Santiago Abascal
Santiago Abascal, presidente de Vox. Josep LAGO / AFP via Getty Images

La cancelación de una entrevista entre Santiago Abascal, presidente de Vox, y el comunicador Jordi Wild ha abierto un debate sobre los derechos audiovisuales y el control de los contenidos políticos en las plataformas digitales. El encuentro estaba previsto para el 11 de noviembre de 2026, como parte de una serie de conversaciones electorales de The Wild Project, pero la formación decidió retirarse después de una controversia relacionada con una entrevista anterior en Televisión Española.

El desacuerdo se produjo por las condiciones de utilización de las grabaciones. Según explicó Jordi Wild, su equipo había establecido acuerdos con los participantes para publicar las conversaciones completas, sin eliminar fragmentos. Sin embargo, el presentador afirmó que Vox planteó nuevas exigencias sobre la propiedad y el uso exclusivo del material audiovisual, que no estaba dispuesto a aceptar.

Santiago Abascal confirmó el 12 de noviembre, durante una intervención en Espejo Público, que la cancelación respondía a lo ocurrido en La Revuelta, donde había participado días antes. El dirigente reconoció que su partido consideraba un error haber cedido los derechos exclusivos de aquella entrevista y anunció que, en adelante, ningún candidato de Vox volvería a concederlos en exclusiva a una entidad.

Los derechos audiovisuales, en el centro del conflicto

El origen de la controversia se encuentra en la denuncia de Vox sobre la edición de la entrevista de Abascal en La Revuelta. La formación aseguró que aproximadamente 40 minutos de la grabación quedaron fuera de la emisión y que RTVE y la productora El Terrat no publicaron posteriormente ese material. Según el partido, entre las respuestas descartadas había declaraciones sobre sanidad, servicios públicos y energía. No obstante, esta acusación no cuenta con una resolución independiente que confirme un incumplimiento contractual.

El caso plantea una distinción jurídica entre los derechos de explotación de una grabación y los derechos personales de quienes aparecen en ella. El análisis publicado por Cinco Días el 16 de noviembre explica que la producción audiovisual puede negociar contractualmente la titularidad y utilización comercial del material, mientras que los entrevistados mantienen derechos relacionados con su imagen, voz, honor e intimidad.

La protección de la integridad de una obra también puede entrar en consideración cuando las declaraciones reúnen los requisitos legales para recibir protección como creación original. Sin embargo, no toda edición supone automáticamente una vulneración de derechos: deben examinarse las circunstancias concretas y los posibles perjuicios.

Los pódcast ganan espacio en la comunicación política

La controversia también refleja la creciente importancia de los pódcast en las campañas electorales. The Wild Project cuenta, con más de 7,4 millones de suscriptores y cerca de 5.000 millones de visualizaciones acumuladas, cifras que muestran su capacidad de llegar a grandes audiencias.

A diferencia de los espacios televisivos sujetos a horarios de emisión, estos formatos digitales pueden ofrecer conversaciones extensas y distribuirlas posteriormente en distintas plataformas. Esto amplía las posibilidades de comunicación entre candidatos y ciudadanos, pero también exige acuerdos claros sobre grabación, edición, publicación y reutilización del contenido.

El conflicto entre Vox y Jordi Wild deja así sobre la mesa una cuestión relevante para el ecosistema digital: cómo equilibrar los derechos de los participantes, la propiedad intelectual de los productores y la libertad editorial e informativa durante una campaña electoral.