La investigación de Adamuz entra en una fase clave con el análisis de las cajas negras de los trenes
El juzgado también reclama que los registradores de los trenes determinen las posibles causas del siniestro, que dejó 46 fallecidos.
La juez ha dado diez días a la Guardia Civil y a los peritos judiciales para que informen sobre el estado de sus investigaciones. Además, ha pedido que el análisis de los registradores de los trenes incluya una valoración de las posibles causas del accidente que dejó 46 fallecidos.
La investigación judicial del accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas, afronta una nueva fase. La titular del Juzgado de Instancia número 2 de Montoro, Cristina Pastor, ha solicitado a la Guardia Civil y a los peritos judiciales que presenten, en un plazo de diez días, informes separados sobre el estado de las actuaciones que tienen encomendadas.
La magistrada también ha requerido información a la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios (AIAT) sobre el avance de sus pesquisas. El objetivo, según recoge la resolución, es "impulsar el esclarecimiento" de las causas del siniestro.
La juez considera que el tiempo transcurrido desde la apertura de las diligencias y la "especial complejidad" de los hechos hacen necesario conocer el estado de la investigación, especialmente porque todavía están pendientes varios informes periciales considerados de especial relevancia.
Las cajas negras deberán aportar información sobre las causas
La magistrada ha establecido instrucciones para el análisis de los registradores jurídicos —conocidos como cajas negras— del tren Iryo que descarriló y del Alvia contra el que impactó después de invadir la vía contraria. La diligencia está prevista para este jueves, 12 de noviembre, y contará con la participación de técnicos de ambas compañías ferroviarias.
La juez ha pedido que el informe resultante no se limite a describir los datos registrados. También deberá incluir información relevante para la causa penal, como la interpretación del comportamiento global de cada tren y la determinación de las posibles causas y factores que pudieron contribuir al accidente.
En el análisis participará Hasler Rail, empresa suiza fabricante de los registradores. La compañía ha comunicado al juzgado que su intervención se limitará a su condición de fabricante de los dispositivos.
Hasler Rail elaborará un informe técnico sobre el contenido de las cajas negras. Un especialista designado por la empresa se encargará de visualizar los registros y explicar las señales, las grafías, la cronología y las comprobaciones necesarias para verificar el funcionamiento del sistema.
La interpretación del comportamiento general de los trenes y la valoración de las posibles causas del accidente quedarán, en cambio, en manos de los fabricantes de los convoyes, con la participación de los operadores designados para esa tarea.
Hasta ahora, la AIAT ha señalado la rotura de la vía como posible causa del accidente del 18 de enero. Esa hipótesis también cuenta con el respaldo de la Guardia Civil y podría obtener nuevos elementos de confirmación tras el análisis de los registradores.
El traslado de los vagones sigue pendiente
Otra de las actuaciones relevantes para avanzar en la investigación es el traslado de los vagones accidentados del tren Iryo. La juez ha mostrado especial interés en esta operación, que también podría servir como referencia para las pesquisas sobre el accidente de Urda, en Toledo.
La empresa Intermodalidad de Levante S.A. (ILSA) ha presentado una propuesta para trasladar los vagones del 1 al 5 a las instalaciones de La Sagra, en Toledo. El plan contempla separar los bogies del resto de los coches y transportarlos por carretera hasta un taller de mantenimiento situado en Pinto, en la Comunidad de Madrid.
Los peritos judiciales han valorado favorablemente la propuesta, al considerar que permite precintar las piezas trasladadas y conservarlas para una posible inspección posterior.
Los expertos han solicitado poder "asistir e inspeccionar visualmente" el proceso de desacoplamiento de los bogies y su colocación en los medios de transporte dispuestos por ILSA. La petición se extiende también a los vagones 6, 7 y 8.
La juez refuerza la custodia de las pruebas
La magistrada ha ordenado que la Guardia Civil y los peritos judiciales supervisen las operaciones pendientes que puedan afectar a los elementos materiales del accidente. En una resolución anterior, dispuso que la Policía Judicial y los expertos del juzgado estuvieran presentes en las aperturas de embalajes, la toma de muestras y cualquier otra actuación que pudiera alterar, dividir o destruir total o parcialmente las pruebas originales.
También exigió registros individualizados de la cadena de custodia para cada elemento examinado, con el propósito de garantizar la integridad del material y evitar posibles alteraciones durante la investigación.
Estas medidas se adoptaron después de que la Guardia Civil comunicara al juzgado que un operario de Adif había retirado material de la vía sin autorización judicial, siguiendo presuntamente instrucciones verbales de un superior. La extracción del carril se produjo durante la madrugada, cuando la hipótesis de una rotura de la infraestructura comenzaba a cobrar fuerza.
Ante ese episodio, la juez ordenó la restitución inmediata del material y encargó a la Guardia Civil la supervisión de las actuaciones que Adif realizara en relación con las pruebas del accidente.
La magistrada ha reiterado recientemente esa exigencia con motivo de la inspección que los técnicos de Adif deben efectuar en los vagones siniestrados. Ha establecido que la diligencia deberá desarrollarse bajo supervisión de la Guardia Civil.
Con los informes pendientes, el análisis de las cajas negras y el traslado de los vagones, la investigación judicial busca avanzar en la reconstrucción del accidente y determinar qué factores provocaron el descarrilamiento y el posterior choque.