que la demora del INSS había provocado la caducidad del expediente.

La Sala de lo Social rechaza ese argumento y mantiene el recargo, aunque la resolución incluye un voto particular firmado por dos magistrados.

Un cable de 67 kilos cayó desde una torreta eléctrica

La Sentencia 852/2026, dictada por el Pleno de la Sala de lo Social, recoge que el trabajador manejaba un grupo electrógeno para suministrar electricidad durante el mantenimiento de una instalación. Mientras ayudaba a desenredar un cable junto a la base de una torreta eléctrica, otro conductor, de aproximadamente 67 kilos, cayó desde una altura de entre nueve y diez metros y le golpeó en la nuca.

Como consecuencia del accidente, el empleado permaneció 80 días de baja. La Inspección de Trabajo atribuyó lo ocurrido a un procedimiento inseguro por parte de los operarios que trabajaban en altura y a la falta de coordinación entre las empresas que intervenían en la instalación.

Según el acta recogida en la sentencia, el cable se soltó antes de quedar sujeto a la polea. El trabajador se encontraba dentro de la zona de caída porque le habían pedido que colaborara en una tarea que correspondía al personal de otra empresa.

El INSS estableció un recargo del 30% sobre las prestaciones derivadas del accidente. La empresa recurrió la decisión, pero tanto el juzgado de Bilbao como el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rechazaron sus argumentos. Posteriormente, llevó el asunto al Supremo alegando que el procedimiento había caducado al superar los 135 días previstos para resolver.

La demora no elimina el derecho del trabajador

La mayoría de la Sala considera que el recargo tiene una naturaleza particular: aunque también cumple una función disuasoria frente a los incumplimientos empresariales en materia de seguridad, su aplicación supone un incremento de las prestaciones que recibe el trabajador accidentado.

Por ello, entiende que la demora de la Administración no puede perjudicar al beneficiario. Cuando el INSS supera el plazo máximo de resolución, se produce el efecto del silencio administrativo negativo, que permite al interesado acudir a los tribunales, pero no extingue la obligación de la Administración de resolver el expediente.

En consecuencia, el vencimiento de los 135 días no implica que el procedimiento haya caducado ni que el recargo deba quedar sin efecto. La Sala sostiene que la superación del plazo únicamente permite entender denegada la solicitud por silencio administrativo.

El Supremo confirma así la sentencia recurrida, impone a la empresa el pago de 1.500 euros en costas y acuerda la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Dos magistrados discrepan de la decisión

La resolución incorpora un voto particular de dos magistrados que no comparten el criterio de la mayoría.

Su discrepancia se centra, en primer lugar, en el inicio del procedimiento: los hechos probados indican que el expediente comenzó a partir de una solicitud presentada por el propio trabajador, mientras que la mayoría aplica las reglas correspondientes a los procedimientos iniciados de oficio.

Además, los magistrados discrepantes consideran que el componente sancionador del recargo justifica aplicar las garantías propias de la caducidad. Desde esa perspectiva, entienden que el exceso del plazo de resolución sí debería tener consecuencias sobre la continuidad del expediente.