El Gobierno cifra en 113.326 los nacionalizados por la ley de nietos que no podrán votar el 29N
La Abogacía del Estado comunica al Supremo la cifra definitiva, mientras Iustitia Europa reclama aclarar la situación censal de miles de personas que no aparecen en el CERA.

La Abogacía del Estado ha comunicado al Tribunal Supremo que 113.326 personas nacionalizadas al amparo de la denominada "ley de nietos" tienen suspendido el derecho de sufragio en las elecciones generales del 29 de noviembre. Iustitia Europa reclama ahora que se aclare la situación censal de otros 35.925 registros que no aparecen en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
La cifra de personas afectadas por la suspensión cautelar del voto ha vuelto a reducirse tras las últimas comprobaciones realizadas por la Administración. Según los datos trasladados por la Abogacía del Estado al Tribunal Supremo (TS), y facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) bajo la supervisión de la Junta Electoral Central, son finalmente 113.326 los nacionalizados por la ley de nietos que no podrán participar en las elecciones generales del 29N.
Tras conocer esta actualización, Iustitia Europa ha solicitado al alto tribunal que requiera al INE información sobre los 35.925 registros que no han podido localizarse en el CERA. La formación también pide que se identifiquen los posibles traslados de estos electores al Censo Electoral de Residentes en España (CER), así como las fechas en las que se habrían producido.
La organización que preside Luis María Pardo ya había solicitado que la suspensión del sufragio se extendiera a los nacionalizados por esta vía que actualmente residen en España y a los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la misma normativa y que también adquirieron la ciudadanía española.
Pardo considera que la existencia de esos registros sin una situación censal aclarada resulta especialmente preocupante a doce días de las elecciones. "El censo se revisa antes de votar, no después", ha defendido.
Iustitia Europa cuestiona los cambios en las cifras oficiales
El presidente de la formación ha reclamado explicaciones sobre el destino de los 35.925 registros que no figuran en el CERA. Entre las cuestiones que plantea está si esas personas aparecen inscritas en el censo de residentes en España, si fueron trasladadas desde el registro de residentes en el extranjero o si nunca llegaron a completar su inscripción.
Según Pardo, el informe remitido por el Gobierno al Supremo no resuelve estas dudas ni ofrece información individualizada sobre la situación de esos electores. También ha criticado que, desde el 10 de septiembre, el tribunal haya tenido que pronunciarse en varias ocasiones sobre la ejecución de las medidas cautelares mientras la Administración modificaba sucesivamente el número de afectados.
El escrito de la Abogacía del Estado recuerda que el Ministerio de Asuntos Exteriores había situado inicialmente en 163.355 el número de personas que habían obtenido la nacionalidad española gracias a la ley de nietos.
De 163.355 registros iniciales a 113.326 electores afectados
La cifra se ha ido ajustando a través de distintas comprobaciones. Tras los recursos presentados por Iustitia Europa y Vox y la solicitud de suspensión cautelar, el Supremo pudo determinar que únicamente 901 personas habían acreditado documentalmente el exilio de sus ascendientes.
El resto había obtenido la nacionalidad mediante la presunción de exilio establecida en una instrucción del Ministerio de Justicia. Esta disposición considera exiliadas a las personas que salieron de España entre 1936 y 1955, un criterio cuya legalidad está siendo cuestionada por el alto tribunal.
Posteriormente, el 5 de noviembre, la Oficina del Censo Electoral retiró del listado 9.707 registros correspondientes a personas que eran menores de edad en la fecha de votación o que adquirieron la nacionalidad después del cierre del censo vigente para las elecciones del 29N. Con esa depuración, el número de electores afectados quedó entonces en 153.648.
Las comprobaciones posteriores permitieron identificar 117.723 registros en el CERA. Al contrastarlos con los 901 nacionalizados que sí habían acreditado el exilio de sus ascendientes, la cifra se situó en 116.994, debido a que 729 de ellos ya figuraban en ese registro.
Después de una nueva revisión para eliminar posibles duplicidades, la Administración obtuvo un listado de 114.799 electores.
Las últimas revisiones fijan el número en 113.326
La Abogacía del Estado ha explicado que, tras las comprobaciones realizadas el pasado 5 de noviembre, se determinó que 1.283 personas debían quedar fuera de la suspensión porque su inscripción en el censo electoral era anterior a la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. Así, el número de registros se redujo a 113.516.
Una revisión adicional, efectuada el 11 de noviembre, permitió identificar otros 190 electores que también contaban con una inscripción censal previa a la entrada en vigor de la norma. Según el informe, a estas personas ya se les ha enviado la documentación electoral correspondiente al segundo envío del voto por correo.
Con estas exclusiones, la cifra definitiva comunicada al Supremo queda fijada en 113.326 personas afectadas por la suspensión cautelar del derecho de sufragio.
Los consulados y las juntas electorales recibirán avisos específicos
La Administración también ha detallado las medidas adoptadas para aplicar la suspensión durante el proceso electoral. Las listas remitidas al Ministerio de Asuntos Exteriores para su distribución entre las oficinas consulares ya excluyen a los electores afectados por la decisión judicial.
Además, la aplicación informática que utilizan los consulados para consultar los datos de los votantes y emitir certificados de inscripción censal incorpora un aviso específico cuando se identifica a una persona cuyo derecho de sufragio está suspendido. El sistema también impide emitir el correspondiente certificado electoral.
La identificación diferenciada se ha incorporado igualmente a los archivos censales que se entregan a las juntas electorales provinciales para el escrutinio. De esta forma, cuando se consulte el certificado de inscripción de alguno de los electores afectados, el sistema mostrará una advertencia sobre la suspensión de su derecho a votar.
Mientras tanto, Iustitia Europa insiste en que el Supremo debe exigir una explicación sobre los 35.925 registros que no aparecen en el CERA y determinar si figuran en algún otro censo electoral.

