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Secretary general of workers union UGT, Pepe Alvarez, speaks to reporters during a nationwide general strike over the country's housing crisis, with workers also demanding greater purchasing power ahead of a snap general election at the end of the month, in Madrid on November 11, 2026 Thomas COEX / AFP via Getty Images

El trabajador, que también era representante de la plantilla, sostiene que su salida se produjo tras alertar a la Inspección de Trabajo sobre una presunta cesión ilegal de empleados. El organismo sancionó al sindicato con 60.000 euros por esa infracción.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) despidió a un abogado cinco meses después de que este denunciara presuntas irregularidades laborales y económicas dentro de la organización. El afectado, que también ejercía como representante de los trabajadores, considera que su salida fue consecuencia de una serie de represalias por haber puesto los hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo y de los órganos internos del sindicato.

El conflicto se originó por varias prácticas que el empleado cuestionó, entre ellas la externalización de servicios jurídicos, el uso de contratos mercantiles que calificó de opacos, una presunta cesión ilegal de trabajadores y una supuesta gestión irregular de los recursos sindicales.

La Inspección de Trabajo de Madrid acabó sancionando a UGT con 60.000 euros al constatar una cesión ilegal de trabajadores desde una empresa externa. En su resolución, según los datos recogidos en la denuncia, también señaló condiciones laborales menos favorables para los empleados afectados y un perjuicio económico derivado de sus condiciones contractuales.

La sanción de Trabajo y las condiciones de los empleados

La Inspección constató que los trabajadores afectados tenían una jornada anual de 1.765 horas, frente a las 1.561 establecidas en el convenio de UGT. Además, percibían un salario de 21.252 euros, lo que suponía una diferencia salarial superior a los 12.000 euros anuales por empleado, según la información recogida en el expediente.

Tras conocer la resolución, el abogado presentó el 7 de mayo una denuncia a través del Canal de Cumplimiento de UGT Confederal contra la Ejecutiva de FeSMC-UGT. En el escrito solicitaba que se investigara una posible vulneración del Código Ético, reclamaba la expulsión de los integrantes de la Ejecutiva y pedía que se garantizara la confidencialidad de su identidad.

Cinco días después, el comité encargado del canal archivó la denuncia por una supuesta falta de competencia territorial y estructural. Sin embargo, remitió el escrito a la propia federación denunciada, una decisión que el trabajador cuestionó por considerar que comprometía la confidencialidad del procedimiento y su protección como informante.

El abogado trasladó posteriormente sus reclamaciones a la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), al Tribunal de Cuentas y a la Secretaría General Confederal de UGT. Entre otros asuntos, pidió que se investigara el tratamiento de su denuncia y los posibles perjuicios económicos derivados de las prácticas señaladas.

El denunciante cuestiona la gestión del canal interno

Uno de los episodios señalados por el trabajador habría ocurrido el 14 de mayo de 2026, dos días después de que su denuncia fuera remitida a la federación. Según su relato, Antonio Oviedo, entonces secretario general de FeSMC-UGT, lo citó en un establecimiento de Madrid y le comunicó que Pepe Álvarez le había facilitado el escrito original para que "solucionase" el asunto con él.

En un correo dirigido al secretario general de UGT, el abogado acusó al comité del canal de cumplimiento y a otros responsables de cometer infracciones muy graves al trasladar información de la denuncia a las personas señaladas en ella. También sostuvo que se habría extraído información del entorno protegido del canal para difundirla por vías de comunicación ordinarias.

El trabajador recurrió el archivo de su denuncia mediante un recurso de alzada. En ese escrito defendió que los hechos no constituían simples discrepancias organizativas, sino que estaban relacionados con una resolución de la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid que había constatado una infracción muy grave.

Asimismo, cuestionó la imparcialidad de la persona que firmó la inadmisión. Según el denunciante, esta mantenía una relación personal con el propietario de la empresa vinculada a la cesión de trabajadores y su hija había trabajado en esa mercantil. A partir de estos hechos, pidió que se examinara un posible conflicto de intereses en la tramitación interna.

También denunció que no se habían respetado los plazos para resolver el expediente y que, más de seis meses después, seguía sin recibir una respuesta definitiva. Añadió que la persona que inicialmente debía tramitar la denuncia había sido posteriormente nombrada secretario estatal de la federación señalada.

El abogado denuncia despidos y otras posibles represalias

En otra comunicación dirigida a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, el trabajador afirmó que varios empleados que reclamaron sus derechos después de la actuación de la Inspección fueron despedidos. Según su denuncia, cuatro personas abandonaron la organización y sus despidos fueron reconocidos como improcedentes.

El afectado también señaló que se iniciaron procedimientos de modificación de las condiciones laborales contra trabajadores relacionados con el expediente, lo que, a su juicio, habría generado un entorno de hostigamiento y desprotección.

A estas acusaciones sumó posibles irregularidades en el uso de las cuotas de los afiliados. En concreto, sostuvo que podrían haberse destinado recursos sindicales a mantener contrataciones que consideraba innecesarias o a asumir indemnizaciones derivadas de decisiones injustificadas.

El denunciante asegura, además, que recibió burofaxes en su domicilio durante periodos vacacionales con imputaciones que considera falsas y que interpreta como otra forma de represalia por haber comunicado las irregularidades.

La representación de los trabajadores reclama un espacio propio

La controversia también se extendió a las condiciones para desarrollar la actividad de representación laboral en la sede de FeSMC-UGT Madrid.

En un escrito fechado el 4 de septiembre de 2026 y dirigido a la Ejecutiva, la representación legal de los trabajadores denunció que, después de las obras de reorganización y del traslado de la plantilla a la segunda planta, seguía sin disponer de un local adecuado para ejercer sus funciones sindicales.

Los representantes cuestionaron que se hubieran reservado espacios para aseos y duchas de uso exclusivo vinculados a determinados despachos, mientras no se había habilitado una sala propia para su actividad.

En su reclamación invocaron el artículo 81 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 8.2.c de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. También solicitaron la asignación inmediata de un espacio que reuniera condiciones de privacidad, seguridad y habitabilidad, además de los medios básicos necesarios para desarrollar sus tareas.