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Spain's deputy Prime Minister and Minister of Labour and Social Economy Yolanda Diaz (C) looks on with others including an unseen France's Labour Minister during a working visit to the construction site of The Atocha Railway Station in Madrid on September 9, 2026. Thomas COEX / AFP via Getty Images)

La propuesta de elevar el salario mínimo un 5,3% en 2027 obligaría a ampliar la deducción por rendimientos del trabajo hasta los 1.033,66 euros. Gestha calcula que la medida supondría unos 700 millones adicionales para las arcas públicas respecto a 2026.

La nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) prevista para 2027 también tendrá consecuencias en las cuentas públicas. La propuesta del Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, plantea elevarlo un 5,3%, hasta los 18.004 euros anuales, equivalentes a 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas. Para evitar que los trabajadores que perciban esta cantidad tengan que tributar por el IRPF, el Gobierno tendría que incrementar la deducción por obtención de rendimientos del trabajo.

Según las estimaciones del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la deducción pasaría de los 590,89 euros vigentes en 2026 a 1.033,66 euros. El ajuste permitiría que los trabajadores solteros sin cargas personales ni familiares que cobren el nuevo SMI no paguen este impuesto.

La propuesta de subida del 5,3% supera el incremento del 4,9% recomendado por el comité de expertos que asesora al Gobierno. El proyecto de Real Decreto que fijará el salario mínimo para 2027 establece, por tanto, un nuevo umbral de ingresos que requeriría adaptar también la fiscalidad de las rentas del trabajo.

Una factura de 1.100 millones para Hacienda

Gestha calcula que ampliar la deducción hasta los 1.033,66 euros tendría un coste aproximado de 1.100 millones de euros para el Tesoro Público. La cifra representa unos 700 millones más que el impacto estimado para 2026.

Los técnicos señalan que, si se mantiene el diseño actual para evitar el denominado "error de salto", la deducción se reduciría progresivamente a medida que aumentaran los ingresos. De esta forma, dejaría de aplicarse por completo a los salarios superiores a 23.172,26 euros anuales.

La organización considera que utilizar una deducción en la cuota del IRPF es una fórmula adecuada para evitar que el SMI tribute. A su juicio, este mecanismo evita los efectos regresivos que podrían generar las reducciones aplicadas directamente sobre la base imponible.

Además, Gestha sostiene que el impacto real sobre las cuentas públicas se ve limitado porque no todos los contribuyentes pueden aprovechar la deducción en su totalidad. Entre los factores que influyen están las cargas personales y familiares, la existencia de otras deducciones y la insuficiencia de ingresos.

Gestha reclama un acuerdo para actualizar el IRPF

Más allá de la medida vinculada al salario mínimo, los técnicos de Hacienda defienden alcanzar un acuerdo político amplio para garantizar que los salarios y las rentas situados hasta el importe del SMI queden exentos de tributación en futuras actualizaciones.

La organización considera que esta decisión debería acompañarse de una revisión de distintos elementos del IRPF. Entre ellos, señala que llevan años sin actualizarse las reducciones por obtención de rendimientos del trabajo y que tampoco se han ajustado por inflación los tramos de la tarifa ni los mínimos personales y familiares.

Para Gestha, abordar estos cambios permitiría adaptar el impuesto a la evolución de los ingresos y evitar que las subidas salariales se traduzcan automáticamente en una mayor carga fiscal para determinados trabajadores.

Pensionistas y desempleados también deberían beneficiarse

La organización también reclama extender la deducción a pensionistas y personas desempleadas cuyos ingresos no superen el nuevo salario mínimo. Su argumento es que las pensiones y las prestaciones por desempleo también constituyen rendimientos del trabajo a efectos del IRPF.

Gestha cuestiona que se plantee eliminar la tributación para quienes cobran el SMI mediante un salario, pero no se aplique un tratamiento equivalente a estos otros colectivos con ingresos dentro del mismo límite.

Según sus estimaciones, ampliar la medida tendría un coste adicional reducido. La organización lo atribuye a que los mínimos personales pueden ser más elevados en función de la edad o de la discapacidad y a que los ingresos de las personas desempleadas habitualmente no superan los 18.004 euros anuales previstos para el nuevo SMI.

Una medida que podría acercar posturas entre Trabajo y la patronal

Gestha considera que mantener el salario mínimo libre de tributación sería la alternativa que menos incrementaría los costes empresariales, tanto por el importe de los salarios como por el aumento de las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social.

A partir de este planteamiento, los técnicos creen que la medida podría contribuir a acercar las posiciones del Ministerio de Trabajo y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que mantienen diferencias sobre el alcance de la subida del salario mínimo y sus consecuencias económicas.

No obstante, la valoración de Gestha no implica que la patronal comparta esa interpretación. La propuesta fiscal introduce así otro elemento en el debate sobre el SMI de 2027: no solo cuánto aumentarán los salarios mínimos, sino también quién asumirá el coste de adaptar la tributación a ese nuevo umbral.