Sánchez convoca cinco Consejos de Ministros en quince días y aprueba nueve decretos-leyes
Moncloa añade dos reuniones extraordinarias a su calendario previo a las elecciones del 29 de noviembre, con medidas sobre vivienda, protección social, justicia y salarios.

Sánchez convoca cinco Consejos de Ministros en quince días y aprueba nueve decretos-leyes
Moncloa ha incorporado dos reuniones extraordinarias a su calendario habitual y ha acelerado la aprobación de medidas sociales, económicas y administrativas en las semanas previas a las elecciones generales del 29 de noviembre.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha intensificado su actividad normativa en la recta final de la campaña electoral. En apenas quince días, el Consejo de Ministros tiene previstas cinco reuniones, dos de ellas extraordinarias, mientras que el Ejecutivo ha aprobado nueve reales decretos-leyes desde la disolución de las Cortes, según el recuento publicado en el Boletín Oficial del Estado hasta el 10 de noviembre.
La concentración de reuniones supone un aumento notable respecto al ritmo habitual del gabinete. A las sesiones ordinarias de los martes 10, 17 y 24 de noviembre se han sumado dos convocatorias extraordinarias los viernes 13 y 20, anunciadas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
La última reunión está prevista para el 24 de noviembre, apenas cinco días antes de que se celebren las elecciones generales. El calendario convierte estas semanas en uno de los periodos de mayor actividad normativa del Ejecutivo antes de una cita electoral.
Nueve decretos-leyes desde la disolución de las Cortes
La actividad del Gobierno no se limita al número de reuniones. Desde que Sánchez disolvió las Cortes y convocó las elecciones, el pasado 5 de octubre, el Ejecutivo había aprobado nueve reales decretos-leyes hasta el 10 de noviembre.
Las normas abarcan ámbitos como la vivienda, la protección social, la seguridad ferroviaria y las ayudas para reparar daños ocasionados por emergencias. Cuatro de ellas fueron aprobadas en una sola sesión: la del Consejo de Ministros del 10 de noviembre.
En aquella reunión, el Gobierno dio luz verde a medidas dirigidas a las familias monoparentales, modificaciones en el sistema de atención a la dependencia, actuaciones para reforzar la seguridad ferroviaria y ayudas destinadas a los afectados por la dana Adam.
El Ejecutivo ha defendido esta actividad como una forma de mantener el impulso de las políticas sociales y ampliar la protección de los ciudadanos hasta el final de la legislatura. Bolaños justificó las reuniones extraordinarias por la necesidad de aprobar nuevas medidas destinadas a reforzar el Estado del bienestar.
Sin embargo, la concentración de decisiones durante la campaña también ha reabierto el debate sobre el momento elegido para impulsar algunas iniciativas que llevaban meses pendientes de desarrollo o tramitación.
Reformas pendientes que llegan por la vía de urgencia
Uno de los ejemplos es la protección de las familias monoparentales. El Gobierno aprobó el 10 de noviembre un real decreto-ley para reforzar su reconocimiento y protección, mientras que la tramitación parlamentaria de una legislación más amplia sobre familias había quedado interrumpida por la disolución de las Cortes.
La seguridad ferroviaria constituye otro de los ámbitos en los que el Ejecutivo ha recurrido a la legislación de urgencia. El decreto aprobado el mismo día incorpora medidas para reforzar las garantías operacionales, proteger al personal ferroviario y mejorar determinados aspectos de la supervisión del sistema. Su aprobación se produjo después de los accidentes de Adamuz y Urda y de las críticas dirigidas al Ministerio de Transportes por la seguridad de la red.
La agenda gubernamental también ha incluido la creación de nuevas estructuras administrativas. El Ejecutivo aprobó el establecimiento de un Defensor de las Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, con rango de subsecretaría, acompañado de una oficina con rango de dirección general.
El Gobierno sostiene que esta figura permitirá coordinar la atención psicológica, social y jurídica a las víctimas y sus familiares. Su creación llega en las últimas semanas de una legislatura marcada por dos graves accidentes ferroviarios y por las críticas a la respuesta institucional.
Más reuniones extraordinarias y nuevas medidas económicas
La convocatoria de reuniones adicionales responde también al calendario institucional. Tras las elecciones, el Gobierno continuará en funciones hasta la toma de posesión del siguiente Ejecutivo y tendrá limitadas sus competencias.
Mientras tanto, mantiene sus atribuciones ordinarias, entre ellas la posibilidad de aprobar reales decretos-leyes. Esta fórmula, sin embargo, está reservada por la Constitución a situaciones de extraordinaria y urgente necesidad y exige que las normas sean sometidas posteriormente a convalidación parlamentaria.
Con las Cortes disueltas, esa función corresponde a la Diputación Permanente del Congreso. Este órgano ya ha intervenido sobre las medidas aprobadas después de la convocatoria electoral: el 12 de noviembre convalidó uno de los decretos de vivienda impulsados por Sánchez, pero rechazó otro destinado a reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento.
El resultado evidencia que el Ejecutivo puede continuar aprobando normas durante este periodo, aunque no tiene garantizado el respaldo parlamentario para mantener todas sus iniciativas.
La reunión extraordinaria del viernes 13 de noviembre amplió nuevamente la agenda del Gobierno. En ella se aprobó la creación de 500 plazas de jueces y magistrados y otras 200 de fiscales. También se iniciaron los trámites para la revalorización de las pensiones de 2027.
Este martes, 17 de noviembre, los salarios vuelven a ocupar un lugar central. Sánchez adelantó durante una entrevista televisiva que el Consejo de Ministros aprobaría la subida de las retribuciones de los empleados públicos pactada con los sindicatos. También confirmó el incremento del salario mínimo interprofesional hasta los 1.286 euros brutos mensuales, anunciado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Ambas medidas permiten al Ejecutivo poner el foco en sus compromisos relacionados con el poder adquisitivo de los trabajadores durante la campaña electoral.
El contraste con la crisis migratoria de Ceuta
El ritmo de reuniones previsto para noviembre contrasta con otros momentos de la legislatura en los que el Consejo de Ministros mantuvo una actividad menos frecuente.
Uno de los casos señalados se produjo durante el verano, tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. El episodio desencadenó una de las principales crisis políticas y de seguridad nacional del mandato.
El Consejo de Ministros se había reunido el 28 de julio y no volvió a hacerlo hasta el 25 de agosto, casi un mes después. En esa sesión, el Ejecutivo aprobó la declaración de la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad autónoma y estableció la autoridad funcional encargada de coordinar las actuaciones.
La ausencia de reuniones durante ese intervalo no significa que las administraciones permanecieran inactivas. No obstante, permite comparar la frecuencia de las deliberaciones del gabinete durante aquella crisis con el calendario extraordinario que Moncloa ha organizado en las semanas previas a las elecciones generales.

