La huelga del 11N provoca pintadas, daños y piquetes contra inmobiliarias en varias ciudades
Alquiler Seguro asegura que los daños afectaron a 40 de sus oficinas, mientras Fadei y FAI reclaman protestas pacíficas y protección para los trabajadores.
Agencias de Alquiler Seguro, Remax y otros negocios han denunciado actos vandálicos, amenazas e impedimentos para abrir sus establecimientos. Las patronales Fadei y FAI han activado mecanismos de seguimiento y reclaman movilizaciones pacíficas, respeto al derecho al trabajo y protección para los empleados.
La huelga general por el derecho a la vivienda ha tenido también como escenario las agencias inmobiliarias. Desde la víspera de la convocatoria, distintos establecimientos de España han denunciado pintadas, daños en escaparates, cerraduras bloqueadas, piquetes y amenazas a sus trabajadores. Algunas oficinas incluso han sido ocupadas para impedir el desarrollo de su actividad.
Entre las empresas afectadas figuran Alquiler Seguro, Remax e Inmobiliaria Encuentro, además de establecimientos asociados a distintas organizaciones del sector. También se han registrado incidentes en la oficina del agente inmobiliario Eduardo Molet, en Madrid.
Los primeros episodios se produjeron durante la tarde del 10 de noviembre, antes del comienzo oficial del paro. Alquiler Seguro denunció actos vandálicos en 27 de sus 63 oficinas, con especial incidencia en Madrid, Barcelona, A Coruña, Vitoria, Bilbao y Oviedo. La compañía también comunicó que algunos empleados habían recibido amenazas relacionadas con la huelga.
Durante la noche, el Sindicato de Inquilinas realizó un piquete en la sede central de la inmobiliaria en Madrid y accedió al edificio para denunciar lo que considera prácticas "mafiosas". La organización aseguró en sus redes sociales que su protesta no se dirige únicamente contra propietarios y rentistas, sino también contra intermediarios a los que acusa de presionar para elevar los alquileres.
Las patronales activan un observatorio de incidencias
Ante la extensión de los incidentes, la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) puso en marcha de urgencia un observatorio nacional para recopilar información sobre la situación de las agencias durante los días 11 y 12 de noviembre.
En sus primeras horas de funcionamiento, la plataforma ya recogía incidencias en establecimientos de Madrid, Álava, A Coruña, Cantabria, Cáceres, Málaga, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife.
Entre los problemas comunicados figuran pintadas en fachadas, daños en escaparates, bloqueos de accesos mediante candados o silicona y amenazas verbales. Según los datos trasladados por Alquiler Seguro, la cifra de oficinas afectadas había aumentado hasta 40, aproximadamente dos tercios de su red nacional. Los incidentes se concentraban principalmente en Madrid, aunque también se notificaron casos en Barcelona, Oviedo, A Coruña, Guadalajara, Burgos, Córdoba y Murcia.
Remax, Inmobiliaria Encuentro y agencias vinculadas a la Asociación APEI-Expertos Inmobiliarios, como Antalia, también confirmaron incidencias.
En Madrid, la oficina de Eduardo Molet apareció con pintadas en las que se le calificaba de "buitre" y "especulador". Además, los daños en la cerradura impidieron que el establecimiento pudiera abrir hasta las 11.30 horas.
La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) también informó de actos vandálicos en agencias de distintas ciudades, principalmente pintadas y roturas de puertas y cristales. La organización expresó su preocupación por la posibilidad de que los incidentes aumentaran durante la jornada y comunicó formalmente los hechos a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.
Las asociaciones reclaman protección para trabajadores y negocios
Fadei ha pedido a los profesionales del sector que prioricen la seguridad de las personas, eviten enfrentamientos y recurran a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando sea necesario.
En un comunicado, la federación expresó su respeto al derecho constitucional de huelga, pero defendió también el derecho al trabajo, la libertad de empresa y la posibilidad de que los establecimientos mantengan su actividad con normalidad.
La organización considera que la crisis de vivienda requiere respuestas estructurales y sostiene que paralizar la actividad empresarial no resuelve los desequilibrios del mercado residencial. A su juicio, este tipo de actuaciones puede ocasionar perjuicios adicionales a ciudadanos, empresas y trabajadores.
La FAI, por su parte, reconoció el malestar social ante las dificultades para acceder a una vivienda. La federación señaló que miles de jóvenes no pueden emanciparse y que numerosas familias tienen problemas para encontrar alquileres asequibles o afrontar sus pagos. Sin embargo, reclamó a los convocantes que promuevan manifestaciones pacíficas y recordó que el derecho a la huelga debe ejercerse respetando la actividad profesional legal.
Ambas organizaciones insisten en que buena parte de las más de 40.000 agencias inmobiliarias que operan en España son pequeños negocios gestionados por autónomos y trabajadores que también afrontan hipotecas, alquileres y dificultades económicas.
La FAI rechaza que estos profesionales sean considerados responsables de la crisis habitacional y sostiene que su labor consiste en facilitar acuerdos entre propietarios, compradores e inquilinos. Además, considera que las principales reivindicaciones deben dirigirse a las administraciones públicas, a las que reclama soluciones para ampliar el acceso a la vivienda.
Una huelga convocada en plena precampaña electoral
La movilización del 11 de noviembre tiene como principal reivindicación el acceso a una vivienda digna. A comienzos de octubre, el Sindicato de Inquilinas había presionado a CC OO y UGT para que convocaran una huelga general, la primera conjunta en 14 años con la vivienda como eje central.
Los sindicatos mayoritarios acordaron dar el paso el 7 de octubre, después de que el Congreso rechazara los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno. La decisión coincidió con el anuncio del adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. Días después, el Ejecutivo volvió a aprobar los textos en Consejo de Ministros, con la intención de someterlos a la Diputación Permanente del Congreso.
La convocatoria generó críticas desde la oposición y las organizaciones empresariales, además de distanciamientos por parte de sindicatos como CSIF y USO, que cuestionaron su carácter político y electoralista.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió desconvocar el paro después del accidente ferroviario de Urda. La CEOE y Cepyme también expresaron su rechazo. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, llegó a anunciar que estudiaría impugnar la convocatoria, aunque rectificó el 22 de octubre.
Patronales y sindicatos ofrecen balances diferentes
Las valoraciones sobre el seguimiento de la huelga también han sido muy distintas. La CEOE ha destacado la reducción del consumo eléctrico durante las primeras horas de la mañana, que situó en torno al 6% entre las 9.00 y las 11.00 horas, frente al descenso del 15% registrado durante la huelga general de 2012.
La patronal ha defendido el derecho de los trabajadores a desarrollar su actividad y ha cuestionado el impacto de la convocatoria.
En cambio, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas calificó la movilización de éxito y aseguró que alrededor de cuatro millones de personas habían secundado el paro.
Por sectores, los sindicatos comunicaron una participación especialmente elevada en algunas ramas industriales. Situaron el seguimiento en el 90% en automoción y en los puertos de Valencia y Algeciras, en el 85% en la industria cárnica y en el 75% en el sector energético.
En los servicios, CC OO cifró la participación en el 61,9% en hostelería, turismo y juego; el 60,8% en comercio; el 50,9% en servicios técnicos, y el 25,4% en banca y servicios financieros.
Las cifras ofrecidas por las organizaciones empresariales fueron considerablemente inferiores. Hostelería de España describió el seguimiento como "bajísimo" y lo situó entre el 0% y el 2% en la mayoría de las provincias, con un 5% en Barcelona.