Las promotoras consideran insuficiente el Plan Estatal de Vivienda y reclaman cambios urgentes
Los directivos inmobiliarios señalan la burocracia, la presión fiscal y la falta de financiación para urbanizar como principales obstáculos al aumento de la oferta residencial.

Los principales directivos del sector inmobiliario cuestionan la dotación de 7.000 millones de euros para cinco años y señalan la falta de suelo, la lentitud administrativa y la presión fiscal como obstáculos para aumentar la oferta residencial.
La falta de vivienda en España volvió a centrar el debate entre los principales representantes del sector promotor durante una nueva edición de Simed. En un encuentro que reunió a directivos de importantes compañías inmobiliarias, los participantes analizaron las dificultades que frenan la construcción de nuevas viviendas y plantearon medidas para responder al déficit de oferta.
Entre los asuntos abordados destacaron la escasez de suelo disponible, la insuficiencia de vivienda asequible y la elevada carga fiscal que soporta la promoción residencial. Sin embargo, buena parte de las intervenciones se concentró en el nuevo Plan Estatal de Vivienda aprobado por el Gobierno para el periodo 2026-2030, cuya financiación fue considerada insuficiente por varios de los empresarios.
Los promotores cuestionan el presupuesto del Plan de Vivienda
Francisco Pérez, CEO de Culmia, valoró algunas de las líneas de actuación del nuevo plan, pero criticó la cantidad destinada a financiarlo. Según explicó, los 7.000 millones de euros previstos para cinco años están muy por debajo de las necesidades del sector.
El directivo sostuvo que sería necesario contar con al menos 8.000 millones de euros anuales, lo que elevaría la inversión total a 40.000 millones durante el periodo. A su juicio, la dotación actual representa una cantidad casi seis veces inferior a la necesaria.
Gabriel Sánchez, director general de Negocio de Neinor Homes, puso el foco en la financiación de las obras de urbanización. Señaló que el plan contempla una inversión de 8.000 euros por vivienda protegida para desarrollar las urbanizaciones, una cantidad que considera claramente insuficiente para abordar el problema de fondo: la falta de suelo preparado y las dificultades para ejecutar los desarrollos urbanísticos.
En la misma línea, Javier Braza, CEO de Lagoom Living, calificó el plan de "mero aperitivo". El directivo afirmó que el problema de la vivienda es estructural y está relacionado con la falta de oferta. También cuestionó la gestión de los fondos europeos Next Generation y advirtió de que la construcción de vivienda protegida seguirá dependiendo, en buena medida, de las ayudas autonómicas.
La fiscalidad también presiona el precio de la vivienda
La carga impositiva fue otro de los puntos destacados durante el encuentro. Gabriel Sánchez recordó que alrededor del 26% del coste de una vivienda corresponde a impuestos, un factor que, según el directivo, repercute en el precio final.
Albert Rivera, exlíder de Ciudadanos y moderador del debate, también se refirió al peso fiscal del sector. Describió la vivienda como "la gallina de los huevos de oro" por su capacidad recaudatoria y por la importancia que tiene dentro de la economía.
El desarrollo del suelo, principal cuello de botella
La dificultad para transformar terrenos en suelo finalista fue uno de los diagnósticos compartidos por Tomás Gasset, CEO de Urbania, y Alberto Quemada, CEO de LandCo.
Gasset sostuvo que el problema no consiste únicamente en la disponibilidad de suelo, sino en la complejidad de los procedimientos necesarios para desarrollarlo. Describió los trámites como un proceso largo, incierto y burocrático que termina alejando a los inversores.
El directivo también cuestionó el tratamiento del desarrollo del suelo como una actividad especulativa en una directiva europea, al considerar que esa clasificación dificulta el acceso a financiación bancaria. "¿Qué industria puede desarrollarse sin financiación bancaria?", planteó.
Como alternativa, propuso crear una industria especializada en el desarrollo de suelo, diferenciada de la promoción de viviendas, debido a las distintas necesidades financieras y los plazos de cada actividad. También reclamó una reforma de la Ley del Suelo para reducir los tiempos administrativos. Según expuso, pueden transcurrir diez años hasta decidir qué se puede construir y otros tres o cuatro para determinar cómo ejecutar las obras de urbanización.
Quemada, por su parte, señaló que los inversores necesitan seguridad jurídica, certidumbre en los plazos y rentabilidad. Por ello, pidió una reforma más profunda de la legislación urbanística y cuestionó que un plan pueda quedar anulado por una impugnación después de una década de tramitación.
El CEO de LandCo explicó que un desarrollo urbanístico puede prolongarse entre uno y 25 años debido a la intervención de distintas administraciones y departamentos. Para reducir esa incertidumbre, propuso establecer un mando único que actúe como interlocutor con las administraciones y tenga capacidad para coordinar los procedimientos.
Enaut Saiz, CEO de Naiz Homes, también alertó sobre la duración de los procesos. Según indicó, en España se habla de una media de 12 años de planificación y 15 años de gestión urbanística. A su juicio, liberar suelo en zonas estratégicas no es suficiente si no se agilizan los trámites y se reducen los requisitos administrativos.
Más coordinación, financiación y cambios normativos
Los participantes coincidieron en que las medidas actuales no bastan para aumentar la construcción y defendieron cambios en varios ámbitos: seguridad jurídica, plazos administrativos, financiación de las urbanizaciones y requisitos de edificación.
Saiz insistió en la necesidad de acortar los procedimientos para ofrecer mayor certidumbre a los promotores. Braza, por su parte, reclamó una legislación estable y criticó que se recurra a decretos para abordar cuestiones que, en su opinión, necesitan una regulación estructural. También pidió a los responsables políticos que pongan en marcha propuestas que, según afirmó, llevan tiempo pendientes.
Francisco Pérez planteó que las comunidades autónomas y los ayuntamientos declaren prioritarios determinados sectores urbanísticos y establezcan plazos máximos para su tramitación. Su propuesta busca que el planeamiento pueda aprobarse en dos años y que, a continuación, sea posible iniciar la urbanización y solicitar licencias de forma simultánea.
El CEO de Culmia también se mostró dispuesto a elevar el porcentaje de vivienda protegida en determinados desarrollos, incluso hasta el 40% o el 50%, frente al 30% mencionado como referencia, si esa medida permite acelerar la respuesta a la emergencia habitacional.
En materia de financiación, Gabriel Sánchez pidió que los recursos públicos se destinen a sufragar las obras de urbanización necesarias para activar los terrenos disponibles. También reclamó que se aplique de manera efectiva la simultaneidad entre las obras de urbanización y la construcción de viviendas.
El coste de los estándares de calidad
El último eje del debate fue el impacto de los requisitos de calidad en la construcción. Sánchez señaló que las nuevas viviendas deben cumplir estándares elevados y estimó que estas exigencias pueden encarecer su coste entre un 5% y un 10%.
Las intervenciones dejaron un diagnóstico compartido por los directivos: aumentar la oferta residencial no depende únicamente de disponer de financiación o terrenos, sino también de transformar suelo, reducir los plazos administrativos y ofrecer un marco normativo estable que permita desarrollar nuevos proyectos.

