UGT y CC OO disponen de 52 edificios públicos cuyo espacio permitiría habilitar 1.415 viviendas
El análisis del Instituto Juan de Mariana cifra en 511,6 millones las subvenciones recibidas por ambas centrales y sus organizaciones vinculadas desde 2022.
Las dos principales centrales sindicales tienen cedidos 52 inmuebles públicos que, según una estimación del Instituto Juan de Mariana, podrían convertirse en alrededor de 1.415 pisos asequibles. Además, los sindicatos y sus organizaciones vinculadas recibieron 511,6 millones de euros en subvenciones entre 2022 y 2025, de acuerdo con los datos recopilados en el análisis.
UGT y CC OO afrontan una nueva jornada de movilizaciones centrada en la crisis de vivienda. La convocatoria ha reabierto el debate sobre los recursos públicos que reciben ambas organizaciones y el patrimonio inmobiliario del que disponen mediante cesiones gratuitas del Estado.
Según los datos del Ministerio de Trabajo, Comisiones Obreras cuenta con 305 pisos y locales cedidos, mientras que UGT dispone de otros 200. Estas cifras sitúan a las dos centrales por delante de otras organizaciones sindicales, como USO, con 37 inmuebles; ELA, con 33, y CGT, con 13.
El patrimonio incluye también edificios completos. De los 68 inmuebles cedidos a organizaciones sindicales y, en menor medida, a la patronal, 52 están en manos de UGT y CC OO: 32 corresponden a UGT y 20 a Comisiones Obreras.
En conjunto, los 68 edificios suman 173.149 metros cuadrados. El Instituto Juan de Mariana estima que los 52 inmuebles de las dos grandes centrales podrían albergar unas 1.415 viviendas, si se destinara a ese uso el 75% de su superficie y se calcularan pisos de 70 metros cuadrados. Si se incluyeran también los edificios cedidos a organizaciones empresariales, la capacidad estimada rondaría los 1.850 pisos.
Un patrimonio público cuyo mantenimiento también tiene coste
Las cesiones no implican únicamente el uso gratuito de los inmuebles. Según los datos recogidos, el Estado asume el pago del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), con un coste anual cercano a los 1,6 millones de euros.
Aunque el Ministerio de Trabajo no publica una valoración económica de estos edificios, el análisis toma como referencia el precio medio de la vivienda libre en España durante el primer trimestre de 2026, situado en 2.316 euros por metro cuadrado. Con ese cálculo, el valor conjunto de los 68 inmuebles alcanzaría unos 400 millones de euros. Incluso aplicando una reducción del 40% por antigüedad y uso, superaría los 240 millones.
A este patrimonio se suman las inversiones realizadas para su rehabilitación. En noviembre de 2021, el Gobierno autorizó un gasto de 98,2 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación para mejorar la eficiencia energética de 42 edificios del patrimonio sindical acumulado. Las actuaciones contemplaban, entre otras intervenciones, mejoras en carpinterías, climatización e iluminación.
Más de 511 millones en subvenciones desde 2022
La financiación pública constituye otro de los puntos centrales del análisis. Según los datos recopilados, UGT, CC OO y sus organizaciones vinculadas recibieron 106,1 millones de euros en subvenciones durante 2025.
Desde 2022, las concesiones acumuladas ascienden a 511,6 millones de euros, equivalentes al 86% de las ayudas destinadas al conjunto de organizaciones sindicales. De esa cantidad, 297,1 millones correspondieron al entorno de UGT y 214,5 millones al de CC OO. El 14% restante se distribuyó entre más de 200 organizaciones.
La financiación procedente del Ministerio de Trabajo también ha aumentado. La subvención distribuida en función de la representatividad sindical pasó de 8,9 millones de euros anuales entre 2016 y 2020 a 32 millones en 2025 y 2026, un incremento del 260%.
Solo durante 2025, CC OO recibió 12,2 millones de euros por esta vía y UGT obtuvo otros 11,4 millones. Según las cifras del análisis, las cantidades actuales superan en un 70% las percibidas durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
El peso de las subvenciones también se refleja en las cuentas de ambas organizaciones: representarían el 35% de los ingresos de la confederación de CC OO y el 43% de los de UGT.
La financiación para formación y el coste de las horas sindicales
Entre las ayudas específicas figura una partida de 20,4 millones de euros concedida a UGT para formación digital mediante concesiones directas, sin concurrencia competitiva.
En enero de 2024, el Tribunal Supremo anuló el real decreto que articulaba una concesión de 30,6 millones de euros procedentes de fondos europeos a UGT y dos organizaciones empresariales. La resolución consideró que no concurrían circunstancias excepcionales que justificaran prescindir de una convocatoria pública.
En abril de 2026, el Tribunal Constitucional avaló una subvención equivalente concedida en 2020, aunque uno de los votos particulares cuestionó que se premiara la disposición de las organizaciones a colaborar con el Gobierno.
El coste asociado a la actividad sindical incluye también las horas que los representantes pueden dedicar a sus funciones. Según las estimaciones recogidas, los 320.882 delegados sindicales existentes en España equivaldrían al trabajo de unos 44.000 empleados a tiempo completo.
El cálculo parte de un crédito medio de 20 horas mensuales por representante y un coste laboral de 24,88 euros por hora efectiva. Con esos parámetros, el desembolso para empresas y administraciones rondaría los 1.900 millones de euros anuales. Alrededor de 1.300 millones corresponderían a representantes de UGT y CC OO.
La afiliación sindical, por debajo del peso de las ayudas
El volumen de recursos públicos contrasta con los niveles de afiliación sindical en España. Según los datos de la OCDE y AIAS correspondientes a 2023, el 12,5% de los asalariados estaba afiliado a un sindicato, una proporción que equivale aproximadamente a uno de cada ocho trabajadores.
Pese a esa implantación, UGT y CC OO concentran la mayor parte de las subvenciones destinadas a las organizaciones sindicales. Ambas centrales, por su parte, reclaman un sistema de financiación pública más estable.
La convocatoria de movilizaciones también llega en un contexto político marcado por la proximidad de las elecciones generales del día 29. Según la información publicada, UGT y CC OO acordaron la huelga el 5 de octubre, coincidiendo con el anuncio del adelanto electoral realizado por Pedro Sánchez. El paro se celebra a dos días del comienzo oficial de la campaña.
Los sindicatos centran sus reivindicaciones en el acceso a la vivienda, aunque el debate sobre su financiación y su patrimonio público ha acompañado la convocatoria.
El contexto laboral y las críticas a la política sindical
El análisis también cuestiona la actuación de las centrales durante los últimos años y señala que no habían convocado una huelga general conjunta desde hacía 14 años. Entre sus argumentos menciona la pérdida del 5,4% del poder adquisitivo de los salarios de convenio entre 2021 y 2025.
Asimismo, recoge que España ocupa el último puesto de la Unión Europea en el Índice de Flexibilidad Laboral, con 1,9 puntos sobre diez, frente a una media comunitaria de 5,2.
El país cerró 2025 con una tasa de paro del 10,5%, frente al 6% de la Unión Europea. El texto también alude a la existencia de cerca de 800.000 desempleados que, según esa interpretación, quedarían ocultos por los cambios introducidos en la reforma laboral.
Estas cifras forman parte de los argumentos utilizados para cuestionar la actuación de las organizaciones sindicales y el volumen de recursos públicos que reciben, en un momento en el que ambas han situado la crisis de vivienda en el centro de sus reivindicaciones.