El Supremo mantiene sin voto a 162.454 nacionalizados por la ley de nietos para el 29-N
Solo quienes presenten documentación consular que pruebe el exilio de sus antepasados podrán quedar fuera de la medida antes de las elecciones del 29-N.

El Tribunal Supremo ha ratificado la suspensión cautelar del derecho al sufragio de 162.454 personas que obtuvieron la nacionalidad española mediante la llamada ley de nietos. La Sala no ha aceptado la reducción de afectados planteada por el Gobierno, que situaba la cifra en 113.326, y mantiene la excepción para quienes acrediten documentalmente el exilio de sus antepasados.
El Tribunal Supremo mantiene su decisión de excluir del censo electoral para las elecciones del 29-N a 162.454 personas nacionalizadas al amparo de la ley de nietos. La resolución afecta a quienes no han acreditado que sus antecesores tuvieron que exiliarse, mientras que 901 ciudadanos sí han presentado la documentación requerida.
La decisión se mantiene pese a que la Abogacía del Estado trasladó al alto tribunal que el número de afectados debía reducirse a 113.326, de acuerdo con los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y supervisados por la Junta Electoral Central.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha recordado que tanto la Junta Electoral Central como la Oficina del Censo Electoral deben cumplir lo acordado en las resoluciones del 10 de septiembre y del 12 y 23 de octubre. En ellas se estableció la suspensión cautelar del sufragio a petición de Iustitia Europa y Vox.
Los magistrados señalan que ninguna de las 163.355 personas inicialmente afectadas podrá figurar como electora, tanto en el censo de residentes en el extranjero como en el de residentes en España. La excepción corresponde a las 901 que ya aportaron certificación consular y a quienes presenten esa misma acreditación antes de la jornada electoral.
La acreditación del exilio, clave para recuperar el derecho al voto
La resolución deja abierta la posibilidad de que los nacionalizados mediante la ley de nietos puedan justificar documentalmente que sus antepasados fueron exiliados.
La normativa se apoya en una instrucción del Ministerio de Justicia que presume la condición de exiliados de los españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955, lo que permitió a sus descendientes acceder a la nacionalidad española.
Sin embargo, el Supremo mantiene que esa condición debe acreditarse en los términos establecidos por la Sala para poder quedar fuera de la suspensión cautelar y ejercer el derecho al sufragio en las elecciones del 29-N.
El Supremo abre dos días de alegaciones sobre el voto con DNI electrónico
En una providencia distinta, el tribunal ha concedido a las partes un plazo de dos días para pronunciarse sobre la petición de suspender el voto mediante DNI electrónico.
La decisión llega después de que la directora general de Política Interior del Ministerio del Interior respondiera a los requerimientos del Supremo sobre los controles de seguridad de los dispositivos que se distribuirán en las mesas electorales.
Estos equipos permitirán comprobar la autenticidad de la identificación electrónica mediante la lectura de un código QR, con el objetivo de verificar la identidad de los ciudadanos que acudan a votar.
El tribunal ha advertido, no obstante, de que la documentación remitida por Interior contiene "datos sensibles" relacionados con los controles de seguridad y los sistemas de verificación de los dispositivos.
Por este motivo, ha pedido a las partes que mantengan la "necesaria reserva" sobre esa información y ha limitado su utilización a la defensa de sus derechos e intereses legítimos dentro del procedimiento judicial.
El PP debe aclarar en qué condición quiere personarse
La Sala también ha requerido al Partido Popular que precise en qué condición pretende intervenir en el procedimiento. El partido había solicitado personarse después de ser emplazado por la Junta Electoral Central.
El Supremo recuerda que, conforme al artículo 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el PP únicamente podría actuar como parte codemandada.
Por su parte, Iustitia Europa, formación liderada por Luis María Pardo, promovió la medida relacionada con el voto mediante DNI electrónico después de que la Junta Electoral Central dejara sin efecto su suspensión.
La decisión de la Junta se produjo tras la respuesta de Interior, que aseguró que los dispositivos permitirían ejercer el voto el 29-N con las garantías de seguridad necesarias. Ahora, el Supremo ha abierto un nuevo plazo para que las partes expongan sus argumentos antes de resolver sobre esta cuestión.

