Antiguo palacio de la Marquesa de Oliva
Antiguo palacio de la Marquesa de Oliva Luis García Zaqarbal

La compañía que fue pionera de la estética en España tramita su concurso en el Juzgado de lo Mercantil número 16 de Madrid mientras litiga contra el desahucio de su sede. El desenlace del pleito no cambia el final: saldrá del edificio por una vía o por la otra.

Instituto Médico Láser cumplirá treinta años de actividad dentro de un procedimiento concursal. La clínica, fundada en 1996 por los doctores Francisco Javier Moreno Moraga y Josefina Royo de la Torre, llegó a acumular cerca de 200.000 fichas clínicas y fue una de las pioneras del sector en España. Entró en preconcurso en 2025 y en concurso en 2026, sin haber encontrado una solución para su deuda.

El administrador concursal designado, Josep Puigvert Ibars, de Alhos Economistas y Auditores, busca compradores para evitar la liquidación y hay varios interesados. Su informe de calificación todavía no se ha presentado, aunque algunos acreedores piden que el concurso se declare culpable.

El modelo de negocio explica bastante

Antes de buscar responsables conviene entender la mecánica del sector, porque es la clave de lo ocurrido.

En la estética con paquetes de sesiones, el cliente paga por adelantado. La caja entra al principio y el coste de prestar el servicio se reparte en los meses o años siguientes. El resultado es que la empresa opera con una obligación acumulada de tratamientos pendientes que no siempre se percibe con nitidez mirando la cuenta de resultados.

Mientras el flujo de clientes nuevos se mantiene, ese desfase se sostiene solo: el dinero que entra hoy cubre los tratamientos comprometidos ayer. Cuando la captación se frena, la empresa se queda con la obligación y sin la caja.

Eso es exactamente lo que hizo naufragar la venta que estuvo a punto de cerrarse este verano. Un fondo extranjero negociaba la adquisición de la unidad productiva por la vía del prepack —solicitar el concurso y vender simultáneamente el activo libre de deuda— y desistió tras la due diligence. Los motivos señalados fueron dos: el descuadre entre los tratamientos ya cobrados y los costes futuros asumidos para prestarlos, y la ausencia de un local alternativo donde continuar la actividad con una estructura más barata.

Una estructura desproporcionada para su tamaño

Las cifras depositadas en el Registro Mercantil dibujan una empresa mucho más pequeña de lo que su presencia sugería.

La cifra de negocios fue de 2,29 millones de euros en 2021, subió a 2,49 millones en 2022 con un beneficio de 381.822 euros, y descendió a 2,34 millones en 2024, último ejercicio depositado, todavía con beneficio: 82.066 euros. La plantilla pasó de 22 a 33 empleados, además de médicos colaboradores.

Con esa facturación, la compañía sostenía como sede la Casa Palacio de la Marquesa Viuda de la Oliva y Nerva, en el número 33 de General Martínez Campos, un edificio de 1904-1906 con 2.213 metros cuadrados repartidos en cinco plantas, y en 2023 abrió un segundo centro en la calle Hermosilla, en el barrio de Salamanca. Dos de las direcciones más caras de Madrid para una empresa de dos millones largos de ingresos.

Hay además un detalle que merece atención: en 2024 la sociedad seguía declarando beneficios y al año siguiente estaba en preconcurso. Un resultado contable positivo no equivale a solvencia, y en un modelo basado en cobros anticipados la distancia entre ambos conceptos puede ser considerable, porque el dinero cobrado figura como ingreso mientras el coste de cumplir lo prometido llega después.

Lo que más importa a quien ya pagó

Para el cliente, la pregunta relevante no es quién gestionó mal, sino si los tratamientos contratados van a prestarse.

No hay respuesta cerrada. Depende de si el administrador concursal logra vender la unidad productiva a alguno de los interesados y de si el comprador asume esa cartera de compromisos, que es precisamente lo que disuadió al fondo que negoció en verano.

El precedente del sector no invita al optimismo. Casos como los de Centros Único o Dentix dejaron a miles de clientes con sesiones pagadas y no prestadas, y la experiencia de aquellos procedimientos apunta a una recomendación práctica: quien tenga tratamientos abonados y pendientes debería comunicar su crédito al administrador concursal dentro del plazo legal en lugar de esperar a ver qué ocurre, y conservar los justificantes de pago y el contrato. Quien pagara con financiación vinculada o con tarjeta dispone además de vías específicas frente a la entidad, que conviene consultar cuanto antes.

El pleito por el palacete, y una duda sin precedente

El inmueble nunca fue de la clínica. Cuando Moreno y Royo vendieron el negocio en 2021 al search fund Arista Partners —un vehículo constituido por un grupo de inversores para realizar una única compra, cuyos gestores pasan a dirigir la empresa—, se desprendieron de la actividad pero conservaron el edificio a través de la sociedad Humera 52.

Desde entonces son los caseros de su antigua empresa, y la relación ha terminado en los tribunales. Humera 52 ejecutó un aval bancario de 800.000 euros en 2024 y obtuvo una sentencia de desahucio en 2025 tras meses de impago. Las partes pactaron después un marco para permanecer en la sede hasta diciembre de 2025, prorrogable hasta marzo de 2026, con el fin de completar tratamientos y desalojar de forma ordenada, junto al pago de 699.304,04 euros por impagos anteriores. El acuerdo se incumplió y la clínica sigue en el edificio.

La discusión jurídica actual tiene interés técnico: si la declaración de concurso paraliza la ejecución del desahucio. Los expertos coinciden en que la ley concursal suspende las ejecuciones por obligaciones económicas, pero no hay precedentes claros para un supuesto como este. Humera 52 litiga con Pérez-Llorca.

La respuesta, en todo caso, altera el calendario y no el desenlace. Si prospera la liquidación, IML abandona el palacete. Si prospera el desahucio, también.

Dónde queda cada parte

Arista Partners se constituyó en 2018 y tres años después cerró su gran operación. Sus gestores, Jacobo Espinós López y Gerardo Andrés Montalti Nava, pasaron a administrar la compañía; Espinós salió después —hoy es socio y director de inversiones en Eureka Capital— y Montalti es administrador único desde 2024. Conviene precisar que el concurso no ha sido calificado y que una gestión fallida no equivale por sí sola a una calificación culpable: la ley reserva ese reproche para conductas concretas que el administrador concursal deberá valorar.

Los vendedores, entretanto, ocupan una posición distinta. Cobraron el negocio en 2021, mantuvieron ingresos por el alquiler, ejecutaron un aval de 800.000 euros y recuperarán un inmueble para el que Humera 52 ya ha encargado este año una due diligence a Arcadis y CBRE con vistas a su venta, una operación previsiblemente millonaria en esa calle. La sociedad declara un patrimonio de diez millones de euros.

No hay nada irregular en ese desenlace: vender el negocio y conservar el ladrillo es una decisión patrimonial legítima y, vista a cinco años, notablemente acertada. Pero describe con precisión cómo se reparten los riesgos en operaciones de este tipo. Quien se quedó con el inmueble conserva un activo tangible y revalorizado. Quien compró la actividad se quedó con una cartera de compromisos. Y quien pagó por adelantado un tratamiento espera a ver qué decide un juzgado de lo mercantil.