Una compradora denuncia que un grupo vinculado a la desokupación la expulsó de su vivienda en Sevilla
Consuelo Barroso afirma que acababa de recibir las llaves cuando varias personas irrumpieron en el inmueble y que ahora afronta un proceso que podría prolongarse meses.

Una compradora denuncia que un grupo vinculado a la desokupación la expulsó de su vivienda
Consuelo Barroso asegura que perdió el acceso a la casa que acababa de adquirir en Sevilla después de que unas 15 personas irrumpieran por la fuerza. El caso refleja las dificultades que afrontan algunos propietarios ante los conflictos de ocupación y la incertidumbre sobre los procedimientos para recuperar sus inmuebles.
Consuelo Barroso, una autónoma de 52 años, asegura haber perdido los ahorros que había destinado a comprar una vivienda en Sevilla con la intención de obtener ingresos adicionales para su jubilación. El miércoles 28 recibió las llaves del inmueble y, apenas un día después, un grupo de unas 15 personas habría forzado la puerta y la habría expulsado de la propiedad junto con los trabajadores que estaban realizando labores en el interior y un agente inmobiliario.
"Metí todos mis ahorros para tener una renta que complementara mi jubilación. Ahora no tengo ni ahorro ni renta", lamenta. La compradora denuncia que, pese a haber formalizado la adquisición y disponer de la documentación correspondiente, no pudo permanecer en la vivienda después de la intervención del grupo.
El episodio se produce en un contexto de preocupación entre los propietarios por la seguridad jurídica y los riesgos asociados al alquiler. Según una encuesta de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), el 88,3% señala la inseguridad jurídica como una de sus principales inquietudes, mientras que el 81,3% menciona la ocupación ilegal o la posibilidad de impago.
Una vivienda con ocupantes y un acuerdo para facilitar su salida
Barroso sabía antes de formalizar la compra que la vivienda estaba ocupada. En el inmueble residía una familia que, según su relato, pagaba un alquiler irregular a unos ocupantes anteriores con antecedentes penales.
La compradora explica que llegó a un acuerdo para facilitar el traslado de esa familia a otra vivienda, con el objetivo de evitarles problemas con las personas que les habían alquilado el inmueble. La operación se planteó así como una salida pactada para que pudiera tomar posesión de la propiedad.
El mismo día en que recibió oficialmente las llaves, Barroso cambió la cerradura e instaló una alarma. Sin embargo, al día siguiente aparecieron los ocupantes anteriores, que, según denuncia, irrumpieron en la vivienda y la obligaron a abandonarla junto con los operarios y el representante de la inmobiliaria.
La propietaria sostiene que esperaba que la Policía reconociera su derecho a permanecer en el inmueble porque contaba con la documentación de la compraventa. No obstante, afirma que la intervención de un intermediario relacionado profesionalmente con una empresa de desocupación complicó la situación.
Según su versión, ese intermediario también tenía vínculos familiares con el grupo que entró en la vivienda. Barroso lo acusa de actuar en función de sus intereses y cuestiona que se utilizara una solicitud del Ingreso Mínimo Vital presentada cuatro años antes, en la que figuraba la dirección del inmueble únicamente como domicilio para notificaciones, para justificar la permanencia en la casa.
También se habría alegado que en la vivienda residían menores. La compradora sostiene que, cuando ella y los demás presentes accedieron al inmueble, no encontraron ropa infantil ni alimentos y que la casa estaba vacía.
La intervención policial y la espera para recuperar la vivienda
El conflicto terminó con el grupo permaneciendo en el inmueble, mientras, según denuncia Barroso, sus integrantes promocionaban la venta de la vivienda a través de Facebook y WhatsApp.
La propietaria afirma que los agentes le comunicaron que habían recibido instrucciones de sus superiores para actuar con precaución y no proceder al desalojo en ese momento. Le indicaron que debía presentar una denuncia urgente y que elaborarían un informe sobre lo sucedido.
Según el relato de Barroso, un funcionario judicial le advirtió de que el procedimiento para recuperar la vivienda podía prolongarse durante meses. La afectada lamenta que, pese a haber intentado realizar la operación de manera legal, se encuentre sin acceso a la propiedad y sin una solución inmediata.
"Siempre he sido una persona muy conservadora, me daba mucho miedo todo y quise hacerlo 100% legal; al final, te ves en la calle y sin saber a quién acudir", explica.
La ocupación y la inseguridad jurídica preocupan a los propietarios
Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reflejan que durante el segundo trimestre del año se registraron 443 procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, conocidos como desahucios exprés.
Esta estadística recoge los procedimientos tramitados por la vía judicial, pero no incluye otros casos que se abordan mediante procedimientos penales por delitos de usurpación o allanamiento de morada, ni aquellos que terminan en acuerdos extrajudiciales. Por tanto, no representa la totalidad de los conflictos relacionados con la ocupación de inmuebles.
El mercado de compraventa también refleja la presencia de viviendas ocupadas. Según datos de Idealista, más de 24.050 inmuebles con ocupantes se ofrecieron en venta durante el último trimestre del año pasado.
En el ámbito del alquiler, la encuesta anual de Asval muestra que uno de cada cuatro propietarios asociados, concretamente el 24,6%, afirma tener alguna vivienda arrendada ocupada ilegalmente o inmersa en un procedimiento judicial relacionado con impagos o con la finalización del contrato.
El debate sobre la suspensión de los desahucios
La situación se produce en medio de la controversia política y jurídica sobre las medidas de protección a personas vulnerables. Una de las disposiciones recientes que ha generado críticas entre representantes del sector inmobiliario es el decreto convalidado por el Congreso que contempla la suspensión de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta finales de 2030.
El caso de Barroso ha vuelto a situar en el debate las dificultades que pueden surgir cuando se alegan circunstancias de vulnerabilidad para frenar una actuación policial. La propietaria sostiene que la referencia a la presencia de menores y a una solicitud de ayudas sociales fue suficiente para que los agentes no procedieran al desalojo en el momento de los hechos.
La experiencia de la compradora se suma así a las preocupaciones expresadas por los propietarios sobre la protección de sus inmuebles, la seguridad jurídica y los plazos necesarios para recuperar la posesión cuando se produce un conflicto de ocupación.

