El Supremo mantiene el voto de los hijos de nacionalizados por la ley de nietos para el 29N
La Sala considera inviable revisar el censo y garantizar las alegaciones de los afectados antes de las elecciones generales del 29 de noviembre

El alto tribunal rechaza suspender cautelarmente su derecho de sufragio al considerar que, a menos de dos semanas de las elecciones, no hay tiempo suficiente para revisar el censo y garantizar las alegaciones de los afectados. La decisión cuenta con el voto discrepante de un magistrado.
El Tribunal Supremo ha rechazado suspender cautelarmente el derecho a voto de los hijos de las personas que obtuvieron la nacionalidad española mediante la denominada ley de nietos. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado, con un voto particular en contra, el recurso de reposición presentado por Vox frente a la negativa inicial del tribunal a adoptar esta medida.
La suspensión también había sido solicitada por Iustitia Europa, pero tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado y las asociaciones de afectados se opusieron a la petición.
La Sala mantiene los argumentos de su resolución anterior y considera que, debido al avanzado estado del proceso electoral y a la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre, no resulta viable iniciar una nueva revisión del censo antes de la votación ni del escrutinio general que deben realizar las juntas electorales provinciales.
Los magistrados advierten de que una modificación en este momento impediría garantizar que las personas afectadas pudieran ser escuchadas y que sus alegaciones recibieran respuesta antes de las fechas previstas.
El Supremo considera prioritario que el censo electoral quede cerrado con suficiente antelación para preparar los listados de las mesas y facilitar su entrega a los representantes de las candidaturas que lo soliciten dentro de los dos días siguientes a la proclamación de las listas electorales.
No obstante, la resolución reconoce que la respuesta podría haber sido diferente si la solicitud de suspensión se hubiera presentado al comienzo de la pieza cautelar. La Sala recuerda, además, los argumentos expuestos el pasado 10 de septiembre, cuando acordó suspender el voto de parte de los nacionalizados por la ley de nietos, e insistió en que las actuaciones debían realizarse dentro de los plazos disponibles y respetando las garantías de las personas afectadas.
El Supremo considera demasiado compleja una nueva revisión del censo
La resolución sostiene que la operación solicitada por Vox está lejos de ser tan sencilla como plantea la formación política. El tribunal coincide en este punto con los argumentos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado y destaca la dificultad de identificar correctamente a las personas cuyo derecho de sufragio debería quedar suspendido.
La tarea no consistiría únicamente en localizar a los hijos de las 901 personas que acreditaron documentalmente el exilio de sus ascendientes y que, por tanto, conservan el derecho a votar. Según el Supremo, sería necesario identificar a los hijos mayores de edad de las 113.326 personas cuya inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) está suspendida.
Para ello, los consulados tendrían que revisar los expedientes de nacionalidad uno por uno y distinguir entre quienes adquirieron la ciudadanía por ser descendientes de personas afectadas por la suspensión y quienes proceden de nacionalizados que mantienen su derecho al voto en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.
El tribunal considera que esta comprobación individualizada supondría una carga adicional para los servicios consulares, que tendrían que compaginarla con el resto de las tareas propias del proceso electoral.
A ello se añadiría la obligación de conceder un plazo para que los afectados pudieran presentar alegaciones. Según los magistrados, incluso con plazos muy reducidos, no habría tiempo suficiente para tramitar las reclamaciones y cerrar el censo con las garantías necesarias antes de la votación y el escrutinio.
Como argumento adicional, la Sala recuerda que transcurrió aproximadamente un mes entre el 12 de octubre, cuando ratificó la suspensión del voto de los nacionalizados afectados, y el 9 de noviembre, fecha en la que pudo resolver las alegaciones presentadas por las personas afectadas.
Un magistrado defiende que también debía suspenderse el voto de los hijos
El magistrado Antonio Jesús Fonseca ha vuelto a expresar su discrepancia con la mayoría de la Sala. A su juicio, el derecho de sufragio de los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos también debería haberse suspendido cautelarmente.
En su voto particular sostiene que la convocatoria electoral constituyó una circunstancia sobrevenida que no debía impedir la adopción de medidas destinadas a garantizar que las elecciones se celebraran sin irregularidades.
Fonseca considera que el adelanto electoral se produjo cuando ya estaban suspendidos los efectos de una parte del CERA y que esa medida cautelar podía ampliarse, como entiende que debió hacerse.
El magistrado subraya que, en ese momento, algunos electores ya tenían suspendido su derecho al voto y el censo se encontraba sometido a revisión. Por ello, considera que los plazos electorales debían respetarse sin renunciar a las garantías necesarias para todos los votantes.
A su entender, la Administración debía haber actuado con diligencia desde que se planteó la posibilidad de ampliar las medidas cautelares, en lugar de esperar a que se produjera un incumplimiento de las obligaciones de revisión censal.
Su discrepancia se refiere precisamente a la actuación de la Administración durante el procedimiento anterior, cuando el Supremo acordó suspender el voto de los nacionalizados y el Gobierno alegó que no disponía de tiempo ni de medios suficientes para revisar individualmente todos los expedientes.
Con esta resolución, la mayoría del Tribunal Supremo mantiene el derecho de sufragio de los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos para las elecciones del 29N, al considerar que una nueva modificación del censo no podría realizarse a tiempo con las garantías exigibles.

