Criptomonedas
Bruselas exige a España completar la normativa fiscal sobre criptomonedas mediante la directiva DAC8 SEBASTIEN BOZON / AFP via Getty Images

La Comisión Europea ha enviado a España un dictamen motivado por no haber incorporado plenamente a su legislación nacional las normas comunitarias de transparencia fiscal relacionadas con las criptomonedas. La decisión, anunciada el 19 de noviembre de 2026, forma parte del paquete de procedimientos de infracción de la Unión Europea y también afecta a República Checa.

El requerimiento se refiere a la directiva DAC8, que establece mecanismos para que las autoridades tributarias de los Estados miembros intercambien información sobre las operaciones con criptoactivos. Según el documento publicado por EUbusiness, España dispone ahora de dos meses para completar la transposición de las disposiciones pendientes y comunicar las medidas adoptadas.

Si no responde satisfactoriamente dentro del plazo, la Comisión podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solicitar la imposición de sanciones económicas.

Qué exige la directiva DAC8

La directiva DAC8, aprobada mediante la normativa europea 2023/2226, amplía las obligaciones de cooperación administrativa entre países para incluir información relacionada con inversiones en criptoactivos. Su finalidad es reforzar la transparencia tributaria y facilitar la detección de prácticas de evasión y elusión fiscal.

De acuerdo con la Comisión Europea, la naturaleza transfronteriza de estos activos dificulta que las administraciones nacionales puedan identificar y controlar adecuadamente los ingresos y las ganancias de capital derivados de sus operaciones. Por ello, las nuevas disposiciones establecen procedimientos para que los proveedores de servicios de criptoactivos recopilen información sobre sus usuarios y determinadas transacciones.

Estos operadores deberán facilitar los datos a las autoridades tributarias de sus respectivos países. Posteriormente, la información correspondiente a inversores residentes en otros Estados miembros se intercambiará entre las administraciones nacionales. El mecanismo busca mejorar la capacidad de los gobiernos para evaluar y recaudar los impuestos correspondientes.

La directiva debía incorporarse a las legislaciones nacionales antes del 31 de diciembre de 2025 y sus disposiciones comenzaron a aplicarse el 1 de enero de 2026. La Comisión ya había enviado en enero de este año requerimientos formales a los países que no habían completado su implementación.

España deberá completar la adaptación normativa

El dictamen motivado representa una nueva fase del procedimiento iniciado por la Comisión. A diferencia de una primera notificación formal, este paso implica que Bruselas considera que las explicaciones o medidas comunicadas hasta ahora no han resuelto las deficiencias identificadas.

La situación española se suma a otros expedientes relacionados con la regulación financiera y los criptoactivos incluidos en el paquete europeo de noviembre. No obstante, el procedimiento sobre DAC8 se refiere específicamente a la transparencia fiscal y al intercambio de información entre administraciones tributarias, y no debe confundirse con las obligaciones regulatorias del marco MiCA.

La respuesta del Gobierno en los próximos dos meses determinará si el expediente puede cerrarse o si avanza hacia una posible intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.