El PP da 48 horas a Exteriores para cumplir la orden del Supremo sobre el voto de la ley de nietos
Alma Ezcurra denuncia que Exteriores lleva más de un mes sin enviar datos a la Oficina del Censo Electoral y amenaza con reclamar responsabilidades, incluso penales.
Alma Ezcurra denuncia que el Gobierno lleva más de un mes sin remitir información a la Oficina del Censo Electoral y exige suspender el voto de los afectados. El partido da de plazo hasta el jueves para cumplir la resolución judicial, ante el inicio del envío de la documentación electoral al extranjero.
El Partido Popular ha advertido de que exigirá responsabilidades, incluidas las penales, si el Ministerio de Asuntos Exteriores no cumple la orden del Tribunal Supremo relacionada con el derecho al voto de los españoles nacionalizados al amparo de la conocida como ley de nietos.
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha denunciado que el Ejecutivo lleva más de un mes sin enviar "ni un solo dato" a la Oficina del Censo Electoral, pese a los requerimientos judiciales. La dirigente popular acusa al Gobierno de obstaculizar la aplicación de las resoluciones y de retrasar el procedimiento a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.
En declaraciones difundidas por el partido, Ezcurra también ha criticado la decisión del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, de recurrir ante el Tribunal Constitucional la resolución del Supremo. A su juicio, el recurso se ha presentado cuando la vía judicial todavía no ha concluido y el propio escrito reconoce problemas en la actuación administrativa del Gobierno.
El PP da de plazo hasta el jueves para cumplir la orden
Exigiremos responsabilidades penales contra todo aquel que incumpla la resolución del Tribunal Supremo sobre la Ley de Nietos.
— Partido Popular (@ppopular) October 20, 2026
No nos cansaremos de repetirlo: ni es ley, ni es de nietos.@ALMA_EZCURRA pic.twitter.com/LW20y0CeJX
Ezcurra ha anunciado que el PP ha enviado un burofax a la directora general de Españoles en el Exterior para exigir el cumplimiento inmediato de la resolución judicial relativa al voto de los afectados por la ley de nietos.
El escrito establece como límite el jueves 22 de octubre. Según la dirigente popular, el plazo responde a que el sábado 24 está previsto que comience el envío de la documentación electoral a los residentes en el extranjero.
El PP advierte de que, si no se atiende el requerimiento, reclamará las responsabilidades que correspondan, incluidas las de carácter penal.
La formación sostiene que la actuación de la Administración debe ajustarse a las resoluciones judiciales y garantizar que el censo electoral se elabore conforme a los procedimientos establecidos.
La disputa afecta a unos 163.000 electores en el extranjero
Según las cifras mencionadas por Ezcurra, la medida podría afectar a unos 163.020 electores vinculados a la ley de nietos. La controversia gira en torno a la aplicación de la resolución del Tribunal Supremo que afecta a su participación en los próximos comicios.
El PP reclama que se ejecute la orden antes de que avance el proceso de envío del material electoral. La formación considera que cualquier demora podría complicar la aplicación de la resolución judicial dentro del calendario previsto.
Por su parte, el recurso presentado por el Defensor del Pueblo ante el Constitucional introduce un nuevo elemento en la disputa jurídica. El tribunal deberá abordar la cuestión procesal planteada, mientras continúa la controversia sobre los trámites administrativos relacionados con el censo.
Ezcurra acusa al Gobierno de incumplir sus obligaciones
La dirigente popular ha defendido que el censo debe elaborarse con todas las garantías y ha acusado al Ejecutivo de no actuar conforme a los requerimientos judiciales.
"Las elecciones no se intentan alterar a 40 días", ha afirmado Ezcurra, quien ha insistido en que su partido seguirá reclamando el cumplimiento de la resolución.
El PP mantiene así la presión sobre Exteriores para que responda al requerimiento antes del plazo fijado, mientras la controversia sobre el voto de los nacionalizados por la ley de nietos continúa en el ámbito judicial y político.