Fedea cuestiona la sostenibilidad de las pensiones pese al récord de empleo y cotizaciones
El estudio advierte de que las transferencias estatales y el aumento de la deuda de la Seguridad Social ocultan parte del desequilibrio financiero del sistema.

La fundación advierte de que el déficit contributivo supera el 4% del PIB y que las transferencias estatales ocultan parte del desequilibrio financiero. Su análisis señala que la deuda de la Seguridad Social con el Estado alcanzó los 116.000 millones de euros en 2025 y cuestiona que la recuperación de la "hucha de las pensiones" refleje una mejora real de las cuentas.
El sistema público de pensiones continúa afrontando importantes problemas de financiación pese a los máximos de afiliación, empleo e ingresos tributarios registrados en España. Así lo advierte un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que considera que las cuentas pueden mantenerse gracias al respaldo económico del Estado, pero sostiene que esa dependencia no permite hablar de sostenibilidad financiera a largo plazo.
"El sistema puede seguir pagando sus prestaciones mientras el Estado cubra su déficit, pero ninguno de los argumentos del Gobierno permite afirmar que sea financieramente sostenible", señala el análisis dirigido por Santiago Calvo, investigador de la Universidad de las Hespérides.
El documento sitúa el déficit contributivo por encima del 4% del producto interior bruto (PIB) y advierte de que el desequilibrio ha seguido aumentando incluso durante años de creación de empleo y crecimiento de las cotizaciones. La situación, añade, podría agravarse con la jubilación de la generación del baby boom, que incrementará el número de pensionistas en los próximos años.
Las transferencias estatales han pasado de 6.000 a casi 60.000 millones
Uno de los principales argumentos del estudio es el aumento de los recursos que el Estado transfiere al sistema de pensiones. Según sus cálculos, estas aportaciones pasaron de representar el 0,5% del PIB en 2005 a alcanzar el 3,6% en 2025. En términos monetarios, el incremento supone pasar de unos 6.000 millones de euros a cerca de 60.000 millones.
Fedea considera que estas transferencias permiten sostener el pago de las prestaciones, pero no eliminan el coste del sistema para el conjunto de las administraciones públicas. Al contabilizar los recursos estatales, el déficit presupuestario de la Seguridad Social se situó en el 0,5% del PIB en 2025. Sin embargo, al descontar esas aportaciones, el déficit básico alcanza el 4,1% del PIB, unos 59.500 millones de euros, mientras que el déficit contributivo se sitúa en el 3,8%, equivalente a 54.300 millones.
El estudio también compara la evolución de las cotizaciones con el gasto en pensiones contributivas. Entre 2007 y 2025, las primeras crecieron un 29% en términos reales, mientras que el segundo aumentó un 82%.
Para sus autores, financiar esa diferencia mediante transferencias desplaza el déficit de unas partidas a otras, pero no resuelve el desequilibrio económico.
La deuda de la Seguridad Social con el Estado alcanza los 116.000 millones
El análisis cuestiona también la interpretación de la recuperación del Fondo de Reserva, conocido como la "hucha de las pensiones", como una señal suficiente de mejora financiera.
Según los datos recogidos por Fedea, la deuda de la Seguridad Social con el Estado aumentó desde los 18.500 millones de euros en 2016 hasta los 116.000 millones en 2025, expresados ambos importes a precios de 2021.
La fundación sostiene que para evaluar la situación real del sistema no basta con observar el dinero acumulado en el Fondo de Reserva: también es necesario descontar las obligaciones financieras y los recursos externos recibidos a lo largo de los años.
En ese cálculo, el estudio señala que los activos netos de la Seguridad Social Ampliada (SSA), que considera conjuntamente la hucha y la deuda, han pasado de cifras positivas superiores a los 54.000 millones de euros en 2011 a un saldo negativo.
El documento estima que las transferencias corrientes realizadas desde 2005 para financiar Clases Pasivas, complementos de mínimos y otras partidas contributivas suman alrededor de 320.000 millones de euros. Al incorporar otros recursos externos, el total recibido hasta 2025 se sitúa en unos 436.000 millones, frente a los 12.200 millones que el estudio recoge como saldo de la hucha al cierre de ese año.
Fedea compara esta situación con un iceberg: el Fondo de Reserva sería únicamente la parte visible, mientras que por debajo se acumularían la deuda y las transferencias estatales que han permitido financiar las prestaciones.
El Fondo de Reserva se nutre de cotizaciones adicionales
El informe recuerda que los activos netos del sistema llegaron a rozar los 67.000 millones de euros corrientes en 2011, pero se deterioraron desde 2012 y quedaron en poco más de 2.000 millones en 2019, después de utilizarse recursos para atender el pago de las pensiones.
La recuperación posterior está vinculada, en buena medida, al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional que comenzó en el 0,6% y cuya aportación está previsto que aumente progresivamente hasta el 1,2% en 2029.
Según las cifras incluidas en el análisis, el Fondo de Reserva acumulaba 15.267 millones de euros a 31 de marzo de 2026. Para Fedea, sin embargo, esta recuperación debe analizarse junto con la deuda que mantiene la Seguridad Social con el Estado y la necesidad de seguir recurriendo a financiación externa.
El estudio advierte de que, si el sistema necesita préstamos para cuadrar sus cuentas, las aportaciones a la hucha no representan necesariamente un excedente generado por la propia Seguridad Social.
Las obligaciones futuras y el gasto previsto hasta 2050
El análisis también examina los compromisos futuros del sistema. Según las cuentas actuariales citadas por Fedea, las prestaciones prometidas equivalen, en promedio, a un 25% más de lo que se financia mediante cotizaciones.
Por su parte, las proyecciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apuntan a que el gasto bruto en pensiones podría pasar del 13% del PIB en 2025 al 16,4% en 2050.
El documento también se refiere a la regla de gasto incorporada en la reforma de las pensiones de 2023. La AIReF validó su cumplimiento al situarse el gasto neto de medidas de ingresos en el 13% del PIB, por debajo del límite del 13,3%.
No obstante, Fedea recuerda que la propia autoridad fiscal advirtió de que cumplir esa regla no garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas. Según las proyecciones citadas, la deuda pública podría alcanzar el 123% del PIB en 2050 si se mantienen las políticas actuales, con transferencias implícitas al sistema de pensiones equivalentes al 3% del PIB, por encima de los 50.000 millones de euros.
El estudio también recoge que los derechos de pensión ya devengados por trabajadores y pensionistas actuales alcanzaban los 5,58 billones de euros en 2021, según Eurostat, una cifra equivalente al 452% del PIB.
Fedea plantea cuentas nocionales y un pilar colectivo de capitalización
Ante los desequilibrios que identifica, Santiago Calvo plantea varias reformas para mejorar la financiación del sistema y diversificar los ingresos de los futuros jubilados.
Entre las propuestas figura implantar cuentas nocionales, crear un pilar complementario de capitalización de carácter colectivo y con inscripción automática, y enviar periódicamente a cada trabajador una estimación de la pensión que podría recibir en el futuro.
El investigador sostiene que estas iniciativas no implican privatizar el sistema público, sino introducir mecanismos que contribuyan a mantenerlo en condiciones razonables para las próximas generaciones de cotizantes.
El informe concluye con una llamada a incorporar el debate sobre la sostenibilidad de las pensiones a la campaña electoral y discutir las alternativas con datos sobre la mesa, en lugar de limitar la discusión a las promesas de los partidos.

