El PP promete auditar 565.000 millones en prestaciones y ayudas para combatir el fraude público
La propuesta de reconstrucción nacional incluye controles digitales, auditorías independientes y la recuperación de fondos defraudados si el PP llega al Gobierno.
El plan de reconstrucción nacional de Feijóo contempla revisar subvenciones, subsidios y prestaciones, implantar controles digitales y recuperar fondos defraudados. También propone unificar el ingreso mínimo vital y otros subsidios en una nueva Renta de Activación vinculada a la búsqueda de empleo.
El Partido Popular plantea una profunda revisión del sistema de ayudas y prestaciones públicas si Alberto Núñez Feijóo llega al Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre. Su propuesta incluye auditar las subvenciones y subsidios concedidos, reforzar los mecanismos de detección del fraude, controlar los resultados de los programas financiados con dinero público y vincular determinadas prestaciones a la formación y búsqueda activa de empleo.
Las medidas forman parte del plan de "Reconstrucción Nacional" presentado por los populares, con el que la formación pretende modificar la gestión de los recursos públicos y revisar los procedimientos de la Administración.
La dimensión económica del sistema es uno de los argumentos centrales del PP. Según el Instituto Juan de Mariana, las subvenciones y ayudas públicas directas rozaron los 42.000 millones de euros en 2025. El partido destaca que esa cantidad equivale aproximadamente al 82% de lo recaudado por el Impuesto de Sociedades en 2024 y supera el gasto estatal en infraestructuras de ese ejercicio.
A esa cifra se suma el volumen global de prestaciones públicas que reciben los hogares. El informe "Cuentas etarias de los miembros de los hogares, 2022", elaborado por Fedea, calcula que los ciudadanos recibieron alrededor de 565.000 millones de euros del Estado durante ese año, frente a unas rentas totales de 1,53 billones. De acuerdo con esos datos, más de un tercio de los ingresos de los españoles procedería de prestaciones públicas.
El PP también pone como ejemplo la evolución del gasto en desempleo. Según las cifras recogidas en su planteamiento, este desembolso ha aumentado un 46% en los últimos ocho años, pese a que la tasa de paro se ha reducido un 26%. La formación sostiene que el subsidio por desempleo cuesta ahora 1.260 millones de euros más, aunque haya 152.000 desempleados menos.
Una reforma integral de la gestión de las ayudas
El plan contempla revisar individualmente los procedimientos sociales de la Administración General del Estado para eliminar aquellos que no sean necesarios y automatizar los trámites repetitivos mediante inteligencia artificial, siempre con supervisión humana en las decisiones que afecten a derechos.
El objetivo es que, una vez integrados y cruzados los datos administrativos, las personas puedan recibir automáticamente las prestaciones a las que tengan derecho, sin necesidad de solicitarlas por separado.
La propuesta también incluye una auditoría independiente durante los primeros cien días de un eventual Gobierno del PP. En ella se examinarían las ayudas, subvenciones, subsidios y contratos concedidos o todavía en ejecución.
Los casos en los que se detecte fraude serían denunciados, mientras que los programas que no cumplan su finalidad podrían ser modificados o eliminados. La formación defiende que ninguna subvención continúe sin acreditar resultados y que las ayudas dispongan de criterios públicos y objetivos. Las de mayor importe, además, tendrían que incorporar indicadores obligatorios de control.
Más controles, trazabilidad digital y recuperación del dinero
Otra de las líneas del proyecto consiste en sustituir las concesiones directas por procedimientos competitivos siempre que resulte posible. El PP plantea también evaluar anualmente el gasto y retirar recursos a los programas que no alcancen sus objetivos para destinarlos a aquellos que sí demuestren resultados.
Las conclusiones de esas revisiones se publicarían junto con los Presupuestos.
Para reforzar la supervisión, la formación propone implantar un sistema digital único e interoperable que permita seguir los contratos, las subvenciones y las grandes transferencias de todas las administraciones. La herramienta facilitaría la identificación de los beneficiarios reales, el cruce de información y la detección de posibles irregularidades.
El plan incluye además un mecanismo para recuperar el dinero defraudado, mediante el refuerzo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y la incorporación de nuevas penas por malversación dentro del marco penal europeo contra la corrupción.
También se prevé intensificar el control de las prestaciones por incapacidad temporal y perseguir el uso fraudulento de las bajas laborales para obtener pagos indebidos.
En materia de fiscalización, el PP plantea facilitar al Tribunal de Cuentas acceso directo a los datos de contratación, subvenciones y grandes transferencias, con el propósito de detectar irregularidades y exigir responsabilidades antes de que se consoliden.
A esta medida se sumaría la creación de una Autoridad Independiente de Transparencia con capacidad sancionadora. La propuesta contempla igualmente reforzar la protección de los denunciantes de irregularidades y los mecanismos de control de conflictos de interés.
Una nueva Renta de Activación vinculada al empleo
En el ámbito de las prestaciones directas, el PP propone crear una Renta de Activación que integre el ingreso mínimo vital y los distintos subsidios en un único itinerario orientado al empleo.
Según fuentes populares, el nuevo sistema se desarrollaría en colaboración con las comunidades autónomas y sería compatible con el trabajo desde el primer día. La intención es que aceptar un empleo mejore la situación económica de las familias, en lugar de provocar la pérdida inmediata de las ayudas.
Los beneficiarios tendrían que firmar un acuerdo de formación y búsqueda de empleo, sujeto a un seguimiento verificable. El rechazo reiterado y sin justificación de ofertas laborales consideradas adecuadas podría dar lugar a una reducción progresiva de las prestaciones.
El crecimiento de las prestaciones sociales
El PP justifica la necesidad de revisar el modelo con la evolución de distintas ayudas. Entre ellas destaca el ingreso mínimo vital (IMV), cuyos beneficiarios han aumentado durante el último año.
Los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) correspondientes a octubre reflejan que la prestación llegaba a 911.274 hogares, en los que residían 2.781.679 personas. La cifra supone 138.002 prestaciones activas más que un año antes y un incremento del 17,9% en el número de hogares beneficiarios, según los datos citados.
La cuantía media alcanzó los 524 euros mensuales por hogar, mientras que la nómina total correspondiente a octubre ascendió a 748,2 millones de euros.
Por su parte, el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) llegó a 637.748 hogares. La ayuda media se situó en 68 euros por menor y 124 euros por hogar.
A estas prestaciones se suman otros mecanismos de apoyo económico, como las rentas mínimas autonómicas, los complementos para personas en situación de exclusión social, el cheque bebé, la deducción por maternidad, las ayudas por nacimiento o adopción, el bono alquiler joven y el bono social eléctrico y térmico. El conjunto del sistema incluye también pensiones, prestaciones por desempleo, subsidios y programas de formación.
En paralelo, el gasto público en dependencia también registra un incremento. La financiación prevista para 2026 y 2027 aumenta en 6.200 millones de euros respecto a los últimos presupuestos. Según las cifras recogidas en la propuesta, la aportación estatal alcanzará los 7.239,4 millones de euros en 2027, el doble de la registrada en 2025.
Con este paquete de medidas, el PP pretende introducir controles más estrictos sobre el destino de los recursos públicos, reducir los pagos indebidos y orientar una mayor parte de las prestaciones hacia la incorporación al mercado laboral.